Introducción
Breve contexto histórico
El Partido Liberal
El Partido Conservador
El Partido Verde
Cambio Radical
Partido de la U, de Unidad Nacional
MIRA
Polo Democrático Alternativo

Introducción

A lo largo de la historia colombiana, en la agenda de los partidos políticos aparece de diversa manera idearios y propuestas para profundizar la descentralización, la democracia local y la reorganización territorial del país. Se trata en este trabajo de hacer un estudio comparativo sobre sus propuestas y ejecutorias, así como de las propuestas más vigentes y pertinentes en los actuales momentos.

Los partidos políticos cumplen una tarea de fundamental importancia para las democracias, ya que ellos interpretan desde diversas ideologías y énfasis programático, los desafíos de la sociedad y además, la representan en los órganos de poder de origen popular. Esta tarea de “polea de amarre” entre los diversos estamentos de la sociedad y sus diversas interpretaciones del mundo con los entes encargados de la toma de decisiones que afectan el destino colectivo, para el caso colombiano hunde sus raíces en el propio origen de la Republica y desde entonces, el tema de los gobiernos locales ha sido un asunto permanente en sus agendas.

Sin embargo, los grupos armados ilegales se han valido de los partidos políticos y de la descentralización para horadar la legitimidad del sistema político. En efecto, La descentralización política llevada a cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y regionales, complicó el sistema de partidos políticos en su dimensión regional y local desde el punto de vista de la distribución territorial del poder. Con la descentralización se produjo una mayor oferta de opciones político partidista[1]y la Constitución de 1991 otorgó mayor libertad para organizar partidos políticos.

El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo hasta el multipartidismo atenuado. Fue a partir de 1992 cuando se produjo en el nivel regional y local un aumento de los sistemas con tendencia al multipartidismo. Las fuerzas no bipartidistas o tercerías obtuvieron mejor resultados desde 1992 y hasta 2000. En este intervalo los partidos tradicionales perdieron espacio en la mitad de los municipios a favor de las tercerías. Aunque en este periodo post-constitucional no existieron muchos casos de que las tercerías tuvieron una presencia alta o muy alta su representación que se situó entre un 5 y 23%. Las tercerías que estuvieron presentes en el periodo 1988-2000 se repartieron de la siguiente manera: 31.5% de los municipios consiguieron niveles de presencia importantes y una alta permanencia, entre el 60 y 100% de las elecciones[2]Por otra parte, un 35% de los municipios la presencia de las tercerías fue efímera con niveles de presencia bajos o medios. Por último, el 27% de los municipios mostró una alta permanencia pero con bajos niveles de presencia. Por consiguiente, las tercerías lograron que en una tercera parte de los municipios obtuvieran altos niveles de permanencia y representación[3]

En resumen y como lo señala la investigadora Miriam Álvaro[4]podemos concluir que los resultados en el ámbito municipal son mixtos: hay casos de multipartidismo, pero igualmente persisten los sistemas de dos partidos y los unipartidismos fuertes y atenuados. Por tanto en el nivel municipal se ha producido un aumento de la heterogeneidad de los sistemas partidistas. En este contexto, la Constitución de 1991 no requirió la organización de partidos políticos pues la ley prohibió que se estableciera exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Sólo en algunos estatutos se recogieron disposiciones relativas a la participación de afiliados en la selección de candidatos y en el nombramiento de autoridades internas mediante consultas internas o mediante convenciones y congresos. Pero en la práctica las decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los partidos. Es decir, los partidos contaron con sus estatus tal y como marca la ley pero en realidad tan sólo constituye una mera formalidad[5](Hernández, 2006). Estas medidas tomadas sobre la organización interna de los partidos y movimientos políticos permitieron la precipitación de los partidos tradicionales en un proceso de desintegración interna en grupos organizados alrededor de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir, liberales y conservadores constituyeron partidos y movimientos políticos nuevos con personería jurídica. Así, accedieron a la financiación directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y usufructuaron espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva del Estado.

Siguiendo a Eduardo Pizarro[6]la consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización interna de los partidos en micro empresas electorales. Este proceso de atomización partidista tuvo su origen durante el Frente Nacional pero fue en los años noventa cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de 316 listas para el Senado en representación de 80 partidos, movimientos o coaliciones. Pedro Medellín[7]subraya que para frenar esta situación se planteó que mediante el acto legislativo n.º 1 de 2003 o reforma política de 2003 se modificara las reglas de juego electoral para acceder a los cargos de elección popular. Con ello esta ley buscaba la agrupación de los políticos para el ejercicio de la política mediante la introducción de un umbral mínimo (2%). Igualmente se buscó acabar con las campañas electorales individuales y establecer mecanismos para hacer más transparentes la financiación de las campañas políticas.

En este contexto, los grupos armados ilegales, en particular los paramilitares, utilizaron el clientelismo como medio para infiltrarse en el poder político local y en la clase política local y regional. Sin embargo, en un primer momento utilizaron la violencia como intención de apropiación o ingerencia en distintas instituciones estatales. Investigaciones recientes llevadas a cabo por la analista Claudia López [8]y basada en las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, planteaban que entre 1998 y 2001 se incrementaron los asesinatos de dirigentes políticos por parte de los paramilitares. Así, las masacres aumentaron en un 140% y las que llevaron a cabo grupos paramilitares en un 664%. Se amplió el número de municipios afectados por estos asesinatos, pasando de 52 municipios en 1998 a 63 en el bienio 2002-2003. Posteriormente establecieron el control militar y continuaron con su penetración en política y en economía local mediante el clientelismo armado[9]en zonas rurales y el clientelismo mafioso en zonas urbanas. Mediante estas dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a los grupos guerrilleros y se establecieron como actor hegemónico. La táctica usada por los grupos paramilitares para acceder al poder político local fue mediante el clientelismo armado, es decir, la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas. Mediante el uso del clientelismo armado les permitió acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia a través de sus redes o aliándose con políticos tradicionales. Las formas que adoptó este tipo de clientelismo eran las habituales del clientelismo tradicional: contratación en cargos públicos de personal recomendado por los grupos paramilitares, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras[10]Duncan[11]añade que en las ciudades predominó el clientelismo mafioso. Se diferencia del clientelismo armado en que la intimidación se daba hacia una de las partes de la relación del intercambio entre patronos y clientelas: los miembros de la clase política. En las ciudades las redes mafiosas estaban en condiciones de intimidar únicamente a los políticos profesionales, los contratistas del Estado y la burocracia que ocupaba los cargos públicos, pues a la población civil que componía la clientela de otros competidores resultaba muy complejo amenazarla. Sin embargo en los municipios y zonas campesinas patronos y clientes eran intimidados además de pagar comisiones y obligados a votar por los candidatos señalados. Esta situación sigue estando presente en vastas regiones del país con otros ropajes, pero con las mismas prácticas lesivas para la democracia local.

Los partidos políticos han sido determinantes fundamentales del rumbo de la descentralización, no solo por ser quienes desde el Congreso o el gobierno nacional la han diseñado, sino porque también han sido sus implementadores desde los órganos de poder regional y local. En el balance de este proceso, tienen acciones a favor y obviamente, grandes errores y desatinos.
Breve contexto histórico

En la naciente República Granadina hay un periodo conocido como la Patria Boba (1810-1815) caracterizado por la pugna entre el Estado de Cundinamarca, partidario del CENTRALISMO orientado por Antonio Nariño, y las Provincias Unidas de la Nueva Granada, defensoras del FEDERALISMO y orientadas por Camilo Torres. Entre 1812 y 1813 se enfrentaron en la primera guerra civil entre granadinos.

Los centralistas propendían por la soberanía única e indivisible ejercida por el poder único y ejercido desde Bogota y planteaban que el federalismo fomentaba rivalidades, regionalismos, egoísmos personales, favoreciendo intereses de gamonales regionales. Como se sabe, el federalismo exige el respeto y el reconocimiento a la autonomía territorial soberana, y se reserva atribuciones de carácter local y regional, dejando para el gobierno central atribuciones generales. Argumentaban los federalistas que no era posible un gobierno centralista en razón de las diferencias geográficas, falta de vías de comunicación, grandes distancias, y ponían como ejemplo el éxito federativo de Norteamérica.

El 12 de diciembre de 1814, Simón Bolívar sitió y dominó a los centralistas de Santa Fé, por lo cual Cundinamarca reconoció el Congreso de las Provincias Unidas.

Las guerras de independencia comandadas por una generación de militares formados en su mayoría en el fragor de los combates, lanzó a la palestra americana a su caudillo máximo: Simón Bolívar. Su pasión fue la organización de los Estados nacionales, realización de una verdadera revolución social y económica, la búsqueda de la justicia social, la abolición de la esclavitud, la protección de los indígenas, y culminó su sueño de lograr una unidad continental cuando en el Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de l.819, nació la República de Colombia, conformada por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, conocida como la Gran Colombia

Sin embargo, persistieron las ideas centralistas y federalistas al interior de la gran nación. La Constitución Boliviana de l826, que pregonaba las ideas de Bolívar, creó un enfrentamiento con la corriente civilista de Francisco de Paula Santander. Allí comenzaron las divergencias, y la Gran Colombia se dividió entre Civilistas y Militaristas. Los civilistas, partidarios de un Estado de Derecho, regido por la constitución y las leyes, opositores a un gobierno autocrático y militarista, preferían que se desintegrara la Gran Colombia antes de caer en la tiranía. Este grupo de Santander fue denominado “liberales o constitucionalistas”.

El grupo boliviano, defensor de las ideas de Bolívar en la Convención de Ocaña se manifestó partidario de un gobierno autoritario y absoluto.

Ante los desacuerdos, se disolvió la Convención de Ocaña, y Bolívar asumió el poder con el título de Libertador Presidente. En 1828, y después de la conspiración septembrina, la tensión se intensificó, y las fuerzas separatistas venezolanas y quiteñas lograron la desintegración definitiva de las Gran Colombia en 1830[12]

Los partidos liberal y conservador de mediados del siglo XIX entraron en el juego del centralismo y federalismo .La Constitución del 53 admitió la posibilidad del federalismo, y los partidos se repartieron las provincias erigidas en Estados. Los conservadores eran dueños del poder general y los Estados de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, los radicales en el Magdalena y Santander, conservadores y liberales compartían Panamá, igual acontecía en el Cauca.

Mariano Ospina Rodríguez asume el poder en 1857. Disposiciones de su gobierno crearon gran inconformidad en diversos Estados, y se suscitó la guerra civil de 1859 a 1861, que culmina con el triunfo de los federalistas. El poder queda en manos de Tomás Cipriano de Mosquera.

El transcurrir de la vida republicana con todos sus avatares y dificultades, necesitaba de una consolidación y modernización de sus partidos que los enrumbara por el camino de las ideas políticas y no por el de los intereses de los gamonales de turno. El ideario político se fue alimentando de modelos políticos y económicos de Francia, Gran Bretaña, y Estados Unidos.

En 1848 Ezequiel Ramírez publicó el artículo “la razón de mi voto”, en el que explicaba porqué votar por José Hilario López. Allí expuso lo que debía ser un gobierno liberal, y su propuesta se convirtió en el “ideario liberal”, que concentra las ideas de los más connotados pensadores liberales: Ezequiel Rojas y Vicente Azuero.

En 1842, José Eusebio Caro escribió una carta a José Rafael Mosquera, que terminó por convertirse en los lineamientos centrales del partido conservador. Rafael Núñez fue el gestor del movimiento de la Regeneración, el cual determinó 50 años de la historia de Colombia, produjo la Constitución de 1886 cuyos principios perduraron hasta la Constitución de 1991.

La Regeneración desencadenó toda una serie de pasiones y luchas por parte de comerciantes, terratenientes e industriales. Las fuerzas políticas formaron en diversas trincheras: el partido liberal dirigido por los radicales, el partido nacional de Núñez y Caro, el conservatismo dirigido por Marceliano Vélez y Carlos Martínez Silva. La Regeneración fue también un movimiento contra el partido liberal. Núñez y Caro lograron amarrar al partido liberal con el régimen aprobado por la constitución de 1886 que organiza el territorio nacional bajo el principio de “centralización política y descentralización administrativa”. Los liberales terminan por dividirse entre partidarios de una oposición pacífica y los de una oposición armada contra la Regeneración.

Núñez y Caro, y su movimiento de la Regeneración, tenían como propósito fundamental liquidar al partido liberal, y fortalecer el régimen conservador acabando con las libertades democráticas y fortaleciendo el régimen unipartidista. En 1892, el partido liberal se encuentra sumido en una profunda crisis, agravada por las divisiones internas. La convención de 1897, deja al partido aun más postrado, al ceder en su lucha de más de 40 años en cuestiones económicas, la libertad religiosa y la separación iglesia-Estado. El partido afronta una crisis ideológica, política, popular, y militar. El régimen conservador aviva las divisiones liberales, los desafía para la guerra, y así, debilitados los liberales son derrotados en la Guerra de los 1000 días, lo que trae como consecuencia el fin del partido liberal del siglo XIX. Los últimos años del siglo XIX, muestran un partido liberal en descomposición, y un partido conservador consolidado y dueño del poder.

El siglo XIX no es prolijo en realizaciones y progreso del país. Luchas intestinas, políticos corruptos y defensores de los intereses de terratenientes y poderosos, dejan el país ad portas del siglo XX atrasado, débil, indefenso, además de humillado por la pérdida de Panamá.

Finalizando el siglo XIX, entra en escena en la vida nacional, la modernización capitalista. Ello trae la industrialización, las masas obreras, centralización de la política, desplazamiento de valores tradicionales, enfrentamiento entre ideas tradicionales dominantes e ideas modernizadoras. Las fuerzas conservadoras de orden tradicional condenan las ideas de orientación liberal, y muchos aspectos y valores modernos. Los curas prohíben leer El Espectador, El Tiempo, e incluso revistas como Colombia, dirigida por un conservador pero con una tendencia modernizante.

Durante el siglo XX el régimen territorial imperante será el derivado de la Constitución de 1886, salvo algunas reformas de 1945, 1968 y 1986. Los departamentos se erigen y organizan fundamentalmente como circunscripciones electorales, sin criterios de unidades económicas, geográficas, culturales, sociales o históricas lo cual explica sus actuales dificultades para ser intermediarios entre la nación y los municipios y garantes efectivos del desarrollo humano regional.

Pese a lo anterior, es necesario señalar que los partidos políticos en Colombia, tanto los tradicionales como los recientes, tienen grandes semejanzas y coincidencias frete al tema de la necesidad de que el país avance en la consolidación de la descentralización administrativa, política y fiscal, y en la autonomía de las entidades territoriales. Tal vez podemos decir, que ha tenido mas peso la situación económica, política, cultural, geográfica, ambiental y social de las regiones, que la ideología partidista a la hora de la implementación de las formulas descentralistas.
El Partido Liberal

En los últimos 25 años el partido liberal colombiano ha liderado de manera importante el desarrollo de la descentralización. Desde el Congreso de la Republica, la Presidencia y los Ministerios, así como también desde las Alcaldías y Gobernaciones, el liberalismo ha hecho importantes contribuciones. Vasta señalar protagonistas de este proceso como son Jaime Castro, Cesar Gaviria, Luís Carlos Galán, Ernesto Samper. Más atrás en el tiempo encontramos a Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitan y Carlos Lleras Restrepo como lideres de la descentralización y del fortalecimiento de los gobiernos municipales y departamentales.

3.1. La plataforma ideológica liberal y la descentralización.

En su plataforma ideológica se pueden encontrar los siguientes aspectos relacionados con el fortalecimiento de la descentralización y la democracia local:

El Partido Liberal Colombiano es el partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado.

El Partido Liberal Colombiano tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, al trabajo, a la educación, al desarrollo cultural, a la equidad, incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre asociación y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la educación y la salud públicas.

Para el Partido Liberal Colombiano, el Estado y la economía están al servicio de los seres humanos.

El Partido Liberal Colombiano está comprometido con la defensa y promoción de las comunidades regionales y locales, la evolución de sus propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano con Servicio públicos a costos razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en especial, vivienda digna, así como condiciones democráticas que garanticen su desarrollo autónomo en armonía con el de la nación. El Partido Liberal Colombiano está convencido de que la autonomía regional y local favorece la democracia y garantizan la unidad y el desarrollo equilibrado del país.

El Partido Liberal Colombiano apoya y promueve las organizaciones sindicales de la ciudad y del campo, las organizaciones de empresarios, al igual que las instituciones de economía solidaria.

El Partido Liberal Colombiano defiende y promueve el uso racional y sostenible de la biodiversidad, la profundización en las investigaciones del genoma humano y el acceso de toda la población a los bienes tecnológicos, científicos y culturales.

El medio ambiente será parte integral de la concepción que el Partido tenga del desarrollo económico.

El Partido Liberal Colombiano se compromete a buscar la solución de los conflictos existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación política, entendiendo estos procesos como el desarrollo de una función de Estado que debe materializarse en formas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación.

El Partido Liberal Colombiano promoverá el liderazgo juvenil y la participación directa de los jóvenes en los procesos políticos que deciden los destinos del país, para contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y la renovación política.

El Partido Liberal Colombiano abandera la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ningún atropello a ellos podrá hacerse en Colombia a nombre del Partido.

El Partido Liberal Colombiano ha reconocido y reconoce el papel que juega la economía de mercado en el proceso económico y social. Este reconocimiento está en un todo de acuerdo con los postulados de la Internacional Socialista. El Estado impulsará y promoverá dicha economía de mercado garantizando siempre la igualdad de oportunidades para todas las personas. El Partido se compromete, así mismo, a promover la competencia entre las empresas, a combatir y regular los monopolios y las posiciones dominantes en los mercados, de manera especial, en el de los medios masivos de comunicación social. El Partido Liberal Colombiano defiende el principio fundamental tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, en contraste con las formulaciones neoliberales que promueve el capitalismo.

El Partido Liberal Colombiano profundizará el proceso de democratización interna. Así mismo, promoverá programas de capacitación para fortalecer sus líderes y el establecimiento de canales de comunicación con la comunidad y con la militancia del Partido.

La afiliación del Partido Liberal Colombiano a la Internacional Socialista lo vincula a las corrientes del pensamiento contemporáneo. El ingreso a dicha organización debe servir a los países latinoamericanos como vehículo necesario para que los gobiernos del mundo regidos por la socialdemocracia, ayuden a obtener los resultados concretos en la lucha por la igualdad entre los países. Tales resultados deben significar una mayor y más justa participación en el comercio internacional, el acceso a la ciencia, a la tecnología y al capital que permita un desarrollo económico a bajos costos.

El principio de la función social de la propiedad ha sido y continuará siendo bandera del Partido Liberal Colombiano.

Para el Partido Liberal Colombiano, la globalización no puede significar que los países desarrollados impongan a los países en desarrollo sus intereses comerciales, financieros y culturales. En este sentido, el Partido se compromete a trabajar con intensidad por una economía global debidamente regulada.

El Partido Liberal Colombiano promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la integración regional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la prevalecía de la justicia social sobre los intereses particulares. Igualmente, promoverá el desarrollo integral de las zonas de frontera.

El Partido Liberal Colombiano propenderá por una sociedad y una economía que estén en función del pleno empleo y por la realización de una seguridad social integral para todos los habitantes.

El Partido Liberal Colombiano manifiesta con firmeza que Colombia sólo alcanzará su madurez democrática y la paz, cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes de los partidos políticos, de la empresa privada y de las organizaciones sociales. En consecuencia, declara una lucha frontal contra la corrupción.

El Partido Liberal Colombiano es el partido del libre examen, de la tolerancia, y en sus deliberaciones internas practicará la crítica y la autocrítica

3.2. Las posiciones liberales en el Congreso de la Republica

En los últimos años, el partido liberal ha sido ambiguo frente al tema de la descentralización. Nos referiremos a algunas situaciones particulares que ratifican esta idea:

En primer lugar, sobre el tema de regalías y su reforma este partido expresó su aprobación al proyecto de acto legislativo que estaba en trámite en octubre, y que buscaba la distribución de esos recursos para todo el país.

“En mi condición de vocero del Partido, hemos decidido votar positivamente el acto legislativo de regalías, porque consideramos que es un esfuerzo importante para la distribución de esos recursos para todo el país, buscamos bienestar y equilibrio sano para que haya una inversión más óptima de los recursos de la Nación”, senador Álvaro Ashton.

“Lo que nosotros pedimos es que se haga justicia con las regiones productoras, que no las vayan a despojar de sus recursos. Santander, por ejemplo, está recibiendo 164 mil millones de pesos anuales y esperamos cerca de 212 mil millones para 2011. Hemos propuesto una fórmula para partir de ese piso. Si se hacen esos ajustes y modificaciones votaré positivamente, de lo contrario tendré que expresar la inconformidad. Creo que vamos a llegar a un buen punto de concertación, si las cosas se dan vamos a votar positivamente”, senador Honorio Galvis.

“Vamos hacer unas modificaciones de fondo que no están claras en el proyecto, que no pierdan las regiones su autonomía, que tengan más control. Estamos aburridos de que se roben la plata y vengan a defender las cosas porque son dizque de las regiones, lo que está en el subsuelo es de todos. Se que va haber modificaciones y sé que vamos aprobar el acto legislativo”, senador Camilo Sánchez Ortega[13]

Entre otros aspectos, “esta reforma a los artículos 360 y 361 de nuestra Constitución establece un Fondo de Ahorro y Estabilización en el exterior con el propósito de ahorrar en tiempos de vacas gordas un porcentaje importante de esos recursos, para utilizarlos en las épocas de vacas flacas. Se destinará un 10% del total de regalías a financiar los Fondos de Pensiones Territoriales, igual porcentaje a los proyectos de ciencia y tecnología que presenten las entidades territoriales y no más del 30% al Fondo de Ahorro en el exterior que administrará el Banco de la República, pero cuyos titulares son los entes territoriales.

El resto de los recursos se destinará a un Fondo de Competitividad Regional, que a su vez tendrá un Fondo de Compensación Regional con el que se busca priorizar la inversión social y en infraestructura en los departamentos más marginados y con mayores índices de pobreza del país, entre los cuales están los ubicados en las costas Caribe y Pacífica y los de fronteras, por lo cual el Norte de Santander se verá favorecido de manera clara en esta nueva distribución regional. En pocas palabras, se trata de que los millonarios recursos que se reciben por concepto de regalías no vayan únicamente a los departamentos productores y marginalmente a los no productores, sino que a través de estos fondos se destinen a todas las regiones, preservando eso sí una ventaja a los productores y además dejando claro que estos ingresos en su totalidad seguirán perteneciendo a las entidades descentralizadas y de ellos no se podrá apropiar la nación. Es decir, no habrá raponazos a departamentos y municipios como si se presentaron con la reforma a las transferencias. En el texto se han tomado todas las precauciones para evitarlo. Estos fondos que se crean y manejarán recursos importantes serán administrados por unos Comités en los que departamentos y municipios a través de sus gobernadores y alcaldes serán mayoría frente al gobierno central”[14].

En segundo lugar, respecto al proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal, el partido liberal emitió un comunicado en 24 de noviembre de 2010 en el que señaló:

1. “. El Partido Liberal Colombiano comparte el espíritu del proyecto que busca que el país tenga un presupuesto equilibrado y unas finanzas públicas sanas, pero no coincide con la idea de cambiar la Constitución Nacional como mecanismo para lograrlo.

2. El Partido Liberal le ha insistido al Gobierno que este mismo propósito se puede alcanzar a través de la Ley de Regla Fiscal que se ha venido debatiendo y que el liberalismo apoya, sin necesidad de introducir un cambio estructural a la carta política como el que se contempla en la iniciativa…..

3. El liberalismo no puede acompañar al Gobierno en esta iniciativa, y así se lo ha hecho saber el Director de la colectividad al Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, porque atenta contra los derechos económicos y sociales de los colombianos, recorta los alcances de la Acción de Tutela, va en contravía del estado social de derecho consagrado por la Constitución de 1991 que el liberalismo defiende y debilita la rama judicial y legislativa del poder público.

Es una controversia conceptual e ideológica de fondo que nos debe permitir con ánimo constructivo, llegar a una solución que garantice este propósito de sostenibilidad fiscal sin vulnerar los derechos alcanzados por nuestros ciudadanos ni modificar el estado social de derecho previsto en la Constitución del 91″[15].

Por su significado en el proceso de recentralización que ha vivido el país en los últimos años, es importante tener en cuenta las consideraciones del partido liberal en torno al proyecto de acto legislativo 169/06 cámara, 011/06 senado “por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la constitución política” reformatorio del sistema general de participaciones. El partido liberal, entonces, en ejercicio de la oposición al gobierno, expreso en la ponencia:

“El Congreso de la República en 1986 y la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 avanzaron en un marco institucional proclive a la autonomía territorial, permitiendo que las regiones participen equitativa y democráticamente de la riqueza nacional a través de un sistema de transferencias ligado a los Ingresos Corrientes de la Nación. El gobierno esta proponiendo, ni más ni menos que romper este principio de participación democrática y equitativa de las regiones en la riqueza nacional, bajo un argumento de defensa fiscal de la Nación. En realidad esta discusión plantea una disyuntiva de concepción de modelo de Estado, el gobierno en defensa del centralismo político y en consecuencia económico; y el liberalismo en defensa de la descentralización y la equidad en la búsqueda de un desarrollo regional equilibrado. La descentralización territorial en Colombia, constituyó una decisión política con la cual se pretende generar las condiciones para la construcción de una democracia participativa en todo el territorio nacional. Se equivocan quienes consideran que la descentralización es un mecanismo para hacer más eficiente el gasto.

La eficiencia del gasto territorial solo se logra, después de consolidado un proceso democrático y no antes; por esto no pueden ser de recibo los intentos de recentralización del gasto con argumentos de eficiencia. Tampoco lo son aquellos que pretenden justificar esa centralización del gasto argumentando la corrupción en las entidades territoriales, basados en un incremento de la percepción de la corrupción generada precisamente por la posibilidad de control directo de las autoridades, que genera la descentralización. Por lo anterior, es necesario que el Congreso de la República y la sociedad en general tomen una serie de decisiones y medidas encaminadas a profundizar el proceso de descentralización y que no pueden ser tratadas aisladamente, porque hacen parte del mismo propósito, construir una democracia participativa desde el territorio, que es en donde la participación es real y efectiva. Consideramos necesario desvirtuar los efectos negativos planteados por el Gobierno Nacional, en caso de no modificar el Acto Legislativo No. 1 de 2001, o como se propone, conservar la formula de vínculo entre los ingresos corrientes y las participaciones territoriales.

Inestabilidad en el monto de recursos a girar porque depende del ciclo económico. Si bien es cierto que con el vínculo entre SGP e ICN, la participación dependería del ciclo económico, ello no se debe considerar un efecto negativo en sí mismo, sino una consecuencia lógica, cuando los ingresos crecen la participación debe crecer y cuando los ingresos caen, la participación debe caer. Asegurar una fórmula diferente haría un proceso de descentralización inequitativo, en donde solo la Nación debía asumir los costos de las recesiones. Por otra parte, el Gobierno Nacional refuerza el argumento de la estabilidad afirmando lo crítico que fue el proceso en 1999, cuando la recesión llegó a su máximo nivel. Es importante anotar que esa circunstancia solo se presentó en un año durante un periodo de más de 10 años de la formula Constitucional y solamente representó, en promedio, una caída del 10% de las participaciones, lo cual es perfectamente manejable con una adecuada planeación financiera y presupuestal. Afirma adicionalmente el Ministro de Hacienda, que el régimen transitorio del Acto Legislativo No. 1 de 2001, le ha dado a las entidades territoriales seguridad y estabilidad en los recursos, lo cual no es cierto, dado que nunca durante la vigencia de la Constitución de 1991, fueron sometidos a un reparto a cuenta gotas1 de los recursos impidiendo una adecuada programación presupuestal al no saber cuantos son los recursos que le corresponden.

Limita el cumplimiento de las coberturas puesto que la posible variabilidad de los ingresos no permitiría cubrir completamente el gasto recurrente. Ni las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni las de los analistas económicos hacen prever que el nivel de ingresos del Gobierno Nacional, caerá a niveles tales que pueda reducir las participaciones, afectando de forma considerable la continuidad de las coberturas de los servicios públicos y sociales esenciales que son de competencia de las entidades territoriales. Por otra parte, si como se plantea en este documento, se evalúan y reforman la totalidad de fuentes de financiación territorial, se podrán prever los mecanismos que garanticen la continuidad y la ampliación de coberturas en búsqueda de coberturas universales, máxime si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional según las primeras informaciones del DANE, censo 2005 ha estado disminuyendo. Además, si el Gobierno Nacional plantea conseguir coberturas universales, disminuyendo el crecimiento de las participaciones, qué impide que con su crecimiento, se consigan los mismos objetivos, pero ejecutando el gasto en el nivel al que le corresponde, es decir, el territorial.

Asimetría del ingreso y el gasto que genera desequilibrio fiscal que incide en un manejo fiscal sostenible y por lo tanto la estabilidad macroeconómica de la Nación. Esto afecta la dinámica de crecimiento de los ingresos tributarios, generando menores participaciones. No existe evidencia, de que el desequilibrio fiscal sea generado por las participaciones territoriales, máxime cuando el Gobierno Nacional Central proyecta gastos en funciones territoriales en proporción igual o superior al recorte del crecimiento de las participaciones.

Elevación de las tasas de interés, debido a las mayores presiones fiscales, reduciendo la inversión y la afluencia de flujos de capital externo, lo cual se traduciría en desaceleración de la tasa de crecimiento económico y en un mayor nivel de endeudamiento. Podría ocurrir, pero el problema no es éste, sino el tamaño de la deuda. Estas opciones solo se presentarían en caso de recesión, pero de forma más grave si se desligan las participaciones de los ingresos, dado que el Gobierno Nacional tendría que recurrir a un mayor endeudamiento para mantener el valor constante de las participaciones.

Aumento en los riesgos de elevar los niveles de pobreza y los índices de desigualdad, por efecto de los ciclos de recesión económica. Los ciclos de recesión económica ameritan tomar medidas excepcionales, lo que no se justifica es tomar medidas permanentes de carácter Constitucional para una etapa del ciclo económico, que no es de carácter permanente. Por último, es necesario llamar la atención del Gobierno Nacional en relación con las declaraciones que sobre el tema del Acto Legislativo No. 169/06 Cámara, 011/06 Senado viene presentado a los medios de comunicación, con lo cual podría generar algún nivel de pánico económico, cuando lo que se está planteando es que el gasto que pretende hacer desde el nivel nacional lo realice a través de las entidades territoriales que son las titulares de las competencias en materia de servicios públicos y sociales básicos.

Introducción
Derecho a la Seguridad Social
Derechos del trabajador discapacitado
Protección al educando del derecho a la educación de los discapacitados
Deber de cuidado de los familiares para con los discapacitados
Trato especial para los discapacitados
Derechos políticos de los discapacitados
Discapacitados síquicos-inimputables
Discapacitados sensoriales
Discapacitados físicos y acceso al espacio público
Discapacitados en las Fuerzas Armadas
Personalidad jurídica Derecho Comparado
La incapacidad
Personas jurídicas
Minutas Derecho Colombiano

Introducción

La Corte Constitucional ha afirmado que una de las características más relevantes del Estado social de derecho es la defensa de quienes por su condición de debilidad e indefensión pueden verse discriminados o afectados por acciones del Estado o de particulares. Los discapacitados tradicionalmente se han considerado sumamente vulnerables, y en consecuencia, se les ha otorgado gran protección. Se analizaran, a continuación, los temas básicos en los que se fundamenta el amparo y especial protección otorgada: Se tratará, primero el tema de la seguridad social, teniendo en cuenta materias relacionadas como salud, tratamientos médicos, quirúrgicos, atención especial y el régimen subsidiado para personas de escasos recursos. Así mismo se abordara el tema de pensiones de invalidez y sustituciones pensionales. Se analizaran también los derechos del trabajador discapacitado, tratando el despido sin justa causa y los limites de la protección otorgada. Posteriormente, se consideraran los derechos del menor educando y los limites al amparo de este derecho. Luego, se tratara el tema del cuidado de los discapacitados, haciendo referencia al deber que tienen los padres y familiares de brindarlo; y el trato especial que se le debe conferir a los discapacitados, proporcionándoles ciertos beneficios frente a medidas que rigen para los demás ciudadanos. Se manejaran también el tema de los derechos políticos de los discapacitados y el voto secreto al que tienen derecho como todo ciudadano. Mas adelante trataremos los derechos relacionados con cada uno de las clases de discapacidad existente: En cuanto a la discapacidad síquica, se analiza el tema de los inimputables, sobre los discapacitados sensoriales se tratan normas que protegen a los invidentes frente a los negocios jurídicos que realicen, y en lo concerniente a los discapacitados físicos se tratan temas de fácil acceso a lugares públicos y entidades de educación. Por ultimo, se tratara el tema de los discapacitados frente al servicio militar obligatorio.
Derecho a la Seguridad Social
1.1 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1.1.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

· Gratuidad del servicio de salud: atención al primer año de vida del niño discapacitado

“El I.S.S. diagnosticó a un menor, parálisis cerebral infantil (P.C.I.); le suministró serviciosmédicos, farmacéuticos, asistenciales, durante su primer año de vida. Luego, médicos de la institución concluyeron que la enfermedad del menor no era curable y por tanto, que su tratamiento debía ser domiciliario, excepto en aquellos casos que ameritaran hospitalización. Para la Corte Constitucional esta actuación no vulnera el derecho constitucional del menor a la salud, pues ello obedece a claros preceptos de orden legal, que son de imperativo cumplimiento para quienes laboran en dicha Institución, como para los particulares que hacen uso de los servicios que allí se prestan. El Instituto de Seguros Sociales no es una entidad de asistencia pública abierta, sino una institución de seguridad social, sometida a reglamentaciones y procedimientos legales que deben respetarse. El derecho a la salud, en favor de los niños, a diferencia del que tienen las demás personas, por voluntad expresa del Constituyente, se instituyó en la Carta como fundamental, y a él tienen acceso, en forma gratuita, todos los niños menores de un (1) año, quienes deben ser atendidos en las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, siempre y cuando el menor “no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social”, al tenor de lo normado por el artículo de la Constitución Nacional.”*[1]

· Deber de crear condiciones adecuadas de los centros de atención para los discapacitados síquicos

“La Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia presentó una acción de tutela contra el ICBF y el Centro de Educación Especial del Niño Diferente, debido a que 33 personas que sufren retardo mental estaban recluidas en una casa que no cumple con las más mínimas exigencias necesarias para realizar un tratamiento adecuado. La Corte Constitucional señaló que no es posible consentir las condiciones infrahumanas en que se desarrolla la vida de las personas que habitan en el centro, cuya condición amerita una actuación pronta y eficaz que concrete en la práctica la especial protección que las normas superiores disponen a favor de los discapacitados.”*[2]

· Asistencia pública de discapacitado no afiliado al régimen de seguridad social luego de sufrir un accidente de trabajo

“En sentencia de tutela, en el caso de un accidente de trabajo que ocasionó la invalidez de un trabajador al servicio transitorio de una entidad pública que no lo había afiliado a ninguna institución de seguridad social, la Corte Constitucional ordenó su inscripción por el municipio en un organismo de seguridad social que lo atienda médicamente hasta el momento en que la justicia laboral resuelva el caso. Obsérvese que para tener derecho a la protección constitucional enunciada no se requiere estar laboralmente relacionado con entidad pública alguna, ni hallarse en inminente peligro de muerte. El hecho que da lugar a la prestación a cargo del Estado es la indefensión material del individuo, que no puede valerse por sí mismo y que requiere, por tanto, para su digna subsistencia, la asistencia pública.”*[3]

· Límites al deber de las IPS de prestar atención médica a los discapacitados síquicos

“El padre de una mujer mayor de edad, que sufre de retraso mental, solicitó a la IPS a la que se encuentra afiliado que incluyera a su hija como beneficiaria y le realizara unos exámenes médicos, entre los que se encontraba la ligadura de trompas. La entidad negó la atención por cuanto la joven se encontraba excluída de los servicios de salud. La Corte Constitucional señala que el artículo 13 de la Carta, no confiere de manera autónoma, a una persona discapacitada, el derecho a ser atendida en la entidad médica a la cual su padre se encuentra afiliado. Si bien es cierto que esta norma impulsa al Estado a procurar un trato especial a las personas que por sus condiciones mentales se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta -como puede serlo una persona que sufre de retardo mental-, también lo es que se trata de un enunciado que por sí mismo no impone a la I.P.S. demandada la obligación de atender a la hija del actor.”*[4]

· Asistencia pública no es un derecho fundamental en ausencia de condiciones de debilidad manifiesta

“Se instauró acción de tutela para lograr el internamiento de una persona enferma mental en un establecimiento psiquiátrico. La Corte Constitucional deniega la tutela porque la actora no se encuentra en situación de debilidad manifiesta, pues cuenta con la atención de sus familiares y ha obtenido cuidados médicos que la entidad demandada no se ha negado a prestarlos ahora y seguirá prestándolos en el futuro. Además la asistencia pública, en virtud de su especial naturaleza, no hace parte de los derechos constitucionales fundamentales, pues su efectividad no es inmediata sino gradual, que se desarrollará al ritmo de específicas condiciones económicas, sociales y políticas que permitan su concreción. La asistencia pública requiere la existencia de leyes que la prevean y agencias públicas que se encuentren en posibilidad de suministrar las prestaciones que conforman los derechos de esa categoría. El artículo 47 de la Constitución Política no persigue sólo el desarrollo de una labor de tipo asistencial sino que también pretende integrar socialmente a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos facilitándoles el goce de los otros derechos incluidos en la Carta. Resulta inevitable advertir que el adecuado cumplimiento de cargas como las impuesta al Estado por los artículos 47 y 13 de la Constitución apareja la disposición de recursos suficientes, el gradual desarrollo de toda una política que permita hacer beneficiarios de sus prestaciones a un número creciente de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y la instrumentación por parte del legislativo y del ejecutivo de condiciones aptas para brindar la protección deseada a todos aquellos que pudieren requerirla. A pesar de que la misma Carta prevé mecanismos encaminados a la concreción de tales propósitos, como por ejemplo: la prioridad conferida al gasto público social “sobre cualquier otra asignación” (art. 366 C.N.), no ignora la Corte algunas deficiencias estructurales del Estado colombiano que, al presente, le impiden dar cabal satisfacción a los derroteros que la Carta le asigna, en procura de la protección debida a las personas ubicadas en situación de desventaja.”*[5]

· La condición de discapacitado mental no implica per se un trato preferente

El padre de una mujer con síndrome de Dawn interpone en su nombre una tutela contra el ISS. Considera vulnerados los derechos a la salud y vida digna de la discapacitada, pues ella requiere un implante total de cadera sin el cual podría perder completamente la capacidad de caminar, que no ha sido programado por la entidad demandada pues aduce que la operación se encuentra en la ubicación 12 de la lista de intervenciones pendientes. La Corte estableció que es razonable el criterio “primero en tiempo, primero en derecho” subyacente a la lista de turnos, en aplicación del criterio de igualdad. Por eso, para establecer un trato diferenciado entre la accionante y los demás pacientes en lista, es necesario, previo a realizar un test abstracto de igualdad, constatar la existencia fáctica de una desigualdad inicial. Ello se hace con criterios como: (a) los beneficios o cargas sometidas a distribución, (b) la lesión a otros derechos, (c) el aspecto temporal, (d) Costos y (e) las condiciones personales de los sujetos. Con esos criterios, la Corte concluyó para el caso, donde el bien a distribuir es la atención en salud (a), que no existe información alguna que indique que el padecimiento del síndrome de Dawn conduzca a un situación de mayor costo en términos de dolor o una mayor inmovilidad (b), que se vea comprometido otro derecho (c) o que no pueda soportar el tiempo que debe esperar por el sistema de turnos. Es decir, no existe información que obligue a considerar la existencia de una situación inicial desigual que, eventualmente obligaría a un tratamiento diferencial. Ahora bien, la condición de debilidad manifiesta no debe implicar un trato preferente per se, pues esta interpretación llevaría al absurdo de convertir una medida de igualación (especial protección) en un mecanismo de creación de privilegios. La Corte afirmó que la debilidad manifiesta debe ser la causa de la necesidad del beneficio para que se justifique un trato preferente. En consecuencia, la Corte niega la solicitud de tutela[6].

1.1.2 OBLIGACIÓN DE PRESTAR TRATAMIENTO MEDICO Y QUIRÚRGICO EXCLUIDO DEL POS

1.1.2.1 TRATAMIENTO MÉDICO

· Deber de otorgar implementos médicos o medicamentos a menores discapacitados

“Los padres de las menores que sufren diferentes afecciones cerebrales y psicomotrices presentaron acciones de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales, pues se negó a proporcionarle a las menores las sillas de ruedas que los médicos tratantes les ordenaron. La Corte Constitucional señaló que el derecho a la salud, cuando se trata de niños, es derecho fundamental sin necesidad de que se establezca conexidad con el derecho a la vida. La calidad de vida de un inválido es mas digna con la utilización de la silla de ruedas, aparato que al permitirle desplazarse, aliviará su estado y hará menos dura la experiencia de la parálisis. Tratándose de los niños con problemas físicos y síquicos, siempre que estén probados, las normas que restringen el suministro de sillas de ruedas o de otros implementos de su misma índole consagradas en el Plan Obligatorio de Salud, desconocen los citados preceptos constitucionales en la medida en que no tienen en cuenta la especial protección que la Carta ha querido brindar a estos menores.”* [7]

· Protección del menor discapacitado aún estando adscrito a medicina prepagada

“Un menor de edad es beneficiario de una entidad de medicina prepagada como plan complementario. La E.P.S negó a la solicitud de un implante de cóclea para mejorar su capacidad auditiva ya que éste sufre de hipoacucia bilateral profunda congénita (Sordera), por considerar que ese tipo de implantes no se encuentran incluidos dentro de la cobertura del P.O.S. La Corte Constitucional concede la tutela a los derechos a la salud y a la seguridad social directamente, en vista de que el demandante es un menor de edad. Reitera la jurisprudencia en la que se han inaplicado las disposiciones reglamentarias sobre inclusiones del POS, señalando que los requisitos para que se de esta especial protección son: 1) Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado. 2) Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, o que, pudiendo sustituirse, el medicamento sustituto no proporcione el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente. 3) Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido y no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud. 4) Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.”*[8]

· Derecho del menor discapacitado a que no se cobre a sus padres la cirugía necesaria para recuperar la audición realizada exluída del POS

Los padres de un menor que sufre un problema audición, interponen en su nombre acción de tutela contra la EPS, que se niega a realizar el implante coclear requerido por el menor para recuperar la audición, arguyendo que dichas intervenciones se encuentran excluidas del POS. Durante el trámite de la tutela fue realizada la operación, pero la entidad remitió a los padres el cobro de 47 millones de pesos por concepto de la cirugía. La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que las E.PS. deben correr con los costos que el tratamiento excluido del P.O.S. demande, pero tienen el derecho de reclamar contra la subcuenta respectiva del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, y los sobrecostos en que incurran, en vista de que la relación entre tales entidades y el Estado, es contractual, se rigen por el principio de equilibrio financiero del contrato. Por lo tanto, se le advierte a la EPS que como ya realizó la operación que requería el menor, puede repetir lo pagado en contra del FOSYGA, subcuenta de enfermedades catastróficas y abstenerse de hacer el recobro a los padres del menor[9].

· Deber de brindar atención médica integral a menor discapacitado aunque no se hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas

El ISS ha negado el acceso al servicio de salud integral que requiere el menor discapacitado, afirmando que solo lo atiende por el servicio de urgencias médicas, al que han tenido que recurrir con frecuencia los padres para que se le de atención al niño. El padre afiliado al ISS solicitó que la atención médica integral requerida por el menor fuera autorizada y prestada, pero la entidad se niega por tratarse de una patología de alto costo, y por el hecho de que el afiliado no ha cotizado todas las semanas exigidas. La Corte en este caso afirma que el ISS está en la obligación de prestar un servicio eficiente, integral, y óptimo en tratamiento y rehabilitación, para que el niño pueda rehabilitarse. Esta calidad de servicio no puede prestarse a través del servicio de urgencias, pues al ser transitorio y subsidiario, no es suficiente para garantizar la adecuada protección que se le debe, ni reemplazar los efectos que se buscan a través de un tratamiento especializado que aminore los padecimientos del menor, dadas sus precarias condiciones físicas y mentales. También se afirma que en razón al vínculo derecho-afiliación que se enuncia, es deber de la EPS proceder a la prestación del servicio de salud que requiera su afiliado, sin importar la cantidad de tiempo que se haya cotizado. [10]

· Derecho del discapacitado a una atención médica oportuna.

El accionante, beneficiario del régimen subsidiado, sufre de paraplejia y como consecuencia padece de escaras en la región sacra que de infectarse ponen en peligro su vida. Por lo tanto, requiere una cirugía para la cual las escaras deben estar en buen estado de granulación, lo cual se logró en varios momentos y, pese a ello, la programación de la intervención ha sido largamente dilatada. La Corte determinó que el no facilitar las condiciones para que la atención requerida por el paciente se realice oportunamente y en debida forma, constituye claramente otra manera de violar el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida. Por lo tanto, ordenó al Hospital que adelante las gestiones necesarias para que el paciente sea valorado nuevamente por médicos de dicha institución y se determine la conducta médica profesional a seguir para tratar las dificultades físicas que padece[11].

· Obligación de entregar prótesis a adultos mayores

El actor se encuentra afiliado a una I.P.S desde hace varios años. Fue intervenido quirúrgicamente y le fueron amputadas las dos extremidades inferiores. La administradora de salud se negó a otorgarle las prótesis ortopédicas, con las cuales podría volver a caminar, por estar excluidas del POS, circunstancia que a su juicio del afectado lesiona su dignidad y afecta su vida productiva, ya que al estar postrado en una silla de ruedas no puede obtener los ingresos económicos necesarios para el sustento de su hijo y el suyo propio. La Corte ha sostenido que el derecho a la salud es un derecho protegido constitucionalmente en los eventos en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u otros derechos fundamentales de las personas. No es necesario estar frente a casos de vida o muerte, sino ante eventos que puedan ser de menor gravedad, que perturben el núcleo esencial del derecho a la vida. En este caso, a pesar de que la entrega de las prótesis de extremidades no reúne las características de una urgencia vital para el demandante, sí resultan ser artículos que se requieren de manera inmediata a fin de lograr para el actor un adecuado desenvolvimiento personal, la integración social que se pretende tengan los discapacitados, y es el único mecanismo efectivo para que pueda realizar sus actividades normales como ciudadano.[12]

1.1.2.2 ATENCIÓN ESPECIAL

· Tratamiento integral, continuo y especializado para niños discapacitados.

El ISS contrata con una entidad la atención de niños discapacitados, pero posteriormente decide cancelar el contrato con la institución especializada. Luego contrató con una nueva institución a raíz del fallo de primera instancia, pero este centro proporcionaba a los menores un plan casero que no les aportaba la misma calidad de atención. La Corte considera que tratándose de niños en claro estado de indefensión se requiere un tratamiento especial para asegurar que tengan una vida digna. Se afirma también que la salud es un servicio público esencial y que por lo tanto se requiere que sea eficiente y que haya continuidad en la prestación del servicio, por lo que no es viable que el ISS desatienda intempestivamente a los niños. El argumento de que el tratamiento especializado para los menores no está incluido dentro del POS, va en contra de la Constitución Nacional y de las normas del POS en las que se hace referencia a “tratamiento y rehabilitación”, sobretodo cuando está de por medio el trato preferencial que se le debe dar a los niños, y el tratamiento especializado que se le debe prestar a los discapacitados debe ser integral, permanente, continuo y especializado.[13]

· Obligación de brindar atención especial al menor discapacitado físico y psíquico

“La madre de un menor instauró una acción de tutela contra el ISS ya que dicha entidad no prestó el servicio de educación especial que el menor requiere aplicando las reglamentaciones del POS. La entidad se negó a prestar el servicio alegando que este se halla excluido del Plan. La Corte Constitucional señaló que la omisión de un tratamiento especial y adecuado en un niño que tiene problemas psicomotores afecta su calidad de vida futura y su dignidad como ser humano. Se atenta contra la dignidad de los menores cuando deben afrontar una evolución irregular de su sistema físico y sicológico en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señala en cuanto a ser humano.”*[14]

1.1.3 PROHIBICIÓN DE SUSPENDER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

· Prohibición de suspender tratamiento de rehabilitación a menores discapacitados

Los padres de familia afiliados al ISS, en nombre de sus hijos beneficiarios, afectados por parálisis cerebral y retardo mental, a quienes el Instituto les suspendió el tratamiento de rehabilitación integral que les prestaba por considerar que ellos sufrían de un retardo menor, solicitaron al ISS que reconsiderara la situación. La Corte expone que los menores reunían otra condición que reforzaba el deber de protección especial para con los niños, pues se encontraban en una situación de debilidad manifiesta, en razón de su discapacidad. Si esta circunstancia de debilidad manifiesta es la que sustenta la protección especial que se debe brindar a los niños, ella misma debe servir de criterio para determinar la protección especial a sectores poblacionales que, pese a haber superado la edad jurídica de la minoría de edad, objetivamente comparten las mismas características de aquellas personas definidas por el derecho como menores de edad. El ISS considera que en este caso, el tratamiento solicitado es de capacitación y no de salud, y debe ser prestado por el Estado. La realidad es que el Estado no ofrece en cantidad suficiente los servicios que requieren las personas afectadas por estas discapacidades. De esta manera, remitirlas a él sería tanto como negarles el derecho a recibir el tratamiento de rehabilitación. Por lo anterior y en vista de que los padres de estas personas están afiliados al ISS como empresa promotora de salud, se ha dispuesto que éste debe atenderlas y se ha inaplicado la exclusión de los servicios del POS a la que hace referencia el Seguro Social.[15]

· El principio de continuidad en el servicio público de salud a discapacitado

“Una persona minusválida dejó de recibir la atención médica que requiere, debido a que Cajanal le suspendió el servicio de salud, alegando que ya no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 100. La Corte Constitucional observa que como se rompió la continuidad, hay la amenaza contra los derechos fundamentales a la vida e integridad personal puesto que, si tiene una incapacidad permanente y no se la atiende, pese a tener derecho a ello, surge la amenaza de violación a tales derechos. Para saber si tiene derecho o no a la atención médica por parte de CAJANAL, la carga de la prueba para la suspensión del servicio le corresponde a quien lo suspende porque debe justificar la no prestación que se venía dando. Por consiguiente, el amparo prospera siempre y cuando se de la condición fijada en el artículo antes citado: existencia de una incapacidad permanente.”*[16]

· Tratamiento quirúrgico a persona discapacitada de escasos recursos

“La Corte Constitucional señaló que si los padres de una menor, no poseen medios económicos suficientes para someterla a tratamiento en una institución especializada, pueden recurrir a los distintos centros médicos de esa índole financiados por el Estado, pues es su obligación suministrar atención especializada a los disminuidos físicos, así como proteger a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En este caso no hay respuesta negativa del Estado en orden a dar cumplimiento a su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales de la menor, razón por la cual se confirmará el fallo que se revisa. Las entidades de previsión social -Instituto de los Seguros Sociales y Caja de Previsión Social-, no están autorizadas para interrumpir un tratamiento médico o quirúrgico a quien esté derivando o recibiendo de él evidentes progresos en su salud. Es decir, que dichas entidades están en la obligación de suministrar la atención requerida si es factible para el paciente obtener una mejoría o progreso en su salud mediante terapias, controles regulares, intervenciones quirúrgicas, etc., logrando con ello proporcionarle una mejor calidad de vida. No es aceptable constitucionalmente que un organismo o institución de seguridad social del Estado pueda desentenderse en forma absoluta o total del tratamiento y de los cuidados que requiere un paciente -en especial tratándose de niños o de personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta-, de manera necesaria, pues habrá de sufrir notables detrimentos y perjuicios si el tratamiento se interrumpe.”*[17]

· Deber de brindar atención médica a niños mayores de 12 años excluidos del servicio completo

“Los padres de familia de varios menores (entre ellos un discapacitado) presentaron acciones de tutela, para lograr que sus hijos (excluidos de un servicio completo de atención médica en razón de su edad -mayores de 12 años-) fueran cobijados por los mismos servicios ofrecidos para los menores de 12 años. La Corte Constitucional concede el amparo solicitado y se ordena a la entidad acccionada la prestación directa o por intermedio de terceros, de todos los servicios médicos que requiere el menor, por cuanto corresponde a esa entidad la obligación primaria de asumir los servicios médicos de los menores no cubiertos en el contrato, tal y como lo señaló la sentencia.”*[18]

· Protección especial al discapacitado para reingresar al sistema de seguridad social.

“El agente oficioso de una persona que sufre de esquizofrenia, exafiliada al Instituto de Seguros Sociales, interpone acción de tutela para que le presten la atención médica que requiere. La Corte Constitucional señala que el deber del Estado de promover la igualdad sustancial y de proteger especialmente a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta debe necesariamente traducirse en las leyes sobre seguridad social cuyas reglas sustantivas y procedimentales tienen que dispensar un régimen diferenciado de favor que encarne las políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Se impone en esta materia una interpretación razonable de la ley que tome en consideración la situación de desigualdad y la compense y morigere. El mecánico y uniforme entendimiento de la norma repudia al estado social de derecho, pues ignora factores de la realidad que deben ser tomados en consideración con el objeto de moldearla de conformidad con los valores y principios constitucionales.

La integración social del disminuido psíquico -propósito del Constituyente (CP art. 47)- no podrá lograrse si persiste la actitud denunciada por el petente aunque no comprobada en las instancias imputable al instituto de hostilizar su afiliación, alegando o presuponiendo fraude en el contrato de trabajo. La condición que acompaña a estas personas reduce notablemente su universo de posibilidades vitales y laborales. De ahí que las pequeñas empresas familiares se conviertan en la práctica en las únicas fuentes de empleo para este grupo humano. Si a la anotada dificultad se agrega un tratamiento inflexible de la administración en punto de la afiliación al seguro social, exigiendo para la validez del contrato de trabajo un consentimiento puro y paradigmático, que sólo puede en estricto rigor predicarse de sujetos que gozan de su plenitud psíquica, se comprende que lejos de facilitar su integración social y actualizar en este contexto el valor del trabajo y de la solidaridad social (C.P. Art. 1), se erige desde el estado una barrera a su promoción y al decidido apoyo y protección que reclaman, profundizándose aún más la desigualdad que, paradójicamente, es el título constitucional para el tratamiento especial que debe prodigárseles.

La interpretación de la ley, a partir de los presupuestos de la normalidad, no es apropiada cuando se propone aplicarla a los disminuídos psíquicos, pues, en su caso se torna imperativo con miras a su integración social extraer los elementos de la misma que tiendan a su mayor beneficio y excluir los que a la luz de su particular situación puedan resultar irrazonables. En el presente caso, es razonable que se exija la afiliación al seguro como condición previa para el suministro de la atención médica al enfermo mental. El sistema de seguridad social que administra el instituto, en efecto, se basa en el pago de ciertas sumas de dinero por parte del empleador y del trabajador, dado que son las cotizaciones en su conjunto las que permiten sostener los diferentes servicios y asumir los riesgos por los que responde y de los cuales son destinatarios los trabajadores afiliados. Es necesario que el legislador (y dentro de sus competencias las mismas autoridades administrativas), particularmente en el campo de la seguridad social, otorgue a la administración más poderes para iniciar de oficio algunos trámites que puedan interesar al disminuido psíquico que no es consciente de sus derechos y de la oportunidad o conveniencia de hacerlos valer, máxime si ya están causados o se encuentran próximos a estarlo y si se tiene presente que la institución conoce como la que más su estado y el número de cotizaciones que registra. En la actualidad, los disminuidos psíquicos sólo pueden actuar a través de sus representantes (D. 758 de 1990) que, de no ser diligentes o de no existir, los dejarían librados a su propia suerte. Sólo en este caso, aún en ausencia de norma expresa que lo autorice, la administración debe iniciar de oficio la respectiva actuación administrativa para no poner en peligro al disminuido psíquico – mal mayor – y ejercer el deber constitucional de protección. Los principios de solidaridad social y de promoción de los miembros más débiles de la sociedad, requieren que la monoprotección ideada para su amparo -a través de representantes- se sustituya por un esquema de pluriprotección articulada por la sociedad como un todo de modo que no se encuentren nunca ayunos de apoyo.”*[19]

· Omisión del ISS no debe afectar atención prestada al discapacitado

Una vez establecida su invalidez, el señor un ciudadano solicitó su pensión ante el ISS, y la entidad le expidió una autorización para que él y sus beneficiarios fueran atendidos en lo atinente al riesgo de salud, mientras la pensión se encontraba en trámite. El ISS resolvió reconocer la pensión por invalidez, pero le informó que había sido desafiliado por no cotizar durante el año y medio que demoró el trámite de su solicitud, y que no podía afiliarse nuevamente al ISS. De las mesadas vencidas que le reconoció el ISS al incluirlo en su nómina, se le descontó el monto correspondiente a aportes a la EPS, sin que se tramitara debidamente la afiliación del actor a tal entidad. La Corte afirma que la obligación de cotizar, en este caso del ISS, cesa cuando se cumplen los trámites para acceder a la pensión y no cuando estos se inician, pues se deja desprotegido, en cuanto a la salud, durante un largo lapso de tiempo al trabajador y sus beneficiarios. [20]

1.1.4 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD (SISBEN)

· Discapacitado de escasos recursos puede afiliarse al régimen subsidiado

Una persona ciega y de escasos recursos económicos, solicitó a varias entidades públicas y privadas ayuda para ingresar a un centro especializado de capacitación atención para indigentes, sin que ninguna le haya prestado el auxilio solicitado. La Corte Constitucional expresa que los discapacitados que no tengan capacidad de pago, son uno de los sectores sociales a los cuales el legislador les concede una especial importancia dentro del régimen subsidiado de seguridad. Esto parte del reconocimiento de las serias dificultades que enfrenta una de estas personas para lograr el autosoporte. Bajo la condición de discapacitado sin capacidad de pago que tiene el accionante, éste puede afiliarse al régimen subsidiado para que se le aplique el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado -POS-.[21]

· Deber de otorgar implementos médicos o medicamentos a menores discapacitados

La madre de una menor que padece parálisis cerebral interpone en su nombre acción de tutela contra la ARS, para que se proteja su derecho a la salud en conexidad con la vida. La entidad se niega a suministrarle un corcé ortopédico y un medicamento que según el médico adscrito, la menor requiere para disminuir el avance de la enfermedad, por cuanto se encuentran excluidos del POS. La Corte consideró que la negativa de la entidad de suministrarle a la menor el corsé ortopédico y el medicamento que requiere, vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la seguridad social en salud y a la igualdad. Por lo tanto, la regla general según la cual la atención obligatoria en salud se limita a ciertos medicamentos y tratamientos incluidos en el POS, fundada en la necesidad de racionalización del sistema dados los recursos escasos, encuentra una excepción en el caso de una menor discapacitada física y mental que requiere un tratamiento especial para la conservación de sus derechos fundamentales. En consecuencia, se ordena a la ARS el suministro del corcé y los medicamentos solicitados, y se informa de su derecho a repetir contra el FOSYGA[22].

En otro caso, El demandante padece trastornos mentales y demanda al Sisben y a la A.R.S., por cuanto se niega a suministrarle los medicamentos necesarios para su tratamiento por estar excluidos del POS. La Corte determinó que el compromiso del Estado con la prestación de los servicios médico asistenciales, que demandan las personas que carecen de recursos para atenderlos y que por su estado de salud mental, edad y nivel de desarrollo tienen derecho a que el Estado y la sociedad les brinden un trato preferente, no está sujeto a las restricciones que imponen los Planes Obligatorios, como tampoco está sujeta a dichas restricciones la atención en salud que se conecta con la existencia misma de la persona y con su derecho a vivir con dignidad. En consecuencia, cuando un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cumple alguna de las anteriores características, o varias de ellas, demanda un procedimiento, una intervención, o un medicamento excluido del Plan que rige su vinculación, debe ser atendido pero cambia la modalidad de la prestación, porque la empresa a la que se encuentra afiliado no se exonera de la prestación, sino que puede exigir del Estado el reintegro de los gastos en que incurre, o demandar que el usuario sea atendido en otra institución. La Corte ordenó que, de ser competente la ARS para brindar el tratamiento y los medicamentos requeridos, debe prestarle la atención en salud que sea necesaria de conformidad con las órdenes y fórmulas médicas. En caso contrario, deberá informar al demandante y a sus familiares sobre otras posibilidades de atención.[23]

· Afiliación del discapacitado al régimen subsidiado cuando no se encuentra en otra institución el tratamiento requerido

“La Constitución, bajo una fórmula programática, compromete al Estado en la ejecución de una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos psíquicos, prestándoles la atención especializada que requieran (art. 47 C.P.). Ahora bien, actualmente a ésta última disposición superior, el legislador le ha creado ciertas condiciones de eficacia, a través de la Ley 100 de 1993, las cuales pueden generar, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma citada, derechos subjetivos en cabeza de las personas cuya condición mental es deficiente. Así, el artículo 157 ibídem señala que existen dos tipos de afiliados al sistema general de seguridad social, los del régimen contributivo y los afiliados a través del régimen subsidiado. Cuando se solicita atención de carácter permanente y dentro del contenido obligacional del centro hospitalario no se encuentra la prestación del tratamiento, la Corte señaló que la madre de menores discapacitados podría inscribir a sus hijos, como con antelación se expuso, en el régimen subsidiado dentro del sistema general de seguridad social, para que, atendiendo a su situación excepcional, se evalúe si es factible suministrar las atenciones debidas.”* [24]

· Asistencia medica en el exterior del discapacitado

“La Corte Constitucional dispuso a la entidad renuente del país costear el tratamiento del actor en el exterior donde a diferencia de lo dispuesto por la junta médica evaluadora en Colombia, se considera que el plan de recuperación brinda un alto margen de posibilidad de mejoría. Agregó que a toda persona le asiste el derecho a que se le proteja un mínimo vital “por fuera del cual el deterioro orgánico impide una vida normal” y en la medida en que la vida abarca las condiciones que la hacen digna, “ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder sino también como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado”. La salud y la vida no se afectan solamente cuando se está al borde de la muerte ni es ese el único instante en que hay que proceder a atenderlas.”*[25]

1.1 PENSIONES

1.1.1 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ

· Derecho de petición para el reconocimiento de pensión de invalidez

“Una persona instaura acción de tutela para que se le de respuesta a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión a que tiene derecho por haber sido declarado inválido total. La Corte Constitucional expone que se torna indispensable asegurar la protección de las personas que, al contribuir por medio de su fuerza de trabajo con la productividad social, se han visto afectados en su integridad física y mental. La obligación estatal de amparar a quienes se encuentren bajo estas circunstancias, tiene como base primordial el derecho a la igualdad y la necesidad de proporcionar un trato compensatorio a quienes no pueden fácilmente acceder a los medios materiales que garanticen su subsistencia y su dignidad. Esa obligación incluye, el deber de dar pronta resolución a las solicitudes y de señalarle al peticionario el camino a seguir para que su pedido pueda ser resuelto lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que el derecho de petición es corolario de la responsabilidad de las autoridades de contribuir con el beneficio social y asegurar la convivencia pacífica.”*[26]

· Omisión en el trámite para otorgar la pensión de invalidez por parte del ISS no puede afectar al beneficiario

El ISS ha omitido realizar el trámite para otorgar la pensión de invalidez al actor, por que a pesar de que el actor ha trabajado todo el tiempo requerido, las cotizaciones no se han hecho efectivas en su totalidad. La Corte afirma que corresponde a las entidades administradoras adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, y esta negligencia no puede ser trasladada al peticionario. Además, si las cotizaciones están acreditadas en la Gerencia de recaudo y no constan en el registro histórico del ISS, tal hecho no es oponible al actor, pues proviene de la negligencia del Instituto. [27]

· Protección del discapacitado al que se le pretende despojar de su pensión de invalidez.

Cuestión preliminar
Concepto
Causales
Ventajas
Conclusiones

Nuestra Constitución Política de 1993 señala en su Artículo 2º que toda persona tiene derecho: Numeral 17) A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o REVOCACIÓN DE AUTORIDADES, de iniciativa legislativa y de referéndum.

Asimismo, el Artículo 31° Constitucional expresa la participación ciudadana en asuntos públicos: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante Referéndum, Iniciativa Legislativa, Remoción o REVOCACIÓN DE AUTORIDADES y Demanda de Rendición de Cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por Ley Orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación”.

Entonces, bajo el Principio de Reserva de Ley [1][2]el Congreso de la República dictó la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300, cuyos Articulados refieren lo siguiente:

Artículo 3º: Son derechos de control de los ciudadanos -entre otros- los siguientes: a) Revocatoria de Autoridades.

Artículo 20º: La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a: a) Alcaldes y Regidores; b) Autoridades regionales que provengan de elección popular; y c) Magistrados que provengan de elección popular.

Artículo 21º: Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados.
Cuestión preliminar

Previamente, debemos acotar que el Tratadista Argentino Néstor Pedro Sagúes ha expresado que el Control de Constitucionalidad de las Normas es ejercido por diversos organismos autónomos, sean estos públicos o privados:

1) Control Político o Parlamentario, a cargo del Congreso de la República (Da Leyes, las modifica o las deroga) [3]

2) Control Ejecutivo, a cargo del Poder Ejecutivo (Derecho al Veto de una Norma Legal aprobada por el Parlamento al adolecer de inconstitucionalidad) [4]

3) Control Difuso, a cargo del Poder Judicial en primer y segunda instancia, vía procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data y de cumplimiento, y del Tribunal Constitucional vía Recurso de Agravio Constitucional (inaplica normas legales inconstitucionales) [5]

4) Control Abstracto, a cargo del Tribunal Constitucional (Proceso de Inconstitucionalidad) [6]y

5) Control Social, a cargo de los Medios de Comunicación (Escrita, Radial y Televisiva) y de la Población.

El Control Social, o también denominado CUARTO PODER ha sido definido por el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DE ECUADOR [7]como “Una expresión avanzada de ciudadanía sustentada en motivaciones cívicas, éticas y responsables de las/os ciudadanas/os en búsqueda de la transparencia del poder público en la ejecución de obras, toma de decisiones, servicios, y, otros que garanticen el buen vivir”.

Asimismo, agrega que “El ejercicio del Control Social se sustenta en la participación ciudadana, que fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el Estado y su responsabilidad social en el ámbito de lo público. Se convierte en un impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos. Mejora la calidad de las decisiones públicas y de los resultados. Contribuye a la gobernabilidad democrática al empoderar a la ciudadanía en el ejercicio directo de responsabilidades ciudadanas, logrando así una verdadera democratización de los poderes con acuerdos conjuntos fortaleciendo la co-responsabilidad social”.

Para autores como Bresser Pereira y Cunill Grau (1998) [8]“el control social constituye la forma a través de la cual la sociedad puede controlar directamente al Estado, en adición a las formas de control representativas tradicionales. El control social constituye también un control sobre las organizaciones públicas no estatales y las entidades descentralizadas del Estado, distinto y complementario del control de procedimientos, del control por resultados y del control por los mercados”.

Añaden que “el control social se efectúa cuando la sociedad se organiza formal e informalmente para controlar no sólo los comportamientos individuales sino también las organizaciones públicas. Puede ejercerse también en el plano político, a través del sistema de plebiscitos o referéndum. El control social de las organizaciones públicas puede ejercerse de dos maneras: de abajo hacia arriba, cuando la sociedad se organiza políticamente para controlar o influir en instituciones sobre las cuales no tiene poder formal; o de arriba hacia abajo, cuando el control social es ejercido formalmente a través de consejos directivos de instituciones públicas no estatales”.

En el plano local, son frecuentes los ejemplos de este tipo de control:

En el mes de diciembre pasado, la Mesa Directiva del Congreso de la República decidió aumentarse el sueldo -disfrazado como asignación por función congresal-, hecho que finalmente fue dejado sin efecto por la propia Mesa Directiva ante el evidente malestar y clamor popular.

El importante y prominente Proyecto Minero Conga en la ciudad de Cajamarca quedó en “lista de espera”, luego que un sector de la población -azuzada por sus principales Autoridades Regionales y algunas Locales- se manifestaran en contra de dicho Proyecto.

En el mismo mes de diciembre, el Poder Judicial dio “marcha atrás” al aumento de sueldo (otra vez) disfrazado de bono por función jurisdiccional, aduciendo que no contaban con certificación presupuestal; cuando en realidad de lo que se trató fue de querer imponerse al Poder Ejecutivo, amparándose en una Sentencia emitida, primero por una Sala Civil, y luego por el Tribunal Constitucional, pero desconociendo que en materia presupuestal el Órgano Rector es el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

Concepto

¿Qué se entiende por la Revocatoria?

Al respecto, La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones [9]nos explica que “la revocatoria constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir del cargo público a una autoridad con anterioridad a la expiración del período para el que fue elegido”.

En esta misma línea Jorge DEL CASTILLO GÁLVEZ [10]señala que “el derecho de revocatoria es la facultad que posee un segmento del número total de electores para solicitar que se convoque a elecciones extraordinaria con único objetivo de decidir si el titular del cargo público de elección popular debe o no permanecer en él”.

Adicionalmente, el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DE ECUADOR [11]señala que “La revocatoria del mandato se fundamenta en los principios de rendición de cuentas y representatividad, puesto que el electorado en ejercicio de su soberanía, otorga a sus representantes un mandato para que ejerza un poder”.
Causales

¿Cuáles son las causales por las cuales se opta por la Revocatoria?

Aunque expresamente no se encuentren contenidas en norma legal alguna, la Oficina Nacional de Procesos Electorales [12]refiere que “los motivos más frecuentes por las cuales los ciudadanos solicitan la realización de una consulta popular de revocatoria, se encuentran relacionadas al hecho de que sus Autoridades:

Asumen con desinterés y negligencia sus funciones.

No responden a la demanda de servicios para la comunidad.

Son incapaces de dialogar o escuchar.

Se encuentran habituados al consumo de licor.

Malversan los fondos del municipio.

Contratan familiares en el municipio (nepotismo).

Incumplen con las promesas ofrecidas en campaña.

Utilizan los bienes de la municipalidad para fines personales.

Se asignan dietas indebidas.

Abusan del poder y maltratan a la población.

No reconocen los acuerdos del Concejo Municipal.

No viven en la localidad.

Cometen irregularidades en las licitaciones de obras.

Se debe recordar que el pedido de revocatoria de una autoridad REQUIERE SER FUNDAMENTADO, PERO NO PROBADO”.

Para el Doctor Fernando Velezmoro [13]“El proceso electoral de consulta popular de revocatoria, por lo menos en el Perú, no es causalizado, es decir, para su procedencia no se exige la demostración de que la autoridad haya incurrido en determinada conducta, o lo que es lo mismo, en una causal de revocatoria. Basta como requisito formal y, por lo tanto, primer filtro de procedencia, recolectar una cantidad de firmas a favor de la consulta para que esta proceda. Se trata de un procedimiento de orden enteramente político, puesto que se sustenta no en la comisión de una conducta prevista normativamente, sino en el convencimiento de la ciudadanía de que debe someterse a consulta la permanencia del cargo de una autoridad elegida. Consecuentemente, el resultado es también de índole político: al igual que el acto eleccionario, la ciudadanía acude a las urnas para determinar el futuro destino de la autoridad sometida a consulta, solo que esta vez en sentido inverso, es decir, para determinar su salida del cargo”.

Agrega que “De allí que se sostenga también que la revocatoria y sus resultados descansen sobre razones de índole política, relacionadas con la valoración de la ciudadanía respecto al desempeño de sus autoridades. Al no estar regladas las razones para solicitar la revocatoria, ni para expresarla en el sufragio, la decisión es igual de política que el acto de elección de la autoridad: un voto de confianza”.

En suma, se puede alegar alguna causal antes mencionada, vale decir con fundamentación de hecho, pero no se necesita probarlo documentadamente. Por ejemplo, ¿cómo demostrar que una Autoridad Elegida “Abuse del poder y maltrate a la población” o “Incumpla con las promesas ofrecidas en campaña”?

Esta es tal vez la diferencia con la VACANCIA de Alcalde o Regidor Municipal [14][15]toda vez que esta figura jurídica SÍ requiere probanza documentada.
Ventajas

¿Cuáles son las ventajas de la Revocatoria?

Francisco MIRO QUESADA RADA -citado por DEL CASTILLO GÁVEZ- [16]advierte las ventajas que plantea la Revocatoria:

“Sirve para que los electores puedan remover a las autoridades de sus cargos porque les han perdido confianza.

Permite recordarles a las autoridades que la ineficiencia puede ser sancionada por medio de la remoción.

Aumenta el interés ciudadano en los asuntos públicos, porque les permite participar los más directamente posible en la toma de decisiones políticas.

Los ciudadanos al utilizar la revocación encontrarán en ella un instrumento eficaz que le asegure su derecho a ejercer el poder”.

Sobre este particular, recordemos que el vigente Presupuesto Anual de la República, en sus tres Niveles de Gobierno asciende a S/. 108, 418,909.559 [17]distribuidos de la siguiente manera:

Nivel de Gobierno

PIA

PIM

Gobierno Nacional

72,635,027,279

73,654,757,876

Gobiernos Locales

18,150,214,920

20,656,232,213

Gobiernos Regionales

17,633,667,360

18,012,501,573

De ahí que las Autoridades Elegidas, especialmente las Regionales y Locales, deben tener mayor celo en el cumplimiento del deber funcional con la cosa pública, es decir, la administración de los recursos del Estado en la ejecución presupuestal (gasto): capital humano, bienes, servicios, obras y consultoría de obras.
Conclusiones

A manera de conclusión, tenemos lo siguiente;

1) La Revocatoria es una figura jurídica que cuenta con amparo constitucional y legal, cuyas causales requieren fundamentación de hecho, más no probanza documentada; lo cual evidentemente genera incertidumbre en la Autoridad Elegida, puesto que en ocasiones (en varias quizá) es utilizada como revancha o venganza contra la Autoridad Elegida.

2) Sin embargo, sirve también como mecanismo de control constitucional (Control Social o denominado Cuarto Poder) de un segmento de la población que busca destituir de sus cargos a Alcaldes y Regidores, y Autoridades Regionales (Presidente y Consejeros Regionales).

3) A su vez, independientemente del logro obtenido, esto es si la Autoridad Elegida es revocada o no, permite el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos, permitiendo con ello mayor participación de la población en la toma de decisiones políticas.

4) Finalmente, resulta un severo llamado de atención a la Autoridad Elegida de tener un mayor control en el ejercicio del poder; vale decir, buscar y encontrar los canales de comunicación externa adecuados con la población que los eligió (y los que no también) de los logros obtenidos a corto, mediano o largo plazo, durante la ejecución presupuestal en materia de personal, bienes, servicios, obras y consultorías de obras.

Cordialmente,

Autor:

Fernando Valdivia Correa

Abogado

Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional

Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y RRHH

Oficina 4605654, RPC 986689569

.

[1] Primer Párrafo del Artículo 74º de nuestra Carta Política, de aplicación supletoria.

[2] Sobre este particular, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0042-2004-AI/TC, Fundamento Jurídico Nº 09, Tercer Párrafo, el Tribunal Constitucional señaló: “A criterio de este Tribunal Constitucional no existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias. En tal sentido, cabe afirmar que mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecutivo al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora”.

[3] Carta Política del Perú, Artículo 102°.- Son atribuciones del Congreso: Numeral 1) Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.

[4] Constitución Política de 1993, Artículo 108°.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda. Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

[5] Ley de Leyes, Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

[6] Norma Normarum, Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional: Numeral 1) Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. Numeral 2) Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.

[7] http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social.

[8] Bresser Pereira, L., “La reforma del Estado de los años noventa. Lógica y mecanismos de control”, Desarrollo Económico, Vol. 38, Nº 150, 1998, página 537. Citado por el Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina: “Análisis y Evaluación de los Mecanismos de Control Ciudadano en la Administración Pública Nacional Límites y Posibilidades para su Ejercicio”. Dirección Nacional de Estudios y Documentación – Diciembre de 2000.

[9] http://eseg.edu.pe/docmartes/2009/mar_24feb09.pdf.

[10] “La Constitución Comentada” – Tomo I. Gaceta Jurídica, Primera Edición, Diciembre del 2005, Lima Perú.

[11] Ob. Cit.

[12] http://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/consulta_revocatoria/PDF/consulta_revocatorias.pdf.

[13] http://www.eseg.edu.pe/revistaelectoral/index.php/diferenciasrevocatoriavacanci/#_ftn3.

[14] Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Artículo 22.-Vacancia del cargo de Alcalde o Regidor: El cargo de Alcalde o Regidor se declara vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos: 1. Muerte; 2. Asunción de otro cargo proveniente de mandato popular; 3. Enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño normal de sus funciones; 4. Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 (treinta) días consecutivos, sin autorización del concejo municipal; 5. Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal; 6. Sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso; 7. Inconcurrencia injustificada a 3 (tres) sesiones ordinarias consecutivas o 6 (seis) no consecutivas durante 3 (tres) meses; 8. Nepotismo, conforme a ley de la materia; 9. Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la presente ley: 10. Por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales, después de la elección.

[15] Citando al Doctor Fernando Velezmoro “La vacancia o la suspensión solo pueden ser declaradas luego de un procedimiento que se asemeja a los de tipo administrativo-jurisdiccional, por cuanto solo proceden a pedido de parte, mediante una solicitud formal ante la propia entidad regional o municipal; con la invocación del acaecimiento de una de las causales señaladas en la ley (artículos 30 y 31 de la LOGR y 22 y 25 de la LOM), se garantiza el derecho de defensa o contradicción de los términos de la solicitud, a fin de que se siga un trámite formal en etapas y plazos previamente establecidos y, finalmente, que la decisión sea expresada en un acto formal, del mismo modo que las resoluciones judiciales, con expresión de las razones de hecho y de derecho que la sustentan. Asimismo, es posible impugnar dicha decisión, sea estimatoria o desestimatoria, ante otra instancia, para que resuelva de manera definitiva la controversia presentada. La vacancia y la suspensión de autoridades regionales y municipales se encuentran causalizadas. Tanto para iniciar el procedimiento como para definir si el titular es vacado o suspendido debe demostrarse que este ha incurrido en alguna de las causales establecidas en la ley”.

[16] Francisco MIRO QUESADA RADA. Democracia Directa y Derecho Constitucional. Artes y Ciencias Editores, Lima, 1990, Página 162.

[17] http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx.

Referencias
Apéndice

La política en Puerto Rico ha sido una en la cual por años, diversos sectores y comunidades, como la lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), han sido grandemente excluidas y marginadas. Durante este pasado proceso electoral vimos un crecimiento en las candidaturas a puestos electivos de personas que abiertamente han expresado su homosexualidad, uno de estos Luis Ibrahyn Casiano. En el 2008, Bárbara Santiago fue la primera persona abiertamente gay en ser candidata en unas elecciones, en esta caso a la legislatura municipal de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (Díaz Alcaide, 2012). Casiano, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a representante por el distrito diecinueve, no sólo tuvo que enfrentarse a una ideología de género que estigmatiza y margina a las personas homosexuales, su trayecto también estuvo acompañado de obstáculos y aciertos que hicieron de su campaña una de bastante visibilidad y reconocimiento. ¿Habrá abierto paso para otras personas de la comunidad LGBT? Este ensayo nos relata y describe de forma breve quien fue este candidato, su estilo de campaña, sus prioridades, los obstáculos y otros detalles que son de utilidad para analizar la misma desde una perspectiva de género.

Luis Ibrahyn Casiano Rodríguez, graduado en el 2005 de la Escuela Superior Eugenio María de Hostos en Mayagüez, obtuvo en el 2010 un grado del ICPR Junior College de este municipio en administración de empresas con concentración en gerencia y mercadeo. Joven de veinticinco años, es en la actualidad estudiante de justicia criminal en la Universidad del Este en Cabo Rojo, de la cual espera graduarse prontamente para proseguir estudios en derecho. Es también desempleado, ya que al momento de radicar su candidatura para fines de 2011, no podía continuar laborando en la Junta de Inscripción Permanente de Mayagüez (JIP), de la cual fue empleado durante aproximadamente cuatro años. En estos momentos ha de estar soltero, aunque desde que presentó sus aspiraciones a la candidatura no siempre fue así. ¿Y cómo fue este trayecto?

Luis Ibrahyn accede al PIP en el 2006. Antes de esto, se desempeñó como presidente de la Juventud No Electoral del Partido Popular Democrático (PPD) en su pueblo. Aunque provenía de una familia tradicionalmente popular, aprendió mucho de su padre, quien era soberanista. Es por ello que abandona el PPD cuando decide que “no podía seguir bailando al son de las cadenas coloniales”. Ya en las filas del Comité de Mayagüez del PIP, este asesoró y reorganizó la juventud, de la cual posteriormente se convirtió en presidente. En el 2007, ante el surgimiento de una vacante, es nombrado oficial del partido en la JIP.

Luego de las elecciones de 2008, en las cuales el PIP no queda inscrito al no obtener un tres por ciento de los votos a su candidato a gobernador, Luis Ibrahyn realiza su primera actividad política: una parranda navideña. No sólo llevó música a través de las calles del pueblo a nombre del partido, también repartió dulces y su primera propaganda, la cual trataba sobre la lucha por los derechos humanos, la causa de la comunidad LGBT y la necesidad de romper los estereotipos en la política. En enero de 2009 hace entrega de una carta al comité municipal en la cual expresa sus aspiraciones a la candidatura a representante por el distrito diecinueve de Mayagüez-San Germán para las elecciones de 2012. Durante este mes también comienza a visitar reuniones de diferentes sindicatos y comunidades en carácter no proselitista. Para junio del mismo año, ante una vacante, fue elegido vicepresidente del comité de Mayagüez. Una de las razones por la cual se interesó y aceptó el puesto, fue al verlo como medio para influir a los militantes y así neutralizar comentarios del Comité Nacional del PIP en contra de sus aspiraciones. La objeción del liderato se debió a que entendieron que su campaña, todavía el partido no estando inscrito, era una destiempo, más él era oficial del partido en la JIP. Aunque fue rechazado por la élite, el comité municipal y la militancia lo respaldaron y defendieron en las estructuras del partido y en dos asambleas celebradas, una municipal y otra distrital, en las cuales se ratificó como candidato a la Cámara de Representantes por distrito.

Su campaña contó con visitas casa por casa a través de diferentes comunidades en donde se les orientaba sobre el poder que en ellos (el pueblo) reside, la independencia y como romper el bipartidismo. El “Plan legislativo para una Cámara con conciencia” se formó en base a las principales preocupaciones que expresaron los y las ciudadanas durante estas primeras caminatas. Este se dividió en cuatro asuntos prioritarios: educación, salud, seguridad y economía. Sobre el primero, propuso una paga justa a los y las maestras, más la capacidad de poder elegir mediante el voto de la comunidad escolar al Secretario o Secretaria de Educación. En cuestiones de salud, propuso un plan universal; y en seguridad, el readiestramiento de la policía y un requisito de preparación académica en campos relacionados a futuros agentes. Igualmente, presentó a las microempresas comunitarias e incentivos para estas como una forma fácil y rápida de mejorar la economía. Además, este plan legislativo contaba con asuntos específicos de los diferentes barrios y sectores, los cuales también se auscultaron a través de las visitas a los hogares. Debido a esto y porque “a todo el mundo no le preocupaba lo mismo”, los temas de la campaña variaban de acuerdo a donde estaban. Por ejemplo, si la comunidad tenía problemas de alcantarillado o presión de agua, se hablaba y prometía trabajar sobre ello. También, Luis Ibrahyn mencionó el caso de una comunidad con alta cantidad de albañiles “sin título”, en la cual propuso la creación de una escuela comunitaria especializada en donde los materiales sean provistos por el gobierno.

Para marzo de 2012, luego de celebradas las primarias de los dos partidos mayoritarios, se conoció con certeza sus opositores: Efraín De Jesús por el PPD y Rafael Beauchamp por el PNP. Todos fueron contendores, ya que el incumbente Carlos “Charlie” Hernández del PPD, aunque también aspiró a la Cámara de Representantes, lo hizo por acumulación. El vencedor de la contienda lo fue Efraín De Jesús con 22,817 votos o un 54.34%, le siguió Rafael Beauchamp con 16, 867 votos o un 40.17% y tercero Luis Ibrahyn Casiano con 1,752 votos o un 4.17%.

Este resultado no era lo que se esperaba por él ni por miembros de los otros dos partidos, quienes dañaron publicidad y le ofrecieron empleo con tal de abandonar su candidatura. Según dos encuestas realizadas, la primera sobre el factor reconocimiento de los candidatos a representante y la segunda sobre quien votarías, el virtual apoyo a Luis Ibrahyn era uno amplio. En la primera encuesta, el veintiún porciento reconocía al candidato a representante del PIP, mientras en la segunda un 18.5% aceptó que votaría por él. Aun así, hubo un incremento de 455 votos en comparación a la candidatura de 2008 por el mismo partido, siendo en aquel entonces Rosana Martínez, catedrática del Recinto Universitario de Mayagüez, la candidata. Con este panorama, según cuenta el mismo Luis Ibrahyn, demostró que ninguna de las tres cruces con las que le tocó cargar en estas elecciones fueron un problema: el ser independentista, joven y homosexual. Además, fue uno de los candidatos a representante por distrito del PIP con más votos, a lo cual le atribuye su “estrategia, visión, organización y el mensaje claro de que hay que hacer un trabajo constante”.

Pese a que no se considera un líder, sino más bien una persona preocupada con deseos de expresar lo que siente, su estilo ha sido uno participativo. Es así, que el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Movimiento Unión Soberanista (MUS) y el Partido del Pueblo Trabajador, endosaron su candidatura. Según Rosa Bell Bayrón, co-presidenta del MUS, en entrevista televisiva mencionó sobre Luis Ibrahyn: “entendemos que él es un modelo del funcionario público que queremos atraer, que es la persona que ha hecho de su vida un ministerio al servicio de las causas sociales” (Feliciano, 2012). La campaña demostró esto, al no tan sólo realizar y participar de actividades de su propio partido, sino de incluir a miembros de otras organizaciones y líderes de barrio de otros partidos. Por esta razón, alguna de su publicidad no hacía referencia al PIP y más bien hacía uso de la consiga “Luis Ibrahyn, Un representante para tod@s”.

Si bien sabía que sus posibilidades de triunfo eran mínimas, su campaña fue una de ganador, simpática y fuera de lo tradicional para un candidato del PIP. Siempre se presentó en diferentes participaciones mediáticas, entrevistas y en redes sociales como el próximo representante del distrito diecinueve. En la calle, como había recogido el sentir de muchas personas para elaborar su plan legislativo, se topó con simpatía y reconocimiento, no sólo de personas de su distrito, incluso de otros municipios. Su presencia en los medios regionales de área oeste era constante, incluyendo radio, televisión y prensa escrita. Él solía realizar conferencias de prensa sobre cualquier asunto y eran cubiertas por reporteros del área, en especial los de WORA-TV.

En adición, fue el único candidato a representante por distrito de partido minoritario que tuvo presencia en varias ocasiones en los medios de comunicación nacionales, los cuales tuvieron interés por este ser abiertamente homosexual y ser tan activo en su distrito. Otros candidatos abiertamente homosexuales no tuvieron tanta presencia en los medios como él, siendo un ejemplo Edwin Meléndez, candidato a representante por acumulación del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico. Las participaciones de Luis Ibrahyn variaron en entrevistas televisivas como una realizada en el programa Tu Voto de Telemundo, reportajes en El Nuevo Día y Primera Hora impreso, incluso apareciendo en la portada de este último el 20 de septiembre de 2012. Así mismo, tuvo presencia en versiones digitales de estos periódicos y en diversas páginas de internet como las de Telemundo, Wapa, Noticel y otras. Incluso fue entrevistado en emisoras como WIAC 740AM e invitado a foros en escuelas, universidades y demás, como uno celebrado en la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es meritorio mencionar que también recibió el endoso del candidato a la gobernación por el PIP en las elecciones de 2008, Edwin Irizarry Mora, el cual reseñó El Nuevo Día en su página cibernética, más recibió el apoyo del candidato a representante por el mismo distrito en las elecciones anteriores por el PPR, Israel Blancovich Olivencia. Ante tanta actividad, se asumiría que hubo mucho dinero envuelto.

Esta campaña fue financiada en su mayoría con dinero personal del propio Luis Ibrahyn. Aproximadamente gastó cerca de catorce mil dólares y recibió donaciones totalizadas en quinientos dólares en los últimos tres a cuatro meses de campaña, siendo la mayoría de este dinero de personas no residentes del distrito diecinueve. Estos recursos económicos se utilizaron para el alquiler de guaguas sonido, hojas sueltas, pasquines, “jingles”, actividades como la parranda navideña, anuncios en radio (WPRA) y periódicos regionales. Debido a la falta de dinero para enfrentarse a las campañas del PNP y PPD, es que comenzó esta varios años antes.

Otros de los obstáculos que el candidato enfrentó lo fue el que militantes de los otros partidos, tal vez como recurso para intentar de afectar el reconocimiento e imagen de Luis Ibrahyn, hablaron sobre su orientación sexual como si esta fuese un inconveniente para ser candidato o legislador. También, como mencionado anteriormente, el rechazo a su candidatura de parte del Comité Central del PIP fue un obstáculo que se tuvo que enfrentar desde un principio. El liderato fue crítico a su candidatura en todo momento, incluso sobre varias de las acciones que este realizó durante la campaña como las alianzas con otros partidos y movimientos. Aunque su candidatura pasó a ser una llamativa y de interés para medios nacionales, la cúpula del partido lo relegó y nunca explotó ni hizo alusión a la misma. A diferencia, pudimos observar como miembros de los otros movimientos o partidos que endosaron su candidatura sí hicieron mención a la misma en diversas ocasiones, como Arturo Hernández, candidato a la gobernación por el MUS, quien hizo referencia a Luis Ibrahyn Casiano en programas televisivos como Día a Día. Aun así, en diversas entrevistas que se le realizaron, mencionó que no recibió ningún rechazo de parte de los líderes de su partido, aunque si le sugirieron que mantuviera su orientación sexual en silencio (Díaz Alcaide).

Uno de los impedimentos a su candidatura que afectó en gran manera lo fue la poca gente que trabajó en la campaña del PIP en Mayagüez. Regularmente son unas diez personas las cuales asisten a las reuniones del comité municipal, y esas mismas fueron las que trabajaron durante el proceso. Ya que era una cantidad muy reducida, todos los candidatos del municipio o área contaban con la misma avanzada, a diferencia de los partidos mayoritarios en donde cada candidato tiene su propio grupo de trabajo. Es por esto que mucha de la publicidad y propaganda que se tenía hecha, no se pudo repartir o utilizar.

Mientras, el apoyo del comité municipal fue uno indispensable, principalmente a la hora de defender la candidatura de Luis Ibrahyn ante las estructuras del partido y al momento de este realizar actividades de campaña, como reparticiones de publicidad y demás. Pese a que algunos miembros tuvieron reservas con sus ideas y estilo distinto, nunca hubo una resistencia a que se hiciera. Estos y estas estuvieron abiertos a nuevas experiencias.

En conclusión, vemos como la orientación sexual no fue un límite a las aspiraciones de Luis Ibrahyn Casiano, quien aunque no prevaleció en la contienda electoral, ha marcado un precedente en la política puertorriqueña. Su estilo es parte de una nueva forma de hacer política en la cual se le consulte al pueblo directamente e integre otros sectores y miembros de otros partidos. Si bien el PIP ha demostrado tener un liderato masculino autoritario y conservador, la experiencia de Luis Ibrahyn demuestra que el verdadero poder reside en la base. El que un partido minoritario tenga candidatos como él, aunque no necesariamente salgan electos, crean un impacto e imagen favorable para la institución. Definitivamente abrió paso a nuevos candidatos o candidatas LGBT para desde ya ir poco a poco trabajando para poder lograr representación política. Este es sólo el comienzo de la trayectoria política de Luis Ibrahyn Casiano Rodríguez, quien luego de decenas de comentarios en las redes sociales a su favor, ya expresó sus deseos de aspirar a la Cámara de Representantes por acumulación para las elecciones de 2016. ¿Los “gatekeepers” del PIP lo permitirán?
Referencias

Díaz Alcaide, M. (2012, septiembre 20). Fuerza gay en la papeleta. Primera Hora. Recuperado

de http://www.primerahora.com/fuerzagayenlapapeleta-700942.html

Feliciano, J. (2012). MUS respalda candidatura a representante de Luis Ibrahyn Casiano.

Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=W9MJOGlx7bg
Apéndice

Pasquines en la carretera #2 en Mayagüez

Publicidad en la calle Pablo Casals

Pegatina en la puerta del Comité Municipal del PIP

Autor:

Aldo I. Valedón Cirino

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Facultad de Ciencias Sociales

Departamento de Ciencia Política

20 de diciembre de 2012

El Registro Nacional de las Personas es el Organismo del Estado encargado de la Inscripción de los hechos y actos relativos al Estado Civil y del Proceso de Identificación Ciudadana, a través de los Registradores Civiles Municipales y de su personal auxiliar y en la instancia de la Gestión Administrativa Registral, los Oficiales Civiles Departamentales o Seccionales se desarrolla este proceso relativa a la función Registral la cual debe ser realizada observando en forma estricta lo establecido en la Ley y Reglamento del Registro Nacional de las Personas, Código de Familia, Código de la Niñez y de la Adolescencia y otras leyes vinculantes y circulares y Nacionales autorizados por el Registro Nacional de las Personas descrito anteriormente debe constituirse en el referente para observar un proceso correcto que contribuya a la consolidación del proceso Institucional del RNP., a través de Buenas Prácticas Registrales a continuación detallaremos las situaciones irregulares que no deben observar el personal del Registro Nacional de las Personas:

1.- No limitar la atención integral de los usuarios del Registro Civil y del Proceso de Identificación ciudadana a determinados días de la semana u horas durante el horario oficial de trabajo establecido en el RNP.

2.- La atención a los usuarios del Registro Civil sin observar el orden de llegada cuando los funcionarios y empleados del RNP., debemos atender sin discriminación por razones económicas, raza y religión y politicas

3.- Exigir requisitos en el proceso Registral y de Identificación ciudadana que no están contemplados en la ley, reglamentos, circulares, instructivos emitidos por las autoridades de la Institución.

4.- Consignar datos en la solicitud de la tarjeta de identidad o de actualización domiciliaria que no han sido proporcionados por el o no corresponde a la información relativa a su inscripción de nacimiento, solicitante y en especial cuando es analfabeta o disminuido en su capacidad visual o discapacitado, imprimir las huellas dactilares de manera incorrecta en el trámite de solicitud de tarjeta de identidad para generar un rechazo de su solicitud de tarjeta de identidad.

5.- Modificar información en la base de datos de las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil sin que dichas modificaciones tenga respaldo documental registral.

6.- MALAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO REGISTRAL

7.- Elaborar en las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil anotaciones marginales sin que se hayan emitidas los documentos administrativos, Judiciales y Notariales que respalden legalmente las anotaciones marginales.

8.- Inscribir los hechos o actos del Estado Civil fuera de los plazos establecidos en la Ley y Reglamentos del Registro Nacional de las Personas (RNP).

9.- Emitir constancias de no estar inscrito (negativa) un hecho o acto del Estado Civil sin haber verificado previamente dos años antes y dos años después de la fecha en que ocurrió el nacimiento de la persona no inscrita en el Registro Civil.

10.- Dejar de firmar las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil ya concluidas y acumularlas para firmarlas hasta que se concluya, tomo de inscripciones.

11.- Realizar solicitudes de Rectificación de Oficio ante la Oficialía Civil Departamental o Seccional, cuando no esté sustentado documentalmente que error a rectificar o enmendar es imputable al Registrador Civil Municipal que realizo la inscripción.

12.- No aplicar la calificación Registral a las Resoluciones emitidas por la Oficialía Civil Departamental o Seccional cuando lo que se ordena en las resoluciones son contrarios a lo establecido en la ley y Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas.

13.- No observar el cumplimiento de los avisos en el caso de los trámites realizados por la Oficialía Civil Departamental o Seccional en lo referente a solicitudes de reposición por omisión Rectificación y Subsanación de las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil.

14.- Emitir Certificac iones de los hechos y actos del Estado Civil en otros idiomas.

15.- Negar la emisión de certificaciones de los hechos y actos del Estado Civil a los usuarios del Registro Civil si no son autorizados por los familiares del inscrito en el Registro Civil.

16.- Emitir certificaciones de las inscripciones de los hechos y actos del Estado tomando como respaldo documental otra Certificación de Inscripción.

17.- Emitir constancia de inscripción o certificaciones sin que previamente se haya formalizado el proceso de inscripción de los hechos y actos del Estado Civil.

18.- Emitir Certificado del Estado Civil haciendo constar información contraria a la de nacimiento.

19.- Realizar Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil de un hondureño ocurrido en el extranjero sin observar los requisitos establecidos en la Ley y Reglamento del Registro Nacional de las Personas.

20.- Emitir Certificaciones de Inscripción de Nacimiento o contraseñas de solicitud de tarjeta de identidad insertado fotografía del titular de las inscripción o solicitante de la tarjeta de identidad.

21.- Adulterar la Inscripción contenida en las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil sin observar el procedimiento establecido en la ley para la subsanación de las inscripciones que se realizo ante la Oficialía Civil Departamental o Seccional.

22.- Sustituir folios relativos a inscripción de los hechos y actos del Estado Civil, para cambiar total o parcialmente la informacion contenida en las inscripciones.

23.- Realizar inscripciones u anotaciones de los hechos y actos del Estado Civil en base a copias fotostáticas de Testimonios de Escritura Pública, Comunicaciones Judiciales, Resoluciones Administrativas que no estén debidamente autenticadas por Notario Público.

24.- No llevan un control de emisión de constancias no encontrarse inscrito un hecho u acto relativo al Estado Civil (Constancia Negativa).

25.- No observar el pago de servicios en la emisión de Certificaciones de Defunciones, Literales de las Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil.

26.- Realizar Inscripciones de Adopción si se desempeña como Registrador Civil de un Municipio que no sea el del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

27.- Inscribir como anotación marginal la información AD PERPETUAM realizada por la vía Judicial o Notarial la cual no tiene efecto Registral.

28.- Inscribir un Matrimonio o Formalización de Unión de Hecho sin observar las formalidades requeridas para su inscripción en el Registro Civil del Municipio donde se formalizo el acto.

29.- Realizar las actividades Registrales y de Identificación ciudadana, fuera del ámbito de su Jurisdicción.

30.- No subsanar o enmendar los errores cometidos al momento de realizar la Inscripción de los hechos y Actos del Estado Civil.

31.- Omitir anotaciones marginales que están inserta en las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil que es obligatorio, consignar en las certificaciones que emite el Registrador Civil Municipal.

32.- Inscribir una Naturalización sin que se acredite los respaldos documentales que se requiere de acuerdo a la ley y reglamentos del Registro Nacional de las Personas.

33.- Negarle a un menor de edad la Inscripción de su hijo condicionándole que solo podrá hacerlo si comparece sus padres o una persona mayor de edad.

34.- Imponer o inducir que nombre o nombres deberá consignar el declarante al momento de realizar la Inscripción de un nacimiento.

35. Imponer cobros que no sean los Establecidos por el Arancel Registral o Decretos.

36.- Permitir que personas particulares realicen actividades Registrales y de Identificación ciudadana.

37.- No observar los requisitos que establece la ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para procesar las solicitudes de actualización de domicilio Electoral.

38.- No facilitar Información relativa a solicitudes de tarjeta de identidad y actualizaciones domiciliarias a los Partidos Políticos y nacimientos legalmente constituidos.

39.- Realizar cobros Directos a los usuarios del Registro Civil.

40.- Adulterar la Información contenida en las inscripciones de los hechos y actos relativos al Estado Civil.

41.- Elaborar anotaciones marginales de legitimación en las inscripciones de nacimiento figura que no existe legalmente desde 16 de agosto de 1985 fecha en que entro en vigencia el Código de Familia.

42.- Emitir constancias donde se expresa que una persona es conocida con un determinado nombre con un determinado nombre u apellidos y que por consiguiente es la misma persona.

43.- Realizar una anotación marginal en base a comunicación Judicial o de Información AdPerpetuam, esta figura Jurídica no tiene efecto Registral.

44.- Realizar una inscripción de nacimiento cuando el declarante previo a realizar la Inscripción declara que el o los padres que consignara no son los padres Biológicas del que se inscribirá su nacimiento.

45.- Realizar una inscripción de nacimiento cuando el declarante manifiesta que el niño o menor a inscribir les fue entregado por los padres Biológicos para que lo inscriba como hijo suyo o de otras personas que consignaran como padre.

46.- Negar la solicitud de tarjeta de identidad a un Discapacitado o enfermo mental.

47.- Negar la solicitud anticipada de la tarjeta de identidad a los menores de edad mayor de 16 años.

48.- Entregar las tarjetas de identidad emitidas a los menores de edad que no han cumplido los 18 años de edad.

49.- Validar mediante nota Técnica inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil que no fuera firmados y sellados por el Registrador Civil Municipal a partir del 15 de mayo del 2005, fecha en que entro en vigencia la ley actual del Registro Nacional de las Personas y que no exista resolución del Directorio del RNP., que ordene la validación de la Inscripción en la circunstancia antes referida.

50.- Certificar anticipadamente inscripciones que aun no se ha realizado el acto formal de la inscripción aun cuando estuvieren emitidas las resoluciones administrativas de la Oficialía Civil Departamental o Seccional que ordene su inscripción o este en proceso este trámite de la Gestión Administrativa Registral.

51.- Certificación inscripciones de nacimiento tomando como documento de respaldo la tarjeta de identidad del titular de la Inscripción.

52.- Certificar en una inscripción de nacimiento tomando el nombre del encabezado aun cuando en el cuerpo de la inscripción difiere los datos relativos al nombre, solo será válido certificar los nombres del encabezado cuando este dato ha sido emitido del cuerpo de la Inscripción.

53.- Emitir pases de cortesía a personas particulares para obviar o dispensar la atención a los usuarios del Registro Civil por orden de llegada excepto con los ciudadanos adultos mayores Discapacitados, mujeres embarazadas y convalecientes.

54.- Realizar Inscripciones u Anotaciones Marginales derivadas de trámites de Reposición por Omisión o Rectificaciones u Adiciones de las Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil obviando el procedimiento de avisos, excepto si se trata de una Rectificación de Oficio Derivada de un error imputable al Registrador Civil Municipal o Secretario Municipal.

55.- Reservar o dejar Inscripciones en Blanco consignando los números de actas correlativas para posteriormente realizar las inscripciones cuando se haya concluido los trámites legales que derivan en la Inscripción correspondiente.

56.- No aplicar la calificación Registral cuando en la Resolución emitida por el Oficial Civil Municipal ordena cambiar en la inscripción de nacimiento el nombre del inscrito.

57.- Emitir una Certificación de cualquier Inscripción de los hechos y actos del Estado Civil omitiendo consignar en la casilla de notas marginales, las observaciones relativas a los datos que en la inscripción aparece adulterados.

58.- Facilitar a particulares papelería y formatos de uso exclusivo del personal del Registro Nacional de las Personas.

59.- Realizar una Inscripción de Nacimiento de un menor cuando al comparecer la madre no exigiendo el Registrador Civil Municipal la presentación de la tarjeta de identidad del padre o la presentación de la certificación de matrimonio si los padres estuviesen casados.

60.- Divulgar a particulares información relativa a las personas que tienen inscrita su adopción en ese Registro Civil Municipal.

61.- Realizar trámites relativos al proceso Registral y de Identificación ciudadana, fuera de las oficinas del Registro Civil Municipal excepto que corresponda a actividades oficiales que se realizan con la autorización de las autoridades del RNP., y las que corresponden a facultades que la ley y reglamento del RNP., le corresponde al Registrador Civil Municipal.

62.- Negarse a Realizar el trámite de actualización domiciliaria a un ciudadano que presenta su tarjeta de identidad determinada y7 que permite identificarse plenamente que quien la presenta es su titular, debiendo el Registrador Civil Municipal, una vez concluido este trámite, tramitarle al ciudadano la Reposición de su tarjeta de identidad.

63.- Es improcedente validar cualquier inscripción de un hecho o acto del Estado Civil que carece de firma y sello realizada a partir del 15 de mayo del 2004, fecha en que entro en vigencia la Ley del Registro Nacional de las Personas.

64.- Proceder a inscribir un nacimiento de Reposición por Omisión de Oficialía Civil Departamental o Seccional sin que el Registrador Civil Municipal receptor de esa resolución no haya emitido previamente la constancia de no estar inscrito (negativa) el nacimiento.

65.- Proceder a inscribir un nacimiento mediante resolución de Reposición de Oficio emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, o de la Oficialía Civil Departamental o Seccional sin que previamente haya realizado el Registrador Civil Municipal la solicitud de Reposición de Oficio.

66.- Proceder a elaborar una anotación marginal de Rectificación de oficio, adición de la inscripción de un hecho o acto del Estado Civil, cuando previamente no haya sido solicitado la rectificación ante la oficialía Civil Departamental o Seccional.

67.- Certificar las Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil en lápiz tinta color rojo, las inscripciones y certificaciones deben ser realizadas en lápiz tinta color negro.

68.- Realizar tramite relativos al proceso Registral e Identificaron ciudadana con exclusividad de un Partido Político, la anotación integral a los usuarios del Registro Nacional de las Personas, es por orden de llegada en el horario oficial de la Institución, sin limitaciones en cualquiera de los tramites que se realizan.

69.- Recibir ordenes en el Proceso Registral e Identificación ciudadana de las Autoridades Municipales que no tienen ninguna Jerarquía.

70.- Facilitar Tomos, Formularios del Proceso registral, Identificación ciudadana y actualizaciones domiciliarias a otro Registros Civiles Municipales sin la Previa autorización de las autoridades del Registro Nacional de las Personas.

71.- Constituyen una mala práctica Registral no remitir los tomos copiadores o duplicados y las comunicaciones de anotaciones marginales de los hechos y actos del Estado Civil al Departamento del Archivo Central del Registro Nacional de las Personas.

72.- Se debe remitir las comunicaciones de anotaciones marginales de los hechos y actos del Estado Civil, para elaborar las anotaciones marginales de cruce en los Registros Civiles Municipales donde corresponde realizar las anotaciones antes referidas.

73.- Realizar una Inscripción de Defunción mediante una comunicación de sentencia relativa a muerte presunta laboral emitida por la via judicial.

74.- Realizar una inscripción de nacimiento cuando se consigna la información relativa al padre cuando este no comparece y el declarante no presenta la tarjeta de identidad vigente de este ni la certificación de Matrimonio que acredita que el menor a inscribir nació en Matrimonio de sus padres y acredita o presentan otorgo documento de Identificación.

75.- Proceder a cancelar las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil mediante anotaciones Técnicas sustentadas o respaldadas en Dictámenes emitidos por los Departamentos del RNP., y no en resolución Administrativa o Comunicación de Sentencia Judicial o Testimonio de Escritura Pública.

76.- Habilitar libros de actas o cuadernos únicos para realizar inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil sin previa autorización del Directorio del Registro Nacional de las Personas.

77.- Autorizar a personas particulares a realizar actividades del Proceso Registral e Identificación ciudadana.

78.- Tomar las impresiones de huellas Dactilares en forma incorrecta a los ciudadanos que solicitan su tarjeta de identidad con el propósito de que no se le emita la tarjeta de identidad.

79.-Consignar en la solicitud de tarjeta de identidad por primera vez o solicitud de actualización domiciliaria electoral, datos contrarios a los proporcionados por el ciudadano en relación a la información del domicilio.

80.- Emitir Certificaciones de las Inscripciones relativas a los hechos y actos del Estado Civil, omitiendo datos contenidos en la Inscripción o las anotaciones Marginales que son obligatorios insertarse en las certificaciones.

81.- Dar por válida en la declaración Jurada de los testigos de los solicitantes de tarjeta de identidad mayores de 19 años, información falsa o inexistente.

82.- Realizar trámites de tarjeta de identidad a personas menores de 16 años de edad.

83.- Modificar la base de datos de la Inscripción de nacimiento de los datos del titular que es un menor de edad y sustituir o cambiar por información de una persona de 18 años en adelante para tramitar en forma irregular la tarjeta de identidad por primera vez.

84.- Dejar abierta la aplicación informática de la base de datos del Registro Civil en cualquiera de los módulos del sistema de Registro de los hechos y actos del Estado Civil, retirándose de su estación, sin cerrar la aplicación que accedido con clave de usuario, exponiéndose a que otro empleado acuse y al realizar modificaciones a la base de datos de acuerdo a la auditoria de informática se responsabilizara al empleado que se le ha asignado la clave de usuario.

85.- Facilitar su clave de usuario de las aplicaciones de la base de datos del Registro Civil a otros.

86.-Emitir constancias de información AdPerpetuam en relación a que un ciudadano inscrito en el Registro Civil Municipal es también conocido con otro nombre u apellidos que difieren a la Inscripción de Nacimiento.

87.- En los tramites de solicitudes de tarjeta de identidad de ciudadanos mayores de 19 años, bajo ninguna circunstancia el Registrador Civil Municipal ni el personal auxiliar deben facilitar o inducir que ciudadanos pueden servirle de testigo, cada solicitante deberá hacerse acompañar de un familiar o en su defecto de dos testigos.

88.- Omitir por parte del Registrador Civil los avisos para los tramites relativos a las Resoluciones emitidas por la oficialía Civil Departamental o Seccional relativo a los tramites de Rectificación, Adición, Subsanación o Reposición por Omisión de los hechos y actos del Estado Civil.

89.- Impedir a un menor de edad que pueda realizar en el Registro Civil Municipal la inscripción de nacimiento de su hijo.

90.- Entregar la tarjeta de identidad a personas que aun no han cumplido los 18 años de edad.

91.- Proceder a realizar una inscripción de Matrimonio que se celebro en un Municipio que no corresponde a la del Registro Civil Municipal.

92.- Realizar una inscripción de nacimiento de un menor de edad teniendo como respaldo documental un oficio de la autoridades Centrales o Registrales del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).

93.- Rechazar o negar a un ciudadano el trámite de su tarjeta de identidad por primera vez o Reposición, en virtud de no poder tomar las huellas dactilares en virtud de no tener los dedos de las manos de nacimiento (sin dactilar) o por amputación de ambos brazos.

94.- Ofrecer el Registrador Civil o el personal del Registro Civil Municipal, servicios de fotografía para el proceso de Identificación personal para el trámite de solicitud de tarjeta de identidad.

95.- Proceder a emitir una Certificación del Estado Civil haciendo constar una condición de su Estado Civil, que difiere al consignado en su inscripción de nacimiento.

96.- Consignar mediante nota Marginal en una inscripción de nacimiento una información “AD PERPETUAM” tomando como respaldo documental testimonio de Escritura Pública o por Comunicación de Sentencia Judicial, este trámite no tiene efecto Registral.

97.- Avalar trámites de solicitud de tarjeta de identidad realizado por particulares y remitir para que se proceda a emitir las tarjetas de identidad.

98.- Obligar a los usuarios del Registro Civil Municipal o dar colaboraciones económicas para la comprar de insunmo9s para el funcionamiento del Registro Civil.

99.- Inscribir Matrimonios que corresponden a contrayentes menores de edad, siendo la contrayente mujer menor de 16 años de edad y el contrayente varón menor de 18 años de edad, aun cuando se acredite la autorización de los padres de los menores de edad, se exceptúa si se trata de menores de edad que al momento de contraer matrimonio acreditar que convienen en Unión Libre y que han procreado hijos.

100.- Negar el trámite de solicitud de tarjeta de identidad por primera vez a un ciudadano que su inscripción de nacimiento fue ordenado por el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia, en virtud de encontrarse en riesgo social y no se le consigno la información de padres Biológicos por desconocerse quienes son, siendo el Tribunal quien en la Sentencia emitida por el Juez le consigno por lo menos un nombre y un apellido en virtud del interés superior del niño.

101.- Al realizar Certificaciones de los hechos o actos del Estado Civil emitir las notas marginales obligatorias que señala el artículo 122 del reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas.

102.- Validar mediante nota técnica de veracidad una anotación marginal que carece sin firma y sello sin tener los respaldos documentales que dieron origen a la anotación marginal.

103.- Validar mediante nota técnica una inscripción que carece de firma y sello y fue realizada a partir del 15 de mayo del 2004, fecha que entro en vigencia la ley actual del RNP.

104.- No dejar constancia u omitir al momento de emitir una certificación literal o extractada de inscripción de un hecho o acto del Estado Civil los datos contenidos en una inscripción que han sido adulterados.

105.- Adherir y Sellar fotografías a la Certificación de una Inscripción de Nacimiento.

106.- Utilizar copias fotostáticas de los formularios de las certificaciones de las inscripciones de los hechos y actos del Registro Civil, para emitir certificaciones.

107.- Firmar documentos en blanco de los que se utilizan para la emisión de documentos en el Registro Civil.

108.- Utilizar un tomo autorizado por la Dirección del RNP., para la inscripción de matrimonio para realizar inscripciones de formalización de Unión de Hecho.

109.- Utilizar un formulario de certificación de nacimiento para emitir una certificación de inscripción de una Naturalización.

110.- Inscribir una reposición de oficio de una inscripción de nacimiento en un tomo autorizados para realizar inscripciones de nacimiento.

111.- Inscribir una reposición por omisión de una inscripción de nacimiento ordenada por la oficialía Civil Departamental o Seccional en un Tomo autorizado para realizar reposición de oficio.

112.- Realizar una inscripción de Adopción en el Registro Civil Municipal donde se encuentra la Inscripción primaria del adoptado, cuando de acuerdo a la ley del RNP., la adopción se inscribirá en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

113.- Permitir que personas particulares realicen actividades Registrales y de Identificación ciudadana.

114.- Falsificar o Elaborar todos los documentos que conforman los medios de prueba que conforman el expediente administrativo para tramitar la Reposición por o Omisión o Rectificación de una inscripción de un hecho o acto del Estado Civil.

115.- Negar a un ciudadano la solicitud de actualización domiciliaria Electoral aun cuando este acredita estar inscrito su nacimiento en el Municipio donde realiza esta gestión o declara que reside en el mismo.

116.- Negar a los representantes de los Partidos Políticos o sus movimientos Internos legalmente constituidos la Información relativa a los ciudadanos que han solicitado la actualización de su domicilio Electoral.

117.- Imponer cobros a los miembros de los Partidos Políticos o Movimientos internos para realizar jornadas de Documentación o Registros Móviles a determinadas Aldeas, Barrios o Caseríos, donde el Registrador Civil Municipal tiene su Jurisdicción.

118.- Realizar trámites de Actualización Domiciliaria fuera de su Jurisdicción.

119.- Negar a realizar el trámite de solicitud de tarjeta de identidad motivado por razones Políticas, Religiosas o por Prejuicios Homofóbicos.

120.- Emitir certificaciones de las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil que no están firmadas y selladas y cuyas inscripciones fueron realizadas a partir del 15 de mayo del 2004, fecha en que entro en vigencia la ley del Registro Nacional de las Personas.

121.- Negar información a los ciudadanos, representantes de los Partidos Políticos o movimientos o Movimientos Internos Legalmente Constituidos relativo al Proceso de Identificación ciudadana y de las solicitudes de actualización domiciliaria Electoral.

122.- Negar una Inscripción de cualquier hecho o acto del Estado Civil en virtud que la información del compareciente o de la persona que corresponda la inscripción su información personal difiera de la que aparece en la base de Datos del Registro Civil o con el contenido de la información de la Inscripción de Nacimiento, xxxx Registrador Civil Municipal o Personal Auxiliar previo a realizar la Inscripción, está obligado a realizar las observaciones correspondientes para que el declarante o compareciente determine si considera oportuno realizar la inscripción.

123.- Exigir la presentación y declaración de dos testigos para realizar la inscripción de nacimiento cuando ya no se requiere de la declaración de dos testigos, en virtud que lo declarado por el compareciente se realiza bajo la solemnidad de una Declaración Jurada.

124.- Elaborar de manera anticipada la Declaración Jurada de Testigos y copias fotostática de tarjeta de identidad para anexarse a futuras solicitudes de tarjeta de identidad por primera vez para ciudadanos mayores de 19 años de edad.

125.- Firmar en Blanco constancias de no encontrarse la Inscripción de cualquier hecho o acto del Estado Civil (Constancia Negativa).

126.- Emitir una certificación de cualquier hecho o acto relativo al Estado Civil omitiendo la referencia de observación de los datos que aparecen adulterados y que se inserta en el espacio destinado para notas marginales de las Certificaciones de Inscripción.

127.- Permitir que un empleado del Registro Civil Municipal realice actividades de Identificación ciudadana en casas particulares con exclusividad para un grupo de ciudadanos afiliados a un determinado Partido Político.

128.- Borrar de la base de datos del Registro Civil de la Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil o trámites de solicitud de tarjeta de identidad.

129.- No aplicar la Calificación Registral a una Resolución emitida por la Oficialía Civil Departamental o Seccional en los casos que de acuerdo a la ley y Reglamento del RNP., no procedente.

130.- Emitir permisos o pases de cortesía para que un determinado sea atendido inmediatamente obviando la atención por orden de llegada motiva esta acción por amistad o filiación Política.

131.- Cobrar por la solicitud de tarjeta de identidad por reposición en el Periodo Temporal de gratuidad de la misma.

132.- Realizar anotaciones marginales de legitimación en las Inscripciones de nacimiento después del 15 de agosto de 1985, fecha en que entro en vigencia el código de Familia Vigente.

133.- Realizar una anotación marginal de reconocimiento de un hijo cuando de la documentación que constituye el respaldo documental deriven incongruencias o diferencia entre el nombre y apellidos de la madre que aparece consignada en la inscripción y los datos que aparecen en el Testimonio de Escritura Pública o Comunicación Judicial.

134.- Cuando ha detectado o verificado que los mismos contrayentes tienen inscrito el Matrimonio deberá notificar al Departamento de Registro y Oficialía Civil de esta situación irregular.

135.- Proceder a realizar una anotación marginal de Divorcio utilizando como respaldo documental una copia fotostática de comunicación de Sentencia de Divorcio sin que haya sido autenticado por Notario Público.

136.- Proceder a realizar una anotación Marginal de Rectificación de una Inscripción de un hecho o acta del Estado Civil que ha sido realizada mediante Testimonio de Escritura Pública sin que haya sido remitido el dictamen de si procede la Rectificación dicho documento que se le remite junto a la copia del Testimonio de Escritura Pública es emitida por el Secretario General del RNP.

137.- Realizar una Inscripción de Defunción de un hondureño ocurrido en el extranjero sin que los documentos que sirven de respaldo documental no están debidamente autenticados o apostillados y no se remita al Registrador Civil Municipal la resolución emitida por el Director General del RNP., donde ordena se proceda a realizar la inscripción.

138.- Realizar una Inscripción de Nacimiento consignándole al inscrito un nombre vulgar o que atente contra su dignidad.

139.- Emitir una Certificación relativa al Estado Civil haciendo constar que el titular de la inscripción es soltero, cuando en la inscripción de nacimiento consta mediante anotación marginal que tiene vínculo matrimonial con determinada persona natural.

140.- Llevar una constancia o contraseña de haber tramitado un ciudadano la tarjeta de identidad sin que este trámite no se haya realizado.

141.- Habilitar cuadernos únicos o libro de acta para realizar provisionalmente Inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil que no hayan sido autorizados por el Directorio del Registro Nacional.

142.- Negar a un menor de edad que comparezca a realizar la Inscripción de Nacimiento de su hijo.

143.- Rechazar sin ningún fundamento legal a un ciudadano la solicitud de una Inscripción amparado en el Decreto Temporal de Amnistía Vigente.

144.- Proceder a realizar una Inscripción de nacimiento por Reposición por Omisión ordenada por la Oficialía Civil Departamental o Seccional sin que previamente el Registrador Civil Municipal haya emitida la constancia de no estar inscrito.

145.- Exigir documentos que acrediten la vecindad o domicilio a los ciudadanos que soliciten ante el Registrador Civil Municipal la actualización domiciliaria cuando dicha solicitud tiene la calidad de la Declaración Jurada de quien la solicita y si no observa los requisitos establecidos en la ley electoral incurre en delito electoral.

146.- Realizar una Inscripción de adopción en otro Municipio que no corresponda al Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

147.- Realizar una inscripción de Matrimonio o formalización de Unión de Hecho que no ha sido formalizado en el Municipio donde se realiza la inscripción.

148.- Realizar una anotación marginal que genera una inscripción de un hecho o Acto del Estado Civil realizada en otro Municipio obviando como respaldo documental la remisión al Registro Civil que corresponda la comunicación de Anotación Marginal y tomando como respaldo documental una certificación de nacimiento o una copia fotostática del folio que contiene la Inscripción.

Enviado por:

Abogado Jorge Fernando Martinez Gabourel

Honduras Centro America

Introducción
Medio de comunicación
Medio de comunicación de masas
Los medios de comunicación y sus funciones como poder
Las masas como público
Lista de medios de comunicación de masas
Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (RESORTE)
Televisión de Venezuela
Medios comunitarios
Marco legal para los medios de comunicación
Conclusión
Bibliografía

Introducción

Los medios de comunicación pueden llegar a ser muy útiles para la sociedad si cumplen con los objetivos para lo que han sido previstos, pero muchas veces son medios, que están viciados, de la ideologización de una minoría, que es la que posee, el monopolio de la información, y de alguna forma, controla lo que las masas deberían saber, y oculta asuntos, de los que la población requiere estar informada.

El estado tiene el deber de velar por hacer cumplir las leyes concernientes a la labor de los medios de comunicación, para que estos cumplan con sus deberes sin violar los derechos de los ciudadanos a estar informados, y puedan garantizar que la información que le transmiten al pueblo, es información veraz.

Muchas veces los medios de comunicación, son empresas privadas, y se conducen en base a principios muy particulares, que no persiguen el bien común, sino más bien sus propios beneficios, y es precisamente en estas circunstancias, cuando se hace necesario la implantación de leyes, y sanciones que disciplinen tales acciones, lamentablemente como resultado de esto, muchas veces es la población la que resulta ser bombardeada por la información manipulada que tiene carácter de desestabilización social, y muchas veces cree todo lo que los medios de comunicación pretenden que esta población crea.

Por todos estos motivos, se hace muy interesante estudiar este tema, el cual ha sido estudiado a profundidad, para poder aumentar los conocimientos relacionados a esta materia.
Medio de comunicación

Con el término medio de comunicación (del latín medius), se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales.

PROPÓSITOS

El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc.

CARACTERÍSTICAS

Positivas. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito económico: quien posea el uso de los medios puede generar un determinado tipo de consciencia sobre una especie de producto, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el mundo.

Negativas. Las características negativas recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como sucede al generalizar personas o grupos).

CLASIFICACIÓN

Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pross (1972) ha separado estos en tres categorías, a partir de su grado técnico. En 1997 Manfred Faßler contribuyó con una nueva categoría, quedando así la siguiente clasificación:

Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro.

Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado del productor de contenidos. El receptor de la información no necesita ningún dispositivo para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, revistas, etc.

Medio terciario (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: Telegrafía, televisión, discos de música, etc.

Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la comunicación sincrónica como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor.

Medio de comunicación de masas

Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy utilizado directamente en inglés: mass media) son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público.

La finalidad de estos medios de comunicación es, según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y mediante la publicidad.

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo en sí.

La historia de los medios de comunicación está muy ligada al desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico de los últimos cien años ha llevado a poder ofrecer al gran público, a precios cada vez más bajos, una serie de productos relacionados con la comunicación. Los medios de comunicación de masas se usan en la publicidad y la propaganda política directa o indirecta.

Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el objetivo de gobiernos y empresas. Han ayudado de manera decisiva al proceso de globalización, puesto que permiten que cualquier persona pueda acceder a información de cualquier lugar en cualquier momento, y cada vez con mayor rapidez, por lo que han colaborado en la expansión y estandarización de los gustos culturales de la población mundial. Son objeto de estudio de disciplinas muy diversas, desde la sociología hasta la economía, pasando por el arte y la filosofía.

La idea de influencia implica la utilización, por parte del influenciador, de recursos suficientes para imponer su criterio y voluntad propia sobre el destinatario o influenciado. Se trata de un mecanismo, bien de refuerzo de actitudes, o bien de posibilidad de cambio de actitudes y comportamientos, lo que incluso puede afectar a los valores y creencias colectivas, de grupos reducidos o amplios (naciones).
Los medios de comunicación y sus funciones como poder

Las funciones atribuidas a los medios de comunicación de masas son:

Formar, o educar, es decir, tener contenidos específicos cuya finalidad sea la adquisición de conocimientos por parte del espectador.

La televisión educativa, especialmente los documentales de naturaleza.

Informar, dar a conocer todo aquello que pueda ser relevante para el público y éste deba conocer.

En muchos países el derecho a la información tiene rango constitucional, su titular es el público y su administrador los medios de comunicación, para lo cual los mismos textos constitucionales prevén que dispongan de la libertad de prensa, una de las ligadas a la libertad de expresión. Los límites de estos derechos y libertades suelen fijarse en que la información sea veraz y que no se inmiscuya en el derecho al honor o en la intimidad; aunque tales límites son imprecisos y son objeto de debate. De hecho, los medios de comunicación han pasado a considerarse el cuarto poder, junto con los tres poderes clásicos del constitucionalismo.

El control de su ejercicio por parte de los poderes estatales a veces es acusado de censura o de intentos de control. En la mayor parte de las democracias modernas se opta por la autorregulación de los propios medios (deontología profesional periodística), que únicamente se enfrentan a la responsabilidad penal o civil ante la justicia.

Por otra parte, la desinformación y la manipulación informativa son constantes desde los inicios de la prensa (la denominada prensa amarilla, amarillismo o sensacionalismo es una manifestación evidente, sin embargo pueden ejecutarse prácticas desinformativas y manipulativas en medios “no amarillistas”.

El empresario de los medios de comunicación siempre ha tenido en la defensa de sus intereses (económicos, sociales, de grupo de presión) su principal motivación, aparte del beneficio propio de cualquier actividad económica y del prestigio social que da el protagonismo de esta actividad en concreto; a estos intereses individuales, se suele habitualmente superponer la defensa de una ideología (política, religiosa o incluso estética). La motivación ideológica está presente (de forma más o menos abierta) en todos los medios, es la motivación definitoria y expresa de la denominada prensa de partido: institución propia del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que entró en crisis en la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente convertirse en marginal en casi todos los países, excepto en los regímenes de partido único. El que la publicidad sea el principal ingreso económico de los medios, los vincula a la economía general y a los puntos de vista e intereses de los grandes grupos económicos, entre los que también están los mismos grupos de comunicación.

Los medios de comunicación son también una forma de control, de dos tipos para E.A.Ross: coactivas y persuasivas.

Las coactivas tienen relación con prácticas sociales e instituciones denominadas propiamente de control por cuanto se apoyan en la fuerza directa: el sistema jurídico legal y policial; las fuerzas armadas, de propaganda y contrapropaganda.

Las formas persuasivas se relacionan con las prácticas de comunicación e información, tanto a nivel interpersonal como institucional y de difusión pública.

TELEVISIÓN

La televisión tiene una serie de características que le otorgan un importante grado de influencia. Pues la televisión en sí misma como diría Marshall McLuhan es más que medio mensaje. Por su expresividad, por la conjunción de imágenes y sonidos. Que acercan la realidad como no lo hace ningún otro medio.
Las masas como público

Algunos escritores consideran al gran público como algo mítico y poco realista. Robert O’Hara, por ejemplo, en su libro Media for the millions, llama al público masivo una de las grandes falacias de la comunicación de masas. En varios de sus libros Ayn Rand afirma que los miembros individuales del público son reales, pero los públicos masivos son irreales. A pesar de tal escepticismo, muchas personas consideran que el concepto de gran público tiene razón de ser y tal vez es la clase de público en que más se piensa cuando se habla de público masivo. Los miembros de este público general y amorfo no se sienten relacionados con otros miembros con los cuales tienen poco o nada en común. Entran en contacto con los medios de comunicación de una forma atomizada y personal sin tener una sensación de compañerismo con los demás.

VISIÓN DE LA PROPIA AUDIENCIA

Los medios suelen justificar su programación con la demanda de la audiencia, cuando ésta rara vez se produce explícitamente. Se mide el share que obtienen las programaciones, pero esto sólo sirve para saber qué nivel de aceptación tiene la programación que se ofrece a la audiencia (es decir, se trata de elegir entre lo que hay).

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO ENTRETENIMIENTO, O COMO PROGRAMACIÓN MENTAL

Aunque los medios de comunicación existen para informar, formar o entretener, son muchos los que discrepan y se oponen férreamente a la utilización de estos medios, debido (según ellos), mediante frases ocultas, o uso de palabras determinadas, e incluso programas, van modelando la mente humana, (puesto que la mente humana es susceptible a un condicionamiento mental si se repite desde una frase a imagen), programando la de una determinada manera.
Lista de medios de comunicación de masas

Prensa escrita, Radiodifusión, Televisión , Internet y Multimedia

Prensa escrita

El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario, o más comúnmente periódico), semanal (semanario o revista), mensual (caso de muchas revistas especializadas) o anual (anuario).

TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

Específicamente, el periódico es la publicación periódica que presenta noticias (crónicas, reportajes) y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se consideran la opinión del editor (o artículo editorial). Además, suele proporcionar información diversa a sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio o cultural (como programación de cine y teatro), de servicios públicos (como farmacias de guardia, horarios y líneas de transporte o cuestiones similares), y a veces incluye tiras de prensa y diversos tipos de pasatiempos.

Los periódicos generalistas se destinan al público en general, por lo cual su estilo es claro y conciso, y su contenido muy variado, pero siempre dividido en dos secciones generales: información y opinión, divididas a su vez en subsecciones: información nacional, internacional, local, sociedad, cultura, ciencia, salud, economía, deportes, agenda, anuncios, etcétera y, en el caso de la opinión, en: editorial, artículos de fondo, cartas al director, columnas, críticas (taurina, cinematográfica, televisiva, deportiva, teatral, musical), crónicas, humor gráfico, etc.

Radiocomunicación: La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, y que a su vez está caracterizado por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos.

Televisión: La palabra “televisión” es un híbrido de la voz griega “Tele” (distancia) y la latina “visio” (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente con una gran diversidad de programas.

Internet: Es un método de interconexión de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Multimedia: El término se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. De allí la expresión “multi-medios”. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc.

TIPOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales…

Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos.

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de movimiento.

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.

Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto.

HEGEMONÍA

Se denomina hegemonía al dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el mismo significado: un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y ejerce esa hegemonía sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen.

Desde un aspecto social, se entiende como «hegemonía cultural» – según se lee en la obra de Antonio Gramsci – la dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías que configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción, así como una restricción de la temática y el enfoque de las producciones y las publicaciones culturales.
Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (RESORTE)

El gobierno venezolano para 2005 anunció la implementación de la Ley RESORTE, en la cual se disponen medidas para regular las señales en Radio y Televisión, las mismas, están sujetas a transmitir mensajes oficiales gratuitos y establecer su programación en base a horarios categorizados según el público al quien esté dirigido, así como minimizar los contenidos considerados para adultos tales como violencia, sexualidad, etc. Los opositores al gobierno venezolano generalmente le llaman o llamaron la “ley mordaza”.
Televisión de Venezuela

La televisión en Venezuela es el principal medio de comunicación del país, llega al 95% de los hogares venezolanos. Para finales de 2006 el espacio radioeléctrico en VHF estaba ocupado en un 78% por el sector privado y un 22% por el sector público, mientras que en UHF el 82% de las estaciones eran privadas y el 18% públicas. El número de horas invertido por venezolano en medios de comunicación también es favorable para la televisión, la abierta ocupa el 46% de las horas y la televisión paga el 17%, mientras que el restante 36% es invertido en radio, prensa e Internet.

ACTUALIDAD

La televisión paga se ha logrado posicionar en el mercado televisivo venezolano llegando al 21,34% de los hogares en el primer trimestre de 2007, cuatro grandes empresas dominan este segmento, Intercable es la principal empresa con unos 430.000 afiliados (39%), seguido por DIRECTV con 400.000 suscriptores (36,5%), Net Uno 110.000 clientes (10%) y SuperCable con 105.000 afiliados (9,5%). El 13 de diciembre de 2006, el canal Tele SUR anuncia la adquisición del canal CMT, la cual se hace efectiva desde el 9 de febrero de 2007, cuando éste último desaparece dándole paso al primero.

El 28 de diciembre de 2006, el presidente Hugo Chávez anuncia la no renovación de la concesión a RCTV que vencía el 27 de mayo de 2007, por considerar que esta televisora había participado de manera directa en el Golpe de Estado de 2002 y por supuestas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cadena Venevisión le fue renovada la licencia para trasmitir por 5 años más pese a ser acusada años antes por el gobierno de Chávez de participar en el mismo golpe, sin embargo esta compañía dejó de emitir muchos de sus programas de opinión y moderó su información noticiosa lo que hizo que la oposición venezolana asegurara que la medida fue favorable para Venevisión por minimizar sus críticas hacia el gobierno.

El 28 de mayo tras el cese de trasmisiones de RCTV se suma otro nuevo canal de televisión del Estado la Televisora Venezolana Social, pero el gobierno venezolano asegura que no atenderá a ninguna parcialidad política. Recientemente, el canal Puma TV pasó a ser un canal de noticias con cobertura nacional llamándose Canal i.
Medios comunitarios

En la mayoría de los países desarrollados del mundo y de los pueblos sometidos y oprimidos por el neoliberalismo, el estímulo o existencia de los medios de comunicación alternativos es un dato inexistente. En cambio, la expansión de los medios alternativos y comunitarios audiovisuales en Venezuela se ha constituido en una propuesta válida para el mejor ejercicio de la libertad de expresión. Los medios de comunicación alternativos y comunitarios se esmeran en el diálogo con las comunidades populares en Venezuela.

Estos medios populares se convierten en un espacio propicio para la participación de diversos sectores y la publicación de informaciones normalmente excluidas del aparato comunicacional tradicional que en muchas ocasiones acostumbra a hacer invisibles a los pueblos. Para el profesor de la UCV y periodista Earle Herrera, la historia de los medios de comunicación alternativa y comunitaria es muy larga, pero antes de 1998 el Estado venezolano era indiferente ante este tipo de iniciativas.

Según Herrera, durante el golpe de Estado de abril de 2002, “los medios comerciales se convierten en la vanguardia de la conspiración que buscó romper el hilo constitucional”. “Los medios alternativos, comunitarios e independientes jugaron un papel fundamental como mecanismo de comunicación e información de los sectores populares. Cuando los medios comerciales declararon un silencio informativo, pudimos calibrar la extraordinaria importancia de los alternativos, porque fue gracias a ellos que Venezuela supo lo que estaba ocurriendo”, sentenció.

Herrera argumenta que en la Venezuela de hoy, “sin medios comunitarios no habría libertad de prensa. Es obvio que su presencia refleja la democratización de la comunicación en el país”. El sociólogo y director del periódico «Y ahora… noticias en paralelo», Miguel Ugas, sentenció que Venezuela, con la explosión de los medios alternativos, se aproxima a constituirse en un país de comunicadores, pero para ello hace falta activar mecanismos de educación, para lo cual el propone activar un sistema que ha denominado Misión Comunicación.

Venezuela es el único país del mundo en donde la comunicación alternativa está a favor del gobierno y complementariamente es el único gobierno que favorece a los medios alternativos.
Marco legal para los medios de comunicación

Un factor importante para la determinación del pluralismo, independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual realizan sus actividades. Los periodistas a menudo tienen la visión de que todo irá mejor, entre menos tengan que lidiar con la legislación. Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en que se desenvuelvan los periodistas esté enfocado a crear un ambiente en donde prevalezca el periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos que intervienen en su desempeño.

El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación deriva en primera instancia de la legislación internacional. Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las demás leyes. En su Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o impresas, a través del arte, o de cualquier otro medio de su preferencia.

Este es un tratado, el cual es cubierto por cualquier Estado hasta que es ratificado.

Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de medios. Ver Legislación Internacional y International Treaties on media and elections.

A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por leyes a distintos niveles:

La Constitución – ley suprema o básica del territorio (ver Protección Constitucional para la Libertad de los Medios de Comunicación).

Estatutos, aprobados por la legislatura (ver Estatutos que Afectan a los Medios de Comunicación).

Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria (ver Otros Instrumentos Estatutarios que Afectan a los Medios de Comunicación).

Conclusión

Los Medios de comunicación, son los instrumentos o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional, por lo general, se utiliza este nombre para referirse a los medios de comunicación masivos.

Entre los propósitos principales de los medios de comunicación están comunicar, informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc.

Los medios de comunicación tienen características positivas, y también presentas características negativas. Entre las características positivas podemos resaltar que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata.,

Los medios de comunicación deben cuidar de no tener Las características negativas que los conlleva a manipular la información y usarla para intereses propios de un grupo específico.

Los medios de comunicación pueden también, tener un efecto nocivo en las masas, ya que estos son también una forma de control, y este lo `pueden ejercer de dos maneras, por medio de fuerzas coactivas, o por medio de fuerzas persuasivas.

El control de su ejercicio por parte de los poderes estatales a veces es acusado de censura o de intentos de control. La motivación ideológica está presente en todos los medios. Los medios suelen justificar su programación con la demanda de la audiencia, cuando ésta rara vez se produce explícitamente.
Bibliografía

http://aceproject.org/main/espanol/me/meb05.htm

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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=HEGEMONICO

http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicacion

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http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n

http://html.rincondelvago.com/los-medios-masivos-de-comunicacion.html

http://html.rincondelvago.com/los-medios-masivos-de-comunicacion.html

http://vecam.org/article683.html

Autor:

Maria de los A.Pérez

Rechazos al premio Nobel
Premios Nobel totalmente polémicos
Farsa o sainete al mundo

Los 10 millones de coronas (un millón de euros) del Premio Nobel

Se han realizado múltiples objeciones considerándose a las calificaciones e incluso los mismos beneficiarios de estos tipos de homenaje; en unos que los mismos no fueron objetivamente estudiados y calificados, incluso aún los calificaron como: humillante, politizado, insultante y/o políticamente no aceptable, como: Nicholas Tesla, quién a pesar de sus necesidades lo rechazó, ya que a su juicio su integridad no tenía precio y no se cotizaba por el vil metal, Sartré lo calificó de politizado, Pasternak creyó humildemente no merecerlo, María Teresa Horta porque sería una humillación a una sociedad pauperizada, Lawrence Ferlinghetti por proceder de un estado de línea conservadora que restringe las libertades, Thomas Bernhard lo consideraba insultante, que sometía al destinado al estiercolero, Le Duc Tho comunista y que por sus principios socialistas no lo aceptaba.

En un estudio minucioso de Javier Rodríguez Marcos, hace un recuento literario, no solo de los premios Nobel, sino mucho más amplio de otros tipos de premio, resumidamente acorde a este detalle

En cuanto se conoce un ganador, la Academia pide nuevos candidatos a cerca de 700 personas e instituciones de todo el mundo. Así, 200 nombres pasan a ser objeto de estudio por parte del Comité Nobel, un grupo de cinco miembros encargado de reducir la lista a otros tantos autores. Son los que antes del verano quedan en manos de los 18 académicos -17 este año; hay una vacante, que deciden quién engrosa un palmarés que en 1901 inauguró el francés Sully Prudhomme.

La semana pasada, además, el propio Engdahl caldeó el ambiente con unas declaraciones en las que afirmaba que Europa, y Estados Unidos, sigue estando en el centro del universo.

Un capítulo más en una trayectoria de audacias, suspicacias y errores.

En El Premio Nobel de Literatura, Espmark ha resumido más de un siglo en casi 400 páginas llenas de grandes gestos y pequeñas miserias.

- Un testamento poco claro”. El del propio Alfred Nobel, que antes de morir en 1896 dictó una cláusula específica para el galardón de letras: que se concediera a quien hubiera producido “lo mejor en sentido ideal”. Los dolores de cabeza vinieron siempre de la palabra ideal.

De ahí también que la traducción que durante más de una década se manejó para ideal fuera Dios. Así, Tolstoi y Zola fueron descartados por heréticos y pesimistas. El “candidato casi perfecto”, dice Epsmark, era el británico Rudyard Kipling. Abanderado de la fe, las leyes y la disciplina, ganó en 1907.

La Segunda Guerra detuvo el premio durante cuatro años, pero marcó el momento de compensar a los innovadores: Gide, Eliot, Faulkner. Los setenta, entretanto, asentaron unos criterios de utilidad que duran hasta hoy; aparte de la calidad, que se presupone, el galardón debe señalar géneros literarios, idiomas o ámbitos culturales tradicionalmente postergados. Llegaba el Nobel global y se abría la puerta a Asia y África. Y a las mujeres, sólo 11 en 106 años de historia. Cinco de ellas en las últimas dos décadas. La más reciente, Doris Lessing, en 2007.

Lo han ganado historiadores: Theodor Mommsen, filósofos Bertrand Russell y hasta políticos Churchill. Eso sí, Freud fue rechazado por científico. En los años setenta, la Academia dejó por escrito que su premio no era al mejor escritor del mundo

- Los españoles. El cuarto Nobel de la historia fue, en 1904 para José Echegaray. Luego vendrían Benavente, Juan Ramón Jiménez, Aleixandre y Camilo José Cela, en Vicente Aleixandre se premió a la generación del 27 en el momento 1977, Sartre jugó en 1964 el papel contrario: rechazó el galardón, luego reclamó el dinero.

Espmark recuerda que a veces fueron decisivas traducciones hechas en edición de 18 ejemplares. Lo mismo que Pasternak 1958, Solzhenitsin 1970 o Brodsky en 1987 levantaron ampollas en la URSS, Gao Xingjian las levantó en China en 2000.

La Academia no responde a las quejas oficiales, con las decisiones del premio pasa como con los besos, no hay que pedir permiso antes ni disculpas después.

Rechazos al premio Nobel

- Jean Paul Sartre, quien en 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura. El gesto del filósofo respondió a su negativa a ser momificado o mitificado en vida con un premio que consideraba en extremo politizado.

- Boris Pasternak también está ligado al nombre de la Academia Sueca, aunque en distintas condiciones. El autor de “Doctor Zhivago” al saberse ganador del Nobel de Literatura de 1958 envió una carta de agradecimiento a Estocolmo. Considerando el significado que este premio ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazar este premio inmerecido que se me ha concedido.

- María Teresa Horta escritora portuguesa no quiso recibir el premio D. Dinis de las manos del primer ministro Passos Coelho, por considerarlo una persona empeñada en destruir su país, dados los altos índices de pobreza.

-Lawrence Ferlinghetti estadounidense, declinó el Premio Internacional de Poesía Janus Pannonius, dado que el premio está financiado parcialmente por el Gobierno húngaro actual, y dado que los principios de este Gobierno de derecha tienden hacia el autoritarismo y la consecuente restricción de la libertad de expresión y las libertades civiles.

Thomas Bernhard novelista y dramaturgo austriaco: Bien podría sonar una cita -escatológica-; he sentido siempre las concesiones de premios como la mayor humillación que cabe imaginar, no como una exaltación; porque un premio se lo entregan a uno siempre solo personas incompetentes, que quieren defecar en la cabeza de uno y que defecan abundantemente en la cabeza de uno si se acepta su premio.

Le Duc Tho Vietnam, 1911 – Hanói, 1990.fue un revolucionario, militar y político vietnamita, galardonado junto a Henry Kissinger con Premio Nobel de la Paz en 1973, premio que él se negó a aceptar. Nació el 14 de octubre de 1911 en la provincia vietnamita de Nam Ha con el nombre de Phan Dình Khi. En 1930 fue uno de los artífices de la fundación del Partido Comunista de Indochina. Por este motivo las fuerzas coloniales francesas lo aprisionaron desde 1930 hasta 1936, y otra vez entre 1939 y 1944. Desde su liberación ayudó al Viet Minh, movimiento vietnamita independentista contra los colonialistas franceses, hasta que los Acuerdos de Ginebra fueron firmados en 1954. A partir de aquel momento lideró el Politburó Lao Dong del Partido de los Trabajos de Vietnam, hoy Partido Comunista de Vietnam. Le Duc Tho, coordinó la insurrección comunista contra el gobierno del Vietnam del Sur la que comenzó en 1956.

Nikola Tesla.- ¿Qué causas puede tener una persona para rechazar un Premio Nobel? En 1915 Reuters informó desde Londres, extraoficialmente, que Nikola Tesla y Thomas Edison compartirían el Premio Nobel de Física de aquel año. Numerosos medios informativos de todo el mundo publicaron esta noticia como verdadera. Sin embargo, la distinción jamás fue recibida por ninguno de estos dos científicos. Nadie conoce la verdadera historia, pero muchos creen que Nikola Tesla se negó a aceptar el premio.

Tesla estaba muy necesitado de los $20.000 que hubiese recibido en caso de aceptar el premio. Su trabajo fue aprovechado por otros para generar fortunas; pero él vivió los últimos años de su vida en extrema pobreza y murió sin reconocimiento alguno. Si es verdad que Tesla rechazó el Premio Nobel, este hecho se debió a una cuestión de principios que lo precipitó a hacerlo. Desde la perspectiva de Tesla, Edison era un simple “inventor” que desarrolló varios dispositivos científicos muy útiles. El se consideraba a sí mismo un “descubridor” de nuevos principios científicos, y sólo incidentalmente, un inventor. Según Tesla, un descubridor sobrepasa en importancia a un invento; otros creen que fue Edison el que rechazó el premio, quizás era un modo de manifestar su enojo por la renuncia de Tesla a la Compañía Edison y su ingreso a Westinghouse, la empresa competidora; dos años más tarde, Tesla rechazó la Medalla Edison que le ofreció la AIEE (Instituto Americano de Ingenieros Electrónicos) por sus sorprendentes trabajos y aplicaciones relacionadas con el desarrollo de su teoría de corriente alterna.

Tesla demostró así su enfado por los treinta años que le demandó a la AIEE reconocer la importancia de su trabajo, además para el significaba un insulto recibir un premio de quienes se opusieron tenazmente a la adopción de sistemas de distribución de corriente alterna, y, según sus principios, no podía recibir una medalla con el nombre de alguien que le debía dinero por la solución de importantes problemas técnicos. Fue necesario que la AIEE insista y visite en demasía y ni siquiera acudió a la ceremonia de entrega.

Premios Nobel totalmente polémicos

-AÑO 1976. Milton Friedman es galardonado con el Premio Nobel de Economía, de manera algo prematura considerando que sus ideas serán directas responsables de precipitar al mundo hacia una catástrofe económica.

-Acidificado por BILL HISTORIAS-.

Milton Friedman, prominente economista de la llamada Escuela de Chicago, recibe el Premio Nobel de Economía “por sus triunfos en el campo del análisis del consumo, la historia y teoría monetaria, y por su demostración acerca de la complejidad de la estabilización política”. Bajo este escueto enunciado se esconden dos siniestras verdades, una que Friedman es uno de los mayores impulsores de la aberración de política económica que es el monetarismo por un lado “teoría monetaria”, y por el otro, el apoyo a “políticas de shock” implantadas incluso sin respeto por las normas elementales de la democracia.

En resumidas cuentas, el pensamiento de Milton Friedman gira en torno a la idea de que el estado es ineficiente a la hora de intervenir en economía, y por lo tanto, lo que corresponde es desregularizar todo, ya que la búsqueda de la equidad se contrapone al desarrollo económico. Si para esto es necesario administrar un tratamiento de shock bajo una dictadura militar, como lo ha recomendado durante su visita al Chile de Augusto Pinochet en 1975, entonces que así sea, en nombre del desarrollo económico. Friedman tampoco nunca se hará cargo de la cuestión de qué hacer cuando, en esa nueva ganada libertad económica, algunos tiburones consigan imponerse a los demás, y copando el mercado creando monopolios mediante fusiones que por su excesivo tamaño sean demasiado grandes para caer.

Las ideas de Friedman gustarán mucho a gentes que gobernarán para los ricos, como Augusto Pinochet en Chile, Ronald Reagan en Estados Unidos, o Margaret Tatcher en Inglaterra. En las dos décadas posteriores al Premio Nobel de Milton Friedman, y mientras éste aún se encuentre vivo, los economistas desarrollarán toda una serie de importantísimos estudios sobre las imperfecciones del mercado, que plantearán un profundo mentís a las ideas monetaristas, pero los políticos neoliberales que han recibido a Friedman con los brazos abiertos porque les parece muy convincente su propuesta económica que tanto les conviene, ahora que reciben otras propuestas económicas que les convienen menos, se mostrarán menos convencidos. El resultado final de la debacle de las ideas galardonadas en 1976, será la dantesca crisis económica del año 2008 y siguientes, provocada justamente por la supresión de regulaciones en el mercado financiero que ha permitido a varias corporaciones financieras crecer hasta un tamaño desmesurado, sin ninguna clase de responsabilidad social ni propia ni impuesta desde afuera. Las consecuencias las tendrá que pagar la clase media, y con sangre. El Premio Nobel de Milton Friedman, en definitiva, habrá sido un pequeño pasito en dirección a la creación de nada menos que el movimiento de los indignados.

-El presidente de EEUU Barack Obama, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2009, por apostar por un mundo libre de armamento nuclear y por su labor en la ONU.

Nobel de la Paz 2009 una farsa

Para Kristian Berg Harpviken, director del Instituto de Investigación para la Paz en Oslo (PRIO), es muy probable que el premio Nobel de la Paz vaya a una persona u organización comprometida en la resolución de conflictos que están empantanados; digamos muy comprometida.

¿Se merece Barack Obama el Premio Nobel de la Paz?

DEFINITIVAMENTE NO
Farsa o sainete al mundoPremio Nobel de la Paz 2009, entre bastidores por Thierry Meyssan

La atribución del premio Nobel de la Paz ha dado lugar a un concierto de elogios entre los dirigentes de la alianza atlántica, pero también suscita escepticismo a través del mundo; más que sumarse al debate sobre las razones que pudieran justificar a posteriori la sorprendente decisión, Thierry Meyssan expone la corrupción del Comité Nobel y los lazos que existen entre su presidente, Thorbjorn Jagland, y los colaboradores de Obama. A decir verdad, no se sabe qué resulta más sorprendente: la atribución de tan prestigiosa distinción a Barack Obama o la grotesca farsa que la acompaña, o quizás el método utilizado para corromper al jurado y desviar ese premio de su vocación inicial. Todo es parte de un mamotreto orquestado.

¡Buena suerte, Presidente Obama!

Obama es el cuarto presidente de Estados Unidos que recibe el Premio Nobel de la Paz. Esa recompensa fue asignada en 1906 a Theodore Roosevelt, el más expansionista de los mandatarios norteamericanos que construyó el imperio desalojando a España de las Filipinas, Cuba y Costa Rica. Asimismo, en 1919 se le otorgó a Woodrow Wilson cuyo pacifismo a ultranza desencadenó la 2ª guerra mundial y en 2002 a Jimmy Carter, que legitimó los movimientos terroristas en América Latina, entregando a El Salvador, Guatemala y a Nicaragua al marxismo más desenfrenado y revanchista.

Como se ve, el Nobel de la Paz hace rato que es una bufonada. Lo obtuvo Henry Kissinger, autor del plan Cóndor para exterminar a la subversión en Latinoamérica, por ejemplo. También extremistas de fuste se lo han ganado, como Menahem Begin, un criminal que asesinó a 91 personas (28 británicos, 41 árabes, 17 judíos y otros 5 de diferentes nacionalidades), cuando voló el Hotel King David, de Jerusalén, llegando a ser asimismo quien también lideró la masacre de Der Yassin Primer Ministro de Israel. Al mismo tiempo lo recibió otro terrorista, el palestino Yasser Arafat. Por otra parte fue otorgado a personajes cuestionados, como l defensor de la subversión argentina, , o la líder indigenista guatemalteca Rigoberta Menchú miembro del grupo subversivo Quiché-Maya y también defensora de los “derechos humanos” y del Foro de San Pablo, a partir de una autobiografía que luego se descubrió que era apócrifa. Por Thierry Meyssan-

Quién es Obama?

Primer presidente afroamericano en la Historia del país más influyente del mundo. La impresión de un sujeto que hace 150 años tenía más posibilidades de ser esclavo que Presidente, ha hecho que varios medios de comunicación realicen especiales en torno a su figura.

Obama al 28 de marzo 2011 diario El País – Pensamiento del Nobel de la Paz-

Como presidente dijo en una intervención en Fort McNair, en Washington: me niego a esperar a las imágenes de matanzas y fosas comunes antes de pasar a la acción.

Galardonado en 2009 con un premio Nobel de la Paz también polémico, Obama es objeto de críticas por haber enviado más soldados a Afganistán y por no haber cumplido con el cierre de la prisión que Estados Unidos administra en la cubana bahía de Guantánamo.

Nobel de la Paz 2012 – Para una Unión Europea en crisis

Oslo, AFP:12/10/2012.- El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso (izquierda), recibe un ramo de flores de parte del embajador noruego Atle Leikvoll después de conocerse que la Unión Europea (UE) ha sido galardonada con el Nobel de la Paz 2012, en Bruselas, Bélgica, hoy, viernes 12 de octubre de 2012. EFE

El premio Nobel de la Paz 2012 fue otorgado este viernes a la Unión Europea (UE), actualmente sacudida por una grave crisis económica, por haber extirpado las guerras y afianzado los derechos humanos. El Nobel de la Paz de este año, otorgado a la Unión Europea, pertenece a la moda de los premios un poco absurdos otorgados a organizaciones o instituciones demasiado grandes como para servir de ejemplo a nadie. Un día de estos darán el Nobel al islam y a la Iglesia católica conjuntamente, o tal vez al sol por calentarnos, a los pájaros por alegrarnos los oídos, a los árboles por proporcionarnos oxígeno; sea lo que sea, el Premio Nobel de la Paz sigue siendo por ahora una declaración política y no exclusivamente lírica, conviene valorarla en lo que vale.

El Nobel causa risa y decepción en Europa

La sede del bloque. La Unión Europea está viviendo su mayor crisis en 60 años de vida. La decisión del Comité noruego de otorgarle a la UE no fue del todo bien recibida por los mismos europeos; por un lado se alegraron, por otro se sorprendieron con malestar: La Unión Europea, cuando vive una crisis institucional, económica y social de la que pocos encuentran salida, ganó el Premio Nobel de la Paz 2012.

Thorbjoern Jagland, presidente del Comité Nobel, es uno de los pocos noruegos que impulsó el ingreso del país escandinavo a la Unión, pero sus aspiraciones se vieron frenadas en el referendo de 1994, 51% en contra y 49% a favor y que, según sondeos recientes, el 70% de los noruegos rechaza formar parte del bloque.

-Euroxpress-

Efe-14 agosto 2012 Costos y gastos en Tecnología Bélica.

Vuelo de prueba costó 140 millones. El 14 de agosto de 2012 el Departamento de Defensa de EE UU por el fallo en una aleta, ha informado una fuente del Pentágono. El WaveRider X-51A fue lanzado con éxito y se desprendió correctamente del bombardero B-52 al que estaba anclado; sin embargo tuvo un fallo a los 16 segundos en una aleta de control de crucero, es lamentable que un problema con este subsistema abortase rápidamente el vuelo antes de poder encender el motor ‘scramjet´, luego que empezará a funcionar aproximadamente después del Mach 4.5, y el vehículo acelerará a una velocidad de vuelo cercana a Mach 6 velocidades hipersónicas, todos nuestros datos mostraron que había condiciones adecuadas para el encendido del motor y estábamos muy esperanzados en poder cumplir con los objetivos de la prueba.

Charlie Brink, gerente del Programa de Investigación del X-51A del laboratorio de la Fuerza Aérea estadounidense

EEUU acaparó en 2011 el comercio mundial de armas con casi 80% de las ventas

Estados Unidos vendió en 2011 el mayor número de armas de su historia, generando 66.300 millones de dólares, lo que representó el 77,7% del mercado mundial, según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso -CRS, por sus siglas en inglés-

Las ventas de armas estadounidenses alcanzaron un “crecimiento extraordinario” en 2011 triplicando las cifras del año anterior, subraya el estudio.

En 2010 Washington obtuvo 21.100 millones de dólares en exportaciones de armas, es decir, el 48% del mercado mundial. – Terra.com – 27 de Agosto de 2012-

DEUTSCHE WELLE – Internacional | 21.04.2011

Exportación de armamento: “hipocresía” en la política exterior alemana

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Soldados del ejército de Muammar al Gadafi. El Gobierno alemán se negó a participar en la acción militar contra el líder libio Muammar al Gadafi. No obstante, vender armas a ambas partes del conflicto no parece ser un problema para Berlín.

Florecientes negocios

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Jürgen Grässlin, jefe de la ONG alemana Rüstungsinformationsbüro (Oficina de Información Armamentista) El investigador del SIPRI confirma que Alemania tiene un relativamente estricto control de las exportaciones, pero afirma que es innegable que el Gobierno ha hecho bastante para mantener satisfecha a su industria armamentista. En la década anterior, el monto de exportación se ha doblado, llegando a ser el tercer país exportador de armamento detrás de Estados Unidos y Rusia.

En este momento, Alemania tiene el 20 por ciento del mercado de armamento en los países en desarrollo, los más conflictivos actualmente. Según el informe anual de 2010 de la organización pacifista Bonn International Center for Conversion, con sede en la germana ciudad de Bonn, Alemania provee armas a 40 países cuyos índices de respeto a los derechos humanos fueron “cuestionables”. La mayoría de ellos están en Cercano Oriente, América Latina y el sureste asiático. Según Bromley, ésta es la nueva tendencia; lo restrictivo de sus ventas va quedando en el pasado. “Creo que Alemania ahora está más a la par con otros Estados europeos”, destacó.

Hipocresía y moralidad; La hipocresía ha sido descrita, junto con la falta de honestidad, como una característica que atrae particular oprobio en la edad moderna. Muchos sistemas de creencias condenan los comportamientos relacionados a la hipocresía.

En algunas traducciones del Libro de Job, la palabra hebrea chaneph es traducida como “hipócrita”, aunque en general significa “sin dios” o “profano”. En la Biblia cristiana, Jesús condena a los escribas y fariseos como hipócritas. En el texto budista Dhammapada, Gautama Buddha condena a un hombre que tomó la apariencia de un asceta. En la religión Islam, el Qur’an critica a los munafiq – aquellos que manifiestan ser creyentes y pacificadores pero que no lo son.

Falacia común, es una falacia común acusar a alguien de ser hipócrita a fin de desestimar un argumento. Esto puede ser conocido como un argumento ad hominem.

Problemas teóricos, muchas teorías sobre la hipocresía han sido propuestas. El conflicto causado por la contradicción puede finalizar distintamente.

En los estudios organizacionales, teorizadores como Nils Brunsson han discutido sobre la paradoja de la moralidad de la hipocresía. Brunsson razona que, a pesar de las reacciones sociales convencionales hacia ella, la hipocresía puede ser una guardia esencial contra el fanatismo, y puede ser beneficioso de valores y comportamiento moral.

En el campo de relaciones internacionales, estudiosos como Krasner han sugerido que la soberanía, específicamente causada por la Paz de Westfalia, reafirmó el principio cuius regio, eius religio, es decir, que la fe del líder se convirtió en la denominación oficial de su estado. Krasner llama a esto un sistema de hipocresía organizada.

Algunos teorizadores de negocios han estudiado la utilidad de la hipocresía, y algunos han sugerido que los conflictos manifestados como hipocresía son una parte necesaria o benéfica del comportamiento humano y de la sociedad.

-Doble discurso = hipocresía – argumenta

Wiki pedía, la enciclopedia libre = Hipocresía

Autor:

Luis Suarez

La América Latina cuenta con muchos hombres valiosos que han consagrado sus vidas a la causa de la independencia, ya sea luchando contra el dominio colonial español o contra todas las formas de dominio imperial, dígase en los últimos siglos el imperialismo norteamericano.

Las raíces de estos sentimientos se encuentran en dos hombres de talla universal: Simón Bolívar y José Martí, que vivieron en los siglos XVIII y XIX respectivamente.

La idea de crear una confederación latinoamericana estuvo vinculada en su origen con la lucha por la libertad e independencia de las antiguas colonias españolas en el siglo XIX. Simón Bolívar el prócer de la independencia de América del Sur planteó crearla para luchar juntos contra las amenazas comunes. Para Bolívar era indispensable que las repúblicas latinoamericanas se organizaran y establecieran una forma de colaboración entre sus pueblos, asegurando la no recolonización europea o una nueva colonización por parte de los Estados Unidos.

En 1813, escribió lo siguiente, en una carta al patriota colombiano Nariño donde le comentaba que si todos se unían en una misma masa de nación y si se eliminaba el fomento de los disturbios, se consolidaba más las fuerzas y se proporcionaba la recíproca cooperación de los pueblos para sostener la causa natural. La división nos haría más débiles y menos respetados de enemigos. La unión nos haría formidables a todos.

Para Bolívar, una confederación latinoamericana debería servir tanto contra las amenazas de afuera como también para solucionar las diferencias entre los propios pueblos.

En su “Convocatoria del Congreso de Panamá” de 1824, Bolívar explicaba su visión: “(…) una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado que nos sirviese de consejo en grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias”[1].

Otro objetivo importante de la necesaria formación de una unión de las repúblicas latinoamericanas era su papel en la política internacional pues las nuevas repúblicas aspiraban a ser reconocidas y aceptadas por las potencias mundiales, y Bolívar opinó que esto sería más fácil si fueran “una grande nación”. Soñaba que la “gran patria americana” podría jugar un papel muy importante en el mundo y competiría con las demás potencias mundiales. En su Carta de Jamaica de 1815, manifestaba su sueño: “¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojala que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo”[2].

Para el Libertador, la visión de una América Latina unida no implicaba el desconocimiento de las diferentes repúblicas de la región. En dicha Carta de Jamaica, reconoció que podían nacer varios estados “independientes entre sí”, pero expresaba su deseo de que las repúblicas mantuvieran la conformación política total que le había dado la administración colonial española. Quería formar una alianza que fuera política, económica y militar, sin que esto significara la disolución de los gobiernos y repúblicas que conformaran la confederación. Por ello, explica en este mismo documento: … “Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formase;…”[3].

Para hacer real su gran sueño de la unidad latinoamericana, Bolívar, el 7 de diciembre de 1824, dirigió una convocatoria a los gobiernos de Colombia la Grande, México, el Río La Plata, Chile y Guatemala (América Central) a fin de instalar una Asamblea de Plenipotenciarios en Panamá. Proyectaba una unión política como contrapeso a las grandes potencias europeas y los Estados Unidos. Para defender a este cuerpo político propuso crear una poderosa fuerza militar conjunta de sesenta mil soldados como clara advertencia a los demás potencias.

Aunque en esta época el mayor enemigo de las nuevas naciones seguía siendo España y la Santa Alianza de las potencias europeas, ya veía una amenaza potencial en los Estados Unidos que en 1823 habían enunciado las ideas fundamentales de la Doctrina Monroe en su frase característica “América para los americanos”. Bolívar escribió refiriéndose al vecino del Norte, en una carta al señor coronel Patrick Campbell, Encargado de Negocios de Inglaterra en Bogotá, desde Guayaquil el 5 de agosto de 1829: “… y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad…”[4]. El gobierno de John Quincy Adams proyectó su plan para evitar la formación de una confederación que limitara los intereses de los Estados Unidos.

Los resultados del Congreso Anfictiónico (o Congreso de Panamá) de 1826 fueron muy limitados y no cumplieron con las expectativas de Bolívar. Su recelo sobre una nueva colonización extranjera en caso de la desunión de hispanoamericana se realizó. Latinoamérica sólo cambió la dependencia de España por la dependencia de los Estados Unidos, que era lo que Bolívar había querido evitar.

No caben dudas que el pensamiento libertario y latinoamericanista de Simón Bolívar fue madurándose, desde sus famosas palabras pronunciadas en el Monte Sacro, hasta las que articuló momentos antes de su muerte. Por ejemplo se encuentran:

“… pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”[5].

“Amo la libertad de América más que mi gloria propia; y para conseguirla no he ahorrado sacrificios”[6].

“Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de neutra regeneración”[7].

“Unámonos y seremos invencibles”[8].

“Una sola debe ser la Patria de los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad”[9].

“Yo sé que cada república americana tiene pendiente la suerte del bien de los demás y el que sirve a una sirve a muchas”[10].

Bolívar se consideraba como un americano que cumplía con su deber y que estaba ligado a la causa de su país, como lo estaba a todo el territorio de América. Este sentimiento va a ser expresado con mayor amplitud mediante un análisis en la Carta de Jamaica, fechada en Kingston el 6 septiembre de 1815; en ella el Libertador anotaba: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”[11]. “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo”[12]. Era la revelación del papel que en la política universal le tocaría y le toca jugar, en la actualidad, al continente americano.

Bolívar acentúa su preocupación en el desarrollo de la política internacional, pues comprende cómo el curso de ella puede afectar al logro definitivo de la independencia del continente latinoamericano o bien favorecerlo. Igualmente comienza a mirar cuidadosamente hacia el Norte y a sacar conclusiones ante la dubitativa política de los gobernantes de Estados Unidos hacia la lucha que libraban los pueblos de nuestros países por alcanzar su libertad. No se escondía al Libertador la posibilidad de que el vecino del Norte en creciente poderío, quisiese, como en efecto lo quería, transformarse en el heredero de España en estos territorios, cuyo destino político hasta esos momentos era incierto. Numerosos indicios permitían a Bolívar suponer las ambiciones que el Norte y en Europa se estaban moviendo hacia este nuevo mundo que aún libraba su guerra de liberación, lo cual iba a ponerse cada vez de manifiesto en la medida que los triunfos patriotas acercaban un desenlace.

Las reservas y retardos para reconocer al Gobierno de Colombia; las maniobras encaminadas a obstaculizar la llegada de tropas y pertrechos que, procedentes de Europa y dirigidos a los ejércitos patriotas, ejecutaban barcos de guerra y mercantes estadounidenses, así como la entrega por las mismas naves de auxilios a los bloqueados ejércitos de España, eran hechos que indicaban cuál iba a ser la política futura de los grupos predominantes en Estados Unidos respecto a América Latina. Los incidentes significativos ocurridos en territorio venezolano, concretamente en Angostura durante el año 1818, provocados por barcos estadounidenses, determinan el cruce de varias cartas entre Bolívar y el agente norteamericano Irvine, obligando al Libertador a formular airados párrafos como el siguiente:

Angostura, agosto 20 de 1818, al señor B. Irvine, Agente de los Estados Unidos de la América del Norte cerca de la República de Venezuela.

Señor Agente:

… “Hablo de la conducta de los Estados Unidos del Norte con respecto a los independientes del Sur, y de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda especie de auxilios que pudiéramos procurarnos allí. Contra la lenidad de las leyes americanas se ha visto imponer una pena de diez años de prisión y diez mil pesos de multa, que equivale a la muerte, contra los virtuosos ciudadanos que quisieron proteger nuestra causa, la causa de la justicia y de la libertad, la causa de la América.

Si el libre comercio de los neutros para suministrar a ambas partes los medios de hacer la guerra, ¿por qué se prohíbe en el Norte? ¿Por qué a la prohibición se añade la severidad de la pena, sin ejemplo en los anales de la República del Norte? ¿No es declararse contra los independientes negarles lo que el derecho de neutralidad les permite exigir? La prohibición no debe entenderse sino directamente contra nosotros que éramos los únicos que necesitábamos protección. … El resultado de la prohibición de extraer armas y municiones califica claramente esta parcialidad. Los españoles que no la necesitaban las han adquirido fácilmente, al paso que las que venían para Venezuela se han detenido”[13].

Mientras esto ocurría, la política de los Estados Unidos se iba orientando hacia el aprovechamiento de condiciones internacionales que le permitiera adelantar la política de expansión hacia Latinoamérica.

Es por eso que la posición asumida por Bolívar, sus planes y anhelos de unidad continental y la incorporación, como pueblos libres de Hispanoamérica, de Cuba y Puerto Rico, encontraron oposición cerrada por parte de los gobernantes del Norte y de aquellas oligarquías locales que en estos países aspiraban ya la toma del poder, parcelando territorios, creando divisiones y procurando desde entonces aliarse y servir al gran vecino. Del enfrentamiento de Bolívar con semejantes fuerzas éste iba a salir vencido, pero el continente y sus pobladores, en particular los desposeídos; los patas en el suelo, iban a ser las víctimas.

Frente a los poderosos Estados Unidos, orgánicamente cohesionados; la América Latina se iba mostrar desunida y propicia para su desmantelamiento y explotación. Ese proceso en marcha lo halló Martí cuando inicia su vida política y su lucha. Y por eso comprendía, y así lo anotó: “Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos”. A esa tarea va a entregar su acción, su talento, su vida: ese amor a la patria intensamente sentido, que se extiende hacia toda América, la humanidad y los humildes. En su poema dramático «Abdala», escrito cuando solo contaba con 16 años, proclama el odio invencible a quien oprime a la patria y el rencor eterno a quien la ataca.

Su tránsito de revolucionario, político y poeta desterrado por América, intensificará en él su concepto de ciudadano continental y su profundo amor por todos aquellos, a quienes consideraba, sus hermanos y por la deslumbrante geografía de este mundo nuevo. Expresó: “Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”[14].

“Pueblos y no pueblos decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del Bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es América”[15].

… “¡los árboles han de ponerse en fila, para que no pase el gigantes de las siete leguas!”[16].

Como Bolívar y otros libertadores sabía Martí la importancia de ligar la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico al ideal de la unidad latinoamericana. Sabía también que a la independencia de esas islas y a sus vinculaciones posteriores al resto del Continente se opondrían, como ya lo hicieran en los países continentales, las oligarquías locales y la voracidad de los grupos predominantes en Estados Unidos, cuya política expansionista era conocida de Martí. Por eso insistía en señalar a sus compatriotas la actitud que se debía adoptar en el proceso revolucionario de liberación frente a los Estados Unidos. De allí que, con motivo de la celebración de la Primera Conferencia Panamericana dirigida y controlada por Washington, lanzará a Cuba y a América su alerta: “En ese congreso de naciones americanas, donde por grande e increíble desventura, son tal vez más los que se disponen a ayudar al Gobierno de los Estados Unidos a apoderarse de Cuba que los que comprenden que les va su tranquilidad y acaso lo real de su independencia en consentir que le quede la llave de la otra América en estas manos extrañas”[17].

Y al soñar con la integración de nuestra América proclama la necesidad de que ésta encuentre sus propias raíces y sobre ellas construya su genuina fisonomía, por eso en el ensayo Nuestra América” publicado en la Revista Ilustrada de New York, el 10 de enero de 1891, expresa: “La historia de América, desde los incas a acá ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. …Injértese nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas”[18].

Cuando José Martí vino por primera vez a Venezuela, en 1881, al llegar a Caracas convocado por un imperioso deber, sin quitarse el polvo del camino, se dirigió a la Plaza Principal, donde rindió su tributo a Bolívar, al gran padre de la libertad americana, cuyos pasos, obra y pensamiento él se disponía a continuar con firme voluntad y total desprendimiento.

Nacido Martí a mitad del siglo XIX, exactamente el 28 de enero de 1853, fue su maestro de primaria Rafael María de Mendive, quien supo infundir en él un profundo amor por Cuba, por los desposeídos y por la libertad; de él obtuvo información acerca de las guerras que por la independencia librara Bolívar. Los dolores y glorias de esas luchas, el eco de los triunfos, los alientos que de ella llegaban para animar a la juventud cubana, necesariamente obligaban al niño Martí a comparar la situación colonial que aún pesaba sobre Cuba, Puerto Rico, y a vez acercarse para nutrirse de cuanto hermoso, grande y heroico provenía de aquellas proezas y de su conductor genial, Simón Bolívar, quien comenzó a ser para Martí ejemplo, cantera y manantial ideológico revolucionario.

Confluyen en Martí, la América que libró combates no concluidos y la América que ha de continuarlos. Por eso pronuncia la frase: …pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho sin hacer está hasta hoy: ¡Porque Bolívar tiene que hacer en América todavía!”[19]. Se entregó a ese hacer, iniciando un nuevo ciclo de luchas políticas, sociales y culturales en América Latina, algunas de cuyas etapas se han cumplido y otras continúan avanzando por el camino de la historia bajo el signo luminoso que Bolívar y él señalaran. No caben dudas que la historia vincula en tiempo, espacio y acción revolucionaria a Bolívar y Martí.

Habitaban en Martí el aliento y los sueños de Bolívar, de levantar a América hacia la conciencia de su propia dignidad, hacerla volver los ojos a sí misma como tarea fundamental, y era necesario dentro de esa tarea enseñarle a mirar a Bolívar en su justa estatura de héroe muy nuestro. Martí lo hacía con la comprensión que era necesario apoyarnos en su ejemplo grandioso para continuar en América lo que quedaba por hacer. En el Periódico Patria, New York, el 4 de noviembre de 1893 publicaría el texto de su discurso pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamericana el 28 de octubre de 1893: “Pensar en él -dijo-, asomarse en su vida, leerle una arenga, verlo deshecho y jadeante en una carta de amores, es como sentirse orlado de oro el pensamiento. Su ardor fue el de nuestra redención, su lenguaje fue el de nuestra naturaleza, su cúspide fue la de nuestro continente: su caída para el corazón. Dícese Bolívar, y ya se ve delante el monte a que, más que la nieve, sirve el encapotado jinete de corona… ¡de Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño, y la tiranía descabezada a los pies…!”[20].

Y hasta el fin de su existencia habría de acompañar a Martí el ideario que lo Identificaba a Bolívar y a los mejores hombres de la liberación de América. Por eso, iniciada la guerra decisiva por la liberación de Cuba y ya en los campos donde se libraban batallas, escribe: “Pero aún puedo servir a este único corazón de nuestras repúblicas. Las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América, y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo”[21].

Y el día antes de su caída en combate, 18 de mayo de 1895, en Dos Ríos, escribe a Manuel Mercado su carta que ha quedado como testamento político: … “ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlos- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”[22].

Pero así como Martí comprendió la necesidad de ir adelante con la obra de Bolívar, otros han comprendido igualmente el deber de proseguir con esfuerzos y sacrificios la obra martiana revolucionaria en América Latina. Las ideas independentistas, de unidad y antimperialistas que vehementemente defendieron Bolívar y Martí marcan nuevas pautas en el continente americano, movilizando conciencia y forjando pueblos. Este pensamiento se hace palpable en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o ALBA, que es una propuesta de integración seguida por los países de América Latina y el Caribe la cual pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Verdaderos principios de unidad la sustentan, al concebirse como un proyecto regional y de amplio contenido político, en contraposición a la política neoliberal y de dominación que trata de imponer el imperio. Nacidos en tiempos diferentes, a Bolívar y Martí los une la dedicación por la gran empresa de independizar al continente y el anhelo integracionista, sueños que hoy siguen alentando a los movimientos populares y que germinan con la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

La profunda vigencia que tiene el pensamiento de Simón Bolívar y José Martí, se evidencian en las metas de integración de Bolívar, padre de la independencia, quien dijo: “Para nosotros la patria es América,…nuestra enseña, la independencia y la libertad”[23]; en la que también nosotros como impulsores de esta integración nos proponemos como Martí, cultivar rosas blancas para el amigo sincero que nos da su mano franca, porque de América somos hijos, a ella nos debemos.

¡Porque -como dijera Martí en el ensayo Nuestra América”, en 1891 con total vigencia en la actualidad- ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosos del mar, la semilla de la América nueva! [24]

BIBLIOGRAFÍA

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GÚSEV, VLADÍMIR. Simón Bolívar Horizontes de libertad. Editorial Progreso, Moscú, 1988.

KRANK, WALDO. Bolívar. Nacimiento de un mundo. Ediciones Huracán. Instituto del Libro. La Habana, 1969.

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ROMERO MARTÍNEZ, VINICIO. Las aventuras de Simón Bolívar. Autobiografía del libertador.

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Yo moriré como nací: desnudo. Pensamientos de Simón Bolívar. Misión Sucre. Yo sí puedo. Biblioteca Básica Temática. Caracas. Venezuela, 2003.

Autor:

Dra. C. María Del Carmen Varela Piloto

Msc. Bárbara Acevedo Pastrana

[1] Citado por Simón Bolívar. Documentos. Convocatoria del Congreso de Panamá, 1824.

[2] Citado en Simón Bolívar. Documentos. El destino de América se ha fijado irrevocablemente, pág. 73.

[3] Ídem, pág.73

[4] Citado en Simón Bolívar. Documentos. Para plagar la América de miserias a nombre de la libertad, pág. 314.

[5] Discurso pronunciado por Simón Bolívar en la Sociedad Patriótica. Caracas, 3 de julio de 1811.

[6] Carta enviada por simón Bolívar al Presidente de la Nueva Granada. Kingston, Jamaica, 27 de mayo de 1815.

[7] En Cartas a Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815.

[8] En Oficio a Manuel Cedeño, Barcelona, 10 de enero de 1817.

[9] A Juan Martín de Pueyrredón, Supremo Director de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Angostura, 12 de junio de 1818.

[10] En Comunicación oficial al consejo de Gobierno del Perú. La Magdalena (Perú), 27 de abril de 1826.

[11] En Simón Bolívar. Documentos. El destino de América se ha fijado irrevocablemente, pág. 67.

[12] Ídem, pág. 73.

[13] Citado en Simón Bolívar. Documentos. Hablo de la conducta de los Estados Unidos del Norte con respecto a los independientes del sur, pág. 93

[14] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Nuestra América, pág. 39.

[15] Ídem, pág. 39.

[16] Ídem, pág. 39.

[17] Citado en Conferencia Panamericana. José Martí, 1890.

[18] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Nuestra América, pág. 42.

[19] Discurso pronunciado por Martí en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, el 28 de octubre de 1893.

[20] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Hombres de América. Bolívar, pág. 142.

[21] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Testamento Político, pág. 368-369.

[22] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Testamento Político, pág. 372.

[23] Citado por Simón Bolívar. Documentos. Para nosotros la patria es la América, pág. 45.

[24] Citado en Política de Nuestra América. José Martí. Nuestra América, 47.

Introducción
Información
Trabajo desarrollado
Matrices de trabajo
Políticas de Estado

Introducción

“EL ACUERDO NACIONAL” es el titulo del trabajo aplicativo que se presenta a continuación, en el cual con un lenguaje claro y sencillo se trata de explicar coherentemente el fondo y la forma del titulo en cuestión.

Para lograr este propósito he tratado en un trabajo monográfico analizar básicamente los conceptos de los temas tratados y, en base solamente a este análisis dar a conocer lo importante que resulta su aplicabilidad en la vida diaria de nuestro país.

En este trabajo monográfico se han desarrollado los siguientes temas: “Información”, “Trabajo desarrollado”, “Matrices de trabajo”, “Políticas de estado”, en cada uno de los cuales se expone los aspectos básicos del trabajo realizado para la firma del “ACUERDO NACIONAL”.

Quiero concluir la presente introducción con una reflexión sobre el tema, la cual considero oportuna en estos momentos que atraviesa nuestra sociedad y, es que solamente lograremos salir del subdesarrollo y la pobreza en la que nos encontramos, si ponemos en practica todo aquello que este basado en los principios morales, los cuales serán los cimentos para una vida feliz y en armonía con nuestra propia conciencia.
Información

Posteriormente a la firma del Acuerdo Nacional el 22JUL02, se realizaron ocho sesiones plenarias del Foro del Acuerdo Nacional. De esta manera, quedó confirmada la férrea voluntad de los integrantes del Acuerdo Nacional de dar cumplimiento a las 29 Políticas de Estado como base para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro.

Dentro de este marco de compromiso compartido, el Foro del Acuerdo Nacional trabajó en torno a definir mecanismos operativos de seguimiento del Acuerdo. Para estos fines conformó el Comité Coordinador y cuatro Comisiones. El Comité Coordinador fue definido como la instancia permanente del Foro del Acuerdo Nacional encargada de coordinar con la Presidencia del Foro, con el Comité Técnico de alto Nivel, con las cuatro Comisiones y con la Secretaría de Coordinación Interinstitucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde está adscrito el Foro del Acuerdo Nacional. Se acordó que el Comité Coordinador estaría compuesto por cuatro miembros representantes de cada ámbito presente en el Foro: un representante de los partidos políticos, uno de las organizaciones sociales, uno del Gobierno y un miembro del Consejo Consultivo. Para el primer período, se acordó que Acción Popular representará a los partidos políticos, la Conferencia Episcopal Peruana a las organizaciones sociales, el Reverendo Padre Juan Julio Wicht al Consejo Consultivo y el Ministro de Educación, doctor Gerardo Ayzanoa del Carpio, al Gobierno. De igual manera se convino que estos cargos serán rotativos, con una periodicidad de tres meses, con la finalidad de que la responsabilidad del seguimiento y la promoción del cumplimiento del Acuerdo Nacional, no recaiga en individuos sino en instituciones.

Con referencia a las cuatro Comisiones, el Foro del Acuerdo Nacional decidió que cada una correspondería a los grandes objetivos del Acuerdo: Democracia y Estado de Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del País; y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Trabajo desarrollado

El primer encargo del Foro del Acuerdo Nacional recibido por estas Comisiones fue concluir, a la brevedad posible, la revisión de las matrices referidas a las 29 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Se retomó así el acuerdo establecido en el “Compromiso de Diálogo” de elaborar indicadores y metas precisas para la ejecución de las políticas, que permitan verificar el cumplimiento del Acuerdo Nacional.

Entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre del 2002, las cuatro Comisiones, con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros y el asesoramiento de expertos de los distintos sectores, realizaron 54 reuniones de trabajo. Una vez concluidas las matrices, un grupo de trabajo conformado por los miembros del Comité Técnico de Alto Nivel, expertos en desarrollo y metodólogos realizarán un análisis de consistencia y coherencia de las 29 matrices para su aprobación final por el Foro del Acuerdo Nacional.

Ratificando el compromiso de diálogo y concertación como valores intangibles del Acuerdo Nacional, y base para la construcción de una sociedad justa y democrática, el 17 de octubre de 2002, el Presidente de la República suscribió el Decreto Supremo N° 105-2002-PCM que institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo texto fue previamente consensuado con los miembros del Foro del Acuerdo Nacional.

En dicha norma se estableció que el Acuerdo Nacional es presidido por el Presidente de la República; y en su ausencia por el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo se señalaron como miembros del Foro del Acuerdo Nacional a las organizaciones que suscribieron el Acuerdo el 22 de julio de 2002.

El Decreto Supremo, a iniciativa del Presidente de la República, constituyó un Comité Técnico de Alto Nivel integrado por tres personalidades internacionales y tres nacionales. Las personalidades fueron designadas por Resolución Suprema N° 451-2002-PCM y son las siguientes: el ex – Canciller de Colombia, doctor Augusto Ramírez Ocampo; el ex – Canciller de Guatemala, doctor Eduardo Stein Barilla; el doctor Diego Achard, de Uruguay; el señor Rafael Roncagliolo Orbegoso; el señor Juan De la Puente Mejía; y el Reverendo Padre Juan Julio Wicht. Este Comité Técnico de Alto Nivel tiene como primera función, asignada por el Foro del Acuerdo Nacional, la presentación del plan de acción para el año 2003, que se aprobará por el Foro en el mes de diciembre.

En este punto, resulta de vital importancia resaltar el esfuerzo del Gobierno por iniciar la ejecución de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Al respecto debemos referirnos a los diez Proyectos de Ley que fueran enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República con el objetivo de erradicar la violencia y fortalecer el civismo y la seguridad ciudadana. Dicha iniciativa legislativa responde a la Sétima Política de Estado. En el mismo sentido debemos referirnos a la donación efectuada por el Banco Mundial a favor del Gobierno Peruano para la creación del Centro de Planeamiento Estratégico, que forma parte de la Quinta Política de Estado: “Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes.” Tampoco debemos olvidar las palabras del Presidente del Banco Mundial, señor James Wolfensohn, quien felicitó a los firmantes del Acuerdo Nacional y los alentó a seguir adelante, señalando que la fuerza de un país se encuentra en el consenso.

En cuanto a la difusión del Acuerdo Nacional, es necesario hacer mención al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Presidencia del Consejo de Ministros para divulgar el Acuerdo Nacional en el sistema educativo nacional peruano. En este convenio se establecieron como objetivos: capacitar a los profesores para una adecuada transmisión del contenido, principios y valores del Acuerdo Nacional; imprimir el texto del Acuerdo Nacional en los libros y cuadernos que distribuya el Ministerio de Educación; e incorporar el Acuerdo Nacional en los programas de alfabetización y educación de adultos. Se espera que con una correcta difusión a nuestros niños y jóvenes el Acuerdo Nacional viva en sus mentes y corazones por más de veinte años, consolidando así, una nueva generación que luche y defienda sus valores. En la línea de difusión del Acuerdo Nacional se preparará la suscripción de nuevos convenios.
Matrices de trabajo

Los representantes de las organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, sin perjuicio de sus legítimas diferencias, aprobaron un conjunto de políticas de Estado que constituyen un Acuerdo Nacional, a cuya ejecución se comprometieron. Las políticas que acordaron están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos:

• Democracia y Estado de Derecho

• Equidad y Justicia Social

• Competitividad del País

• Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

1. Democracia y Estado de Derecho

Viendo por conveniente que el Estado de Derecho y la democracia representativa son garantía del imperio de la justicia y de la vigencia de los derechos fundamentales, así como un aspecto esencial conducente a lograr la paz y el desarrollo del país. Se comprometieron a:

Garantizar el pleno y cabal ejercicio de los derechos constitucionales, la celebración de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, la alternancia en el poder y el imperio de la Constitución bajo el principio del equilibrio de poderes.

Promover la vigencia del sistema de partidos políticos en todo el territorio nacional, así como el pleno respeto a las minorías democráticamente elegidas.

Consolidar una nación peruana integrada, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural.

Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada.

Institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias, estableciendo mecanismos institucionalizados de concertación y control que garanticen la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas.

Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la firme adhesión del Perú a los Tratados, normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano.

1.7 Mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y salvaguarda de los intereses nacionales.

2. Equidad y Justicia Social

Con la convicción que el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del Estado. Se comprometieron también a:

Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, erradicando toda forma de inequidad y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos.

Promover la generación y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, mediante el incremento de la inversión, la producción y el desarrollo empresarial.

Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación pública y privada, rural y urbana, incorporando la certificación periódica de las instituciones educativas, el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial e incrementando el presupuesto del Sector Educación hasta alcanzar un monto equivalente al 6% del PBI.

Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la jubilación y la seguridad social, y fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado.

Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica entre los peruanos.

Propiciar el acceso de cada familia a una vivienda digna y a condiciones básicas para un desarrollo saludable en un ambiente de calidad y seguridad.

Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva.

3. Competitividad del País

Para lograr el desarrollo humano y solidario en el país, el Estado adoptará una política económica sustentada en los principios de la economía social de mercado, reafirmando su rol promotor, regulador, solidario y subsidiario en la actividad empresarial. Dentro de ese marco se comprometieron a:

Fomentar la competitividad y formalización de la actividad empresarial, especialmente de la pequeña y microempresa, y promover la inversión privada nacional y extranjera, así como la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como internacional.

Promover el planeamiento estratégico concertado, políticas de desarrollo sectorial y regional que fomenten el empleo, la formación de capital humano, la inversión, la producción y consumo de bienes nacionales y las exportaciones, en el marco de una política económica de equilibrio fiscal y monetario, y de una política tributaria que permita financiar adecuadamente el presupuesto para lo cual la base tributaria deberá ampliarse hasta alcanzar una recaudación no menor al 18% del PBI.

Promover la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura al sector privado, así como desarrollar la infraestructura que, junto a la inversión pública del Estado, dinamicen a todos los sectores de la actividad económica.

Fortalecer la capacidad de gestión y competencia del Estado y del sector privado, mediante el fomento a la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica.

Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

Con la decisión de consolidar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de las personas, como sujetos de derechos y obligaciones. Se comprometieron a:

Construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, que a nivel nacional, regional y local, atienda las demandas de la población, fomente la participación ciudadana y respete la autonomía de las organizaciones sociales.

Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de corrupción o de utilización proselitista del Estado.

Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la modernización de la administración pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

Garantizar una estructura de autonomías políticas, económicas y administrativas, basada en la descentralización del poder y de la economía, la transferencia gradual de las competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, una clara delimitación de funciones y competencias, así como del funcionamiento democrático e integrado del Estado a nivel nacional, regional y local.

Impulsar el desarrollo armónico y sostenido de todo el territorio nacional, promoviendo la descentralización de la inversión pública y privada, en un marco de estabilidad macroeconómica, monetaria y de equilibrio fiscal.

Finalmente, se comprometieron a establecer los mecanismos de seguimiento necesarios para institucionalizar el cumplimiento de las veintinueve políticas de estado del Acuerdo Nacional, mediante la convocatoria a reuniones periódicas nacionales y regionales del Acuerdo Nacional, el establecimiento de una secretaría técnica autónoma, la creación de una oficina estatal de apoyo y enlace, y su difusión permanente a la sociedad en su conjunto.

En testimonio de lo expuesto anteriormente el Acuerdo Nacional tiene carácter vinculante y quedo abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas y organizaciones sociales, comprometiéndose a observarlo y cumplirlo hasta el 28 de julio de 2021.
Políticas de Estado

1. Democracia y Estado de Derecho

Primera Política de Estado

Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho

Segunda Política de Estado

Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de Partidos

Tercera Política de Estado

Afirmación de la Identidad Nacional

Cuarta Política de Estado

Institucionalización del Diálogo y la Concertación

Quinta Política de Estado

Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes

Sexta Política de Estado

Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración

Sétima Política de Estado

Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana

Octava Política de Estado

Descentralización Política, Económica y Administrativa para Propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú

Novena Política de Estado

Política de Seguridad Nacional

2. Equidad y Justicia Social

Décima Política de Estado

Reducción de la Pobreza Relación de Políticas de Estado

Décimo Primera Política de Estado

Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación

Décimo Segunda Política de Estado

Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte

Décimo Tercera Política de Estado

Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social

Décimo Cuarta Política de Estado

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo

Décimo Quinta Política de Estado

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición

Décimo Sexta Política de Estado

Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

3. Competitividad del País

Décimo Sétima Política de Estado

Afirmación de la Economía Social de Mercado

Décimo Octava Política de Estado

Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica

Décimo Novena Política de Estado

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

Vigésima Política de Estado

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Vigésimo Primera Política de Estado

Desarrollo en Infraestructura y Vivienda Relación de Políticas de Estado

Vigésimo Segunda Política de Estado

Política de Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con Reciprocidad

Vigésimo Tercera Política de Estado

Política de Desarrollo Agrario y Rural

4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

Vigésimo Cuarta Política de Estado

Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

Vigésimo Quinta Política de Estado

Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la Democracia

Vigésimo Sexta Política de Estado

Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas

Vigésimo Sétima Política de Estado

rradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas

Vigésimo Octava Política de Estado

Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial

Vigésimo Novena Política de Estado

Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa

Con el deseo sincero de que todo los plasmado en este acuerdo sea el inicio de un futuro diferente concluyo el presente trabajo monográfico.

Autor:

Santiago Ramon Salazar Navarro

Comentario previo
Propuesta de transformación del Estado

Comentario previo

“los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Tesis 11 sobre Feuerbach, Carlos Marx, 1845).

Este llamado de Marx se refiere a dos aspectos fundamentalmente, por una parte, el de transformar la naturaleza para beneficio y preservación de la especie humana (desarrollo de las fuerzas productivas) y por otra, el de transformar la sociedad para una convivencia justa, equitativa y libre, emancipada de la dominación basada en el egoísmo, la explotación y la acumulación de riqueza.

“La historia, al igual que el conocimiento, no puede encontrar jamás su remate definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad; una sociedad perfecta, un “Estado” perfecto, son cosas que sólo pueden existir en la imaginación; por el contrario, todos los estadios históricos que se suceden no son más que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana, desde lo inferior a lo superior. Todas las fases son necesarias, y por tanto legítimas para la época y para las condiciones que las engendran; pero todas caducan y pierden su razón de ser, al surgir condiciones nuevas y superiores, que van madurado poco a poco en su propio seno; tiene que ceder el paso a otra fase más alta, a la que también le llegará, en su día, la hora de caducar y perecer”. (Ludwig Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana, Federico Engels, 1888)

Esta concepción del devenir del conocimiento y de la sociedad, nos permite no sólo entender su desarrollo y transformación a lo largo de la historia, sino también participar en ellos cuando el momento y las condiciones así nos lo exigen.

En la actualidad se puede apreciar tanto en México como en todo el mundo, un agotamiento de los gobiernos basados en la “competencia electoral” y el “equilibrio de poderes”, en donde el grupo o partido ganador puede con el 50% de la votación y el 60% de abstención establecer su dominio sobre el 100% de los ciudadanos, donde todo es legal y al mismo tiempo ilegítimo. Asimismo, en donde se sigue eligiendo a un Monarca llamado Presidente, que ha sido el representante máximo de la corrupción y la impunidad ante el cual se han inclinado y rendido los otros dos “poderes”

Las ideas que aquí se plantean, tiene la intención de promover “cambios radicales” y no “simples reformas” como las que se pretenden llevar a cabo. Dichas Ideas o tesis las podemos plantear en dos grandes apartados; Uno, que es el relativo el cambio de la estructura y funcionamiento del Estado, en donde el poder político estaría centrado en el Poder Legislativo o Parlamento, que es el representante máximo de la Voluntad Popular o de la Sociedad Civil (Soberanía), quedando los otros dos “poderes” subordinados a éste, en donde el primero fungiría como “MANDANTE” en esa nueva relación de poder del Estado Mexicano y los segundos como “MANDATARIOS” de la administración de la cosa pública y de la impartición de la justicia respectivamente; acompañado de la vigilancia y control de la acción gubernamental, tanto por la representación como por la misma Sociedad Civil. Y el otro, que consiste en la desaparición del “sistema de partidos” o de la competencia electoral que sólo ha servido para “vivir de la política” y para hacer mas antidemocrática la vida del ciudadano.
Propuesta de transformación del Estado

1.- El régimen “Presidencialista” que se tiene actualmente deberá ser sustituido por uno “Parlamentario”, toda vez que es la forma más democrática y avanzada de convivencia política, en donde la soberanía o voluntad popular se erige como el máximo poder del conjunto social.

2.- La denominación del “Poder Legislativo” deberá cambiarse por la de “Asamblea Nacional” o “Parlamento”, cuyos miembros serán los únicos que provengan del voto ciudadano, a efecto de dar cumplimiento pleno al principio de la democracia representativa.

3.- Bajo esta nueva concepción del poder soberano no se requerirá de una “Cámara de Senadores”, ya que hasta ahora su papel ha sido pasivo y en ocasiones obstaculizador del proceso legislativo, lo que ha limitando la voluntad popular depositada en los Diputados.

4.- La “Asamblea Nacional” o “Parlamento” por su propia naturaleza y jerarquía política, se deberá constituir en el “MANDANTE” de una relación contractual de “MANDATO” con los otros dos “poderes”, ya que bajo el nuevo régimen dejarán de serlo, para asumir el papel de “MANDATARIOS” frente a este y de “Servidores Públicos” ante la Sociedad Civil.

5.- El “Poder Ejecutivo” dejará de ser un cargo de elección popular, a fin de liberarnos de una vez y para siempre del abuso, la impunidad y la corrupción del presidencialismo que hemos padecido. Ahora la designación se haría mediante un contrato de “MANDATO”, en el que la soberanía (parlamento, congreso local o cabildo) funja como “MANDANTE” y el funcionario público como “MANDATARIO”, con lo cual se sustituirá el concepto de “Autoridad” por el de “Servidor”, cumpliéndose de esta manera con la máxima de “Mandar–Obedeciendo”.

6.- La administración de la cosa pública deberá estar a cargo de un Presidente para la gestión de los asuntos internos y en su caso designarse también a un Primer Ministro para los asuntos de política y de representación exterior.

7.- La forma de designación de los servidores públicos sería de la siguiente manera: en el caso del Presidente, Primer Ministro, Secretarios, Directores Generales de Organismos y Empresas Publicas, Gobernadores y Presidentes Municipales, la designación quedaría a cargo de la representación política de cada uno de los tres niveles de gobierno; utilizando el mecanismo de convocatoria publica abierta, a efecto de que cualquier ciudadano con experiencia en el servicio público que cubra el perfil requerido, concurse y sea seleccionado de una terna a través del voto directo de los miembros de la propia representación política. En cuanto a la designación del resto de los funcionarios de estructura, de Subsecretario a Jefe de Unidad Departamental, deberá ser también a través de convocatoria abierta, solo que la selección la harán los funcionarios de primer nivel ya designados en sus respectivos ámbitos de competencia.

8.- El “Poder Judicial” también será una autoridad delegada a los ministros de la corte como un mandato de impartición de justicia, el cual podrá ser revocado por la soberanía en caso de incumplimiento o violación de dicho mandato en perjuicio del país o de los ciudadanos.

9.- Al igual que en el ámbito de la administración pública, los magistrados de cada nivel de gobierno serán seleccionados mediante concurso y nombrados mediante contrato de mandato por la soberanía, a fin de que desempeñen su cargo de manera colegiada y con independencia absoluta para interpretar la ley, resolver controversias y otorgar protección a la ciudadanía contra los actos de gobierno que vulnere sus derechos.

10.- A efecto de mantener activa la participación política de la Sociedad Civil, se deberá establecer en los tres niveles de gobierno las figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular. Así como normar la organización y participación libre de la sociedad para evitar su corporativización.

11.- Para lograr una verdadera independencia de los órganos de vigilancia de la gestión publica y hacer más eficiente su funcionamiento, será necesario que todos estos dependan del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, en razón de que este es el representante de los intereses de toda la sociedad, particularmente del origen y destino de los recursos públicos.

12.- Si se toma a la fiscalización como el concepto genérico, veremos que esta se debe aplicar a los tres momentos del proceso gestionario; el primero en el “antes”, donde tendrá un carácter “preventivo”, es decir, el de advertir sobre que bases, reglas y formas se debe trabajar; el segundo en el “durante”, cuyo papel deberá ser “correctivo” o de control, en cuanto al cumplimiento de acciones programáticas (metas) o disposiciones normativas, lo que podría implicar observaciones y en su caso sanciones; y el tercero, en el “después”, donde su aplicación seria meramente “evaluativa”. Es decir, de examen de resultados o cumplimiento de objetivos, lo que podría implicar también en su caso el fincamiento de responsabilidades e incluso el juicio político.

13.- Bajo este enfoque, será necesario modificar la ley para redefinir los conceptos, los instrumentos y los momentos de la función de fiscalización, así como para hacer depender orgánica y funcionalmente del Órgano Superior de Fiscalización, los Órganos Internos de Control de todos los entes de los tres poderes. Como resultado de esta reubicación y reorganización, tendrán que desaparecer las atribuciones y funciones en la materia de la Secretaria de la Función Publica, así como las llamadas Contralorías Generales, las cuales solo han servido para solapar la ineficiencia y la corrupción de los funcionarios de alto nivel., así como obstaculizar la administración.

14.- Finalmente, bajo este nuevo enfoque del estado ya no se justifica la existencia de los partidos, toda vez que ahora la participación política de la sociedad seria verdaderamente democrática; esto es, “de abajo hacia arriba”, en donde el supremo poder soberano quedaría conformado por los mejores representantes de cada comunidad, sindicato, organización social etc. y no por grupos que buscan legitimarse a través del voto para imponer su voluntad (intereses) a toda la sociedad; ya que la democracia no debe entenderse como una lucha o competencia por el poder, sino como la expresión libre de voluntades, necesidades, inconformidades y aspiraciones de los ciudadanos, en un marco de igualdad y libertad que permita mediante el consenso, una convivencia civilizada y pacifica.

Recordemos que los partidos surgieron después de la revolución francesa con la emancipación política que dio libertad e igualdad a todos los ciudadanos, permitiendo que las clases existentes buscaran emanciparse o imponerse, a través del nuevo mecanismo jurídico – político del sufragio

En Inglaterra por ejemplo, su sistema de partidos lo componen básicamente el partido laborista y el partido conservador, expresión o resabio histórico de la lucha de clases; que al igual que la nobleza, se mantienen solo como figuras de un pasado político rebasado por la realidad; ya que ni los laboristas buscan acabar con la burguesía, ni los conservadores explotar a las masas, así como tampoco la nobleza reinar sobre sus súbditos de manera despótica.

En México como en otros países, los partidos más importantes solo expresan una ideología en sus principios, ya que en las propuestas y programas casi todos coinciden o hay una gran similitud, dado que estos se desarrollan en base a un diagnóstico de los problemas, necesidades y aspiraciones de la Sociedad Civil; otra característica de los partidos, son las diferencias que se dan entre la dirigencia, la militancia y los simpatizantes, en donde los primeros tienen como meta ubicarse en los espacios ganados; los segundos ser considerados en algún cargo menor y los terceros los mas desinteresados e idealistas, esperando que las promesas de campaña se cumplan para “todos”.

Como se puede ver, existen razones de sobra para cambiar estos mecanismos de “selección” y “elección”, que pretenden mediante procesos muy costosos “democratizar desde arriba” a la sociedad, cubriendo solo las formas de legitimación del gobierno, mas no la esencia de la democracia basada en la participación activa, libre y directa de los ciudadanos.

Autor:

José Francisco Albarrán Escobar