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El tipo imprudente

Características del tipo imprudente
Estructura del delito imprudente
Supuestos especiales ligados a los delitos imprudentes
Los delitos preterintencionales y los delitos cualificados por el resultado
La jurisprudencia nacional
CAPITULO II

Características del tipo imprudente
El tipo imprudente tiene una estructura típica similar al tipo doloso de acción, pero con diferencias cualitativas, con elementos propios, como la culpa, la naturaleza específica de la imputación objetiva y la indefinición del comportamiento. Por ello se dice que entre el delito doloso y el delito imprudente hay una diferencia en la antijuricidad.

Las formas de clasificación del tipo penal imprudente son las siguientes:

Por el contenido psicológico, se divide en culpa consciente y culpa inconsciente.

Por la clase de comportamiento, se divide en delitos imprudentes de acción o de omisión.

Esta clasificación permite la determinación de los elementos típicos del delito culposo, específicamente respecto a la falta de cuidado objetivo.

Los tipos omisivos se subdividen en omisión pura y comisión por omisión. Los tipos de omisión pura sólo son punibles cuando expresamente están tipificados, debido a que el ordenamiento nacional se adhiere a la tesis numerus clausus para esta modalidad omisiva. Por ello, en el caso nacional no existe ninguna modalidad de omisión pura culposa que el legislador haya previsto, siendo posible la existencia (a través del artículo 13° del Código Penal) de tipos culposos en comisión por omisión, en donde los tipos culposos tienen que estar expresamente previstos y permiten desde ese punto de partida su comisión omisiva.

En opinión del autor, los delitos imprudentes no son omisivos, en otras palabras, el contenido del tipo impudente está ligado a un comportamiento infractor de la norma de cuidado, mientras el comportamiento omisivo está vinculado a realizar una acción distinta a la exigida en la norma o en el tipo penal correspondiente.

Los delitos imprudentes previstos en el Código Penal Peruano adoptan una forma de materialización escrita ligada a la causalidad del tipo, ya que en los casos del homicidio culposo o las lesiones culposas se utiliza la frase “el que por culpa causa/ocasiona”, esto obliga juzgador a llenar de contenido el tipo y por ello a utilizar a la dogmática como una de las principales fuentes del Derecho para que de esta forma se aplique el injusto imprudente dentro de la racionalidad estructural de la teoría del delito.

En la doctrina y jurisprudencia nacional, el criterio clasificador que tiene mayor aceptación es el psicológico. Este criterio en teoría no conlleva ningún problema, en la práctica se halla un mayor grado de dificultad en su diferenciación, sobre todo si se compara con el dolo indirecto.

Se puede generalizar que en los delitos culposos con representación (culpa conciente), si la actitud del subjetiva del sujeto es la de persistir en la acción contando con la lesión del bien jurídico, estaremos frente a lo que en la doctrina se llama tradicionalmente dolo eventual.

En cambio, si la actitud subjetiva del sujeto es la de persistir en la acción confiando en que el resultado no se producirá, estaremos simplemente frente a una culpa conciente.

Pero esto no significa desconocer que en el aspecto subjetivo, según esta teoría, exista un componente volitivo (querer vulnerar la norma de cuidado pero no producir el resultado) y otro cognitivo (conocer la posibilidad de que la conducta representa una amenaza para los bienes jurídicos.

Asimismo, esta teoría ha introducido criterios normativos para una correcta interpretación del dolo y la culpa, pues en el peligro del dolo y en la decisión se toma en cuenta el resultado, se trata finalmente de parámetros normativos que para los supuestos de mayor culpabilidad llevar a calificar la conducta como dolosa.

El autor opina que el dolo y la culpa deben ser acreditados en los casos concretos sobre la base del empleo de deducciones lógico jurídicas y con ello se está introduciendo criterios normativos de valoración. Exigir la pura racionalidad del sujeto para entender el peligro del dolo, no puede ser tomada en consideración pues toda persona “racional” no habría siquiera creado un peligro para el bien jurídico o no continuaría el comportamiento conociendo el peligro, debido a que implicaría la confusión entre el peligro de dolo y el peligro de imprudencia.

En lo que respecta a la culpa conciente (con representación) esta se presenta cuando no se quiere causar la lesión, pero se advierte su posibilidad y sin embargo, se actúa. Por lo cual, el agente reconoce el peligro de la situación, pero confía, muchas veces por temeridad, en que no se producirá el resultado lesivo, ya sea por sus habilidades especiales, la experiencia, entre otros. Si el sujeto deja de confiar en la no producción del resultado, estaremos ante un dolo indirecto. Es por ello que esta modalidad de culpa era tradicionalmente entendida como culpa más grave, culpa lata o gruesa.

La culpa inconsciente (sin representación) supone en cambio, que no sólo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad, en otras palabras, el sujeto ni siquiera advierte el peligro que encierra su comportamiento, por ello, la mayor medida de desatención de los deberes de cuidado reside en los delitos cometidos por imprudencia inconsciente. De igual manera, en sentido tradicional esta modalidad de culpa era considerada más leve y estaba ligada a la inadvertencia y se le conocía como culpa levis.

Dentro del aspecto subjetivo del tipo imprudente, que el sujeto actúa siempre con plena conciencia (teoría cognitiva de los elementos subjetivos) o en su caso el sujeto actúa con absoluta conciencia y voluntad para los que siguen la teoría volitiva, pero nunca esa conciencia abarca el resultado tan sólo la contravención del cuidado que determinada norma exige.

En consecuencia, el tipo subjetivo del delito imprudente no constituye una modalidad atenuada del tipo subjetivo en el tipo doloso. No es una atenuación del dolo.

Jakobs realiza una crítica a la postura mayoritaria de la dogmática penal respecto a la clasificación del tipo imprudente.

Señala que en toda imprudencia, consciente o inconsciente falta el conocimiento de la realización del tipo. Que la división entre imprudencia consciente e inconsciente carece de sentido, porque no existe en la jurisprudencia comparada, no existe diferenciación entre imprudencia grave o temeraria e imprudencia leve o simple.

Asimismo, sostiene que el comportamiento es una acción fallida, un déficit de cuidado, que implica la vulneración del rol asignado al sujeto (insatisfacción de las expectativas normativas). Defina a la imprudencia como una forma de evitabilidad (previsibilidad) en la que no existe el conocimiento actual de lo que debe ser evitado.

Señala que en aquellos casos en que el infractor de una norma de cuidado se representa la realización del tipo como probable es más un caso de dolo eventual que de culpa consciente y sólo habrá imprudencia en aquellos casos en las que el autor ni siquiera se representa el peligro de su obrar.

La ventaja de esta posición es que desaparece en la práctica la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Con lo cual nos acercamos a la tesis del dolo compuesto sólo de conocimiento prescindiendo del aspecto volitivo.

De otro lado, es importante tener presente que el sujeto debe tener conocimiento de la situación de peligro. Esto implica que el conocimiento es trascendental en la valoración del riesgo y es determinante para valorar si dicho riesgo es doloso o imprudente. Teniendo en cuenta el grado de conocimiento del riesgo se puede determinar si el comportamiento es penalmente irrelevante, doloso o imprudente.

No debe considerarse como regla general que la culpa consciente supone mayor gravedad que la culpa inconsciente, porque esto dependerá de la norma de cuidado infraccionada. Recién cuando se conoce cuál es el deber objetivo de cuidado vulnerado en el caso concreto se puede determinar la gravedad de la infracción.

Siempre la imprudencia consciente constituye un supuesto de mayor merecimiento de pena (no de gravedad del comportamiento) porque el sujeto actúa con plena consciencia del peligro que representa un comportamiento para el bien jurídico, pero confiado en la no producción del resultado.

Nuestro legislador no ha incorporado muchos delitos imprudentes al texto penal, entendiendo que muchas de las infracciones de las normas de cuidado tienen una sanción establecida en distintas vías como el derecho administrativo.

Los tipos imprudentes establecidos son 14 y están referidos a la tutela de bienes jurídicos individuales como la vida y la integridad física, porque si se tipifican ilimitadamente tendríamos dificultades probatorias, y debemos tomar en cuenta que la sociedad del riesgo va imponiendo permisibilidad de nuevas formas de peligro.

CAPITULO III

Estructura del delito imprudente
1. Introducción

Roxin reconoce que el plano del tipo objetivo, la teoría de la imputación objetiva en los delitos dolosos no es sustancialmente distinta a la de la infracción del deber de cuidado en los delitos imprudentes.

En la dogmática penal moderna es importante establecer si la imprudencia contiene un tipo objetivo propio y por tanto opera con criterios de imputación específicos.

En la estructura típica de los delitos imprudentes es necesaria la presencia de las dos condiciones de la imputación objetiva: la creación o aumento de un riesgo jurídicamente desaprobado y que dicho riesgo se realice en el resultado. La teoría de la imputación objetiva desarrollada con todos sus aspectos para ser aplicable en los delitos dolosos, no es distinta de la que se debe utilizar en los delitos imprudentes, según mi parecer, en los delitos imprudentes la entidad del riesgo prohibido creado es ciertamente menor que la que se necesita para configurar objetivamente un delito doloso, debido a que es obvio que la direccionalidad del comportamiento del sujeto está enfocada al resultado lesivo y por ello se entiende que es directo en el delito doloso.

La diferencia en la estructura típica de los delitos imprudentes respecto de los dolosos se encuentra fundamentalmente en el tipo subjetivo, así se puede ver cuando se identifica que el dolo es considerado como conocimiento del potencial hecho, diferenciándose de la imprudencia en la que no se identifica un conocimiento absoluto de los elementos objetivos del tipo penal, sino tan solo la posibilidad de conocimiento pero no apunta al resultado típico, sino tan solo a la infracción de la norma de cuidado.

El contenido de la imprudencia es eminentemente normativo, para evitar de esta manera que primen criterios puramente psicologistas.

El elemento central del tipo imprudente es la culpa o la imprudencia, que es la falta de cuidado objetivo de la conducta humana, es por ello que se señala que se trata de un deber de cuidado que tiene como características ser objetivo y normativo. El contenido de la imprudencia desde el ámbito objetivo está vinculado al reconocimiento de la existencia de una sociedad en la cual los riesgos no son prohibidos, sino por el contrario se permiten y están regulados o parametrazos a través de la implementación de las normas extrapenales que cumplen la función de establecer los límites al ejercicio de comportamientos socialmente riesgosos.

No toda falta de cuidado da origen a un delito imprudente, sino solo aquella contemplada por el tipo penal; más aún si se tiene en cuenta que en los tipos culposos, sólo los tipos penales expresamente previstos como tales en la norma penal resultan punibles (artículo 12° del Código Penal). Se pude llegar a la conclusión que los delitos culposos son tipos abiertos porque están vinculados a las normas de cuidado.

Por el contrario, el principio de legalidad sustantivo (artículo II del Título Preliminar del Código Penal) no permite un concepto tan amplio de los tipos penales para que sean considerados abiertos. Lo que resulta incuestionable para la doctrina mayoritaria, es que en los delitos imprudentes el comportamiento típico se encuentra menos determinado con respecto a lo que se concibe en el delito doloso.

La estructura es la siguiente:

1. La parte objetiva del tipo supone la infracción de la norma de cuidado (desvalor de acción) que debe generar una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal (desvalor de resultado).

2. La parte subjetiva. El tipo imprudente requiere el elemento positivo de ser conciente de estar realizando la conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa conciente) o sin el (culpa inconciente) y el elemento negativo de no haber abarcado con la conciencia el resultado típico. El autor de un delito imprudente actúa de forma voluntaria, dirigiendo dicha voluntad tan solo a la realización de la acción contraria al cuidado debido.

El elemento subjetivo del tipo imprudente exige que el sujeto desconozca la materialidad del resultado a pesar de la peligrosidad de su conducta.

Para poder imputar el desconocimiento al lado de la cognoscibilidad resulta indispensable que exista un deber de evitar ese desconocimiento, y específicamente en el deber de cuidado interno, que exige como obligación para todo ciudadano el advertir los peligros inherentes a la vida en una sociedad en donde imperan los riesgos.

El legislador nacional no hace diferencia alguna en las modalidades de la culpa (consciente o inconsciente), por ello no hay distingos respecto a su cuanto punitivo, esta diferencia tiene un reconocimiento jurisprudencial y es utilizada como un criterio para determinar la pena en el caso concreto.

Existía una fórmula práctica que se utilizaba para determinar cuando se estaba ante culpa consciente y cuando se estaba ante dolo eventual. El sujeto que actuaba de forma ilícita, siendo predecible la producción del resultado típico, se le imputaba un delito a título de dolo eventual. Pero cuando el sujeto parte de una actuación dentro del riesgo permitido la atribución del hecho se hacía a título de culpa consciente.

El error de tipo en el delito doloso, que tiene como consecuencia la negación del dolo y el castigo por imprudencia en la medida que dicho comportamiento haya sido previsto de manera culposa por el legislador, conforme lo establece el artículo 14° del Código Penal. Se requiere también utilizar el criterio de exigibilidad, por el cual el comportamiento del sujeto en situación de error para que tenga relevancia penal como imprudente, debe vulnerar también una norma de cuidado.

En al ámbito nacional se señala que el tipo imprudente está vinculado al error de tipo vencible, pues cuando la imprudencia se sanciona se reconoce que se trata de un error insoportable para el ordenamiento jurídico, en la medida que dicho comportamiento imprudente evidencia un desinterés del sujeto frente a las lesiones que pueden sufrir terceras personas.

2. La parte objetiva del tipo imprudente.

La parte objetiva del tipo imprudente tiene tres elementos:

a) La infracción de la norma de cuidado.

b) El resultado típico.

c) La imputación objetiva

La ausencia de alguno de estos elementos tiene como consecuencia necesaria que el comportamiento se convierta en atípico, pues se trata de elementos copulativos necesarios, lo que exige su presencia total para la configuración del comportamiento culposo.

2.1. La infracción de la norma de cuidado.

El elemento más importante en el tipo imprudente lo constituye la infracción de la norma de cuidado, que es considerada la esencia de dicho tipo, como el fundamento de su existencia. Con el finalismo, se logra ubicar dentro de la estructura del tipo imprudente a la infracción de la norma de cuidado como el elemento preponderante y además como primer elemento dentro de la citada estructura del delito.

La norma de cuidado, como una norma de determinación, busca evitar que se lesionen los bienes jurídicos objeto de tutela en dichas normas, por un sujeto que tenía la posibilidad de prever y evitar la lesión a dichos bienes jurídicos, pues lo inevitable o imprevisible no es exigible a ninguna persona.

En la vida cotidiana actual se han asumido muchas situaciones y conductas de riesgo, pero a nadie se le ocurre prohibirlas, pero si establecer parámetros regulatorios para racionalizar el riesgo que implican y de paso reconocer que existen una serie de actividades dentro del ámbito de la vida en sociedad reguladas con mayor detalle, en las cuales el proceso deductivo de la norma de cuidado hipotéticamente infringida es mucho menor, cuando no se tiene una regulación detallada, ello va ser definido por el juez en cada caso.

Es por esto que el deber objetivo de cuidado se determina a partir de la previsibilidad objetiva, del comportamiento que va dirigido a una infraccionar la norma de cuidado que podría producir un resultado típicamente relevante.

Existe diferencia entre los conceptos de norma de cuidado y deber de cuidado.

Norma de cuidado es la norma penal que incorpora como punible el comportamiento imprudente, en los diversos tipos penales (es la norma que prohíbe matar de manera imprudente.

El Deber de cuidado, es aquel que está integrado por las reglas técnicas que se quebrantan en el caso concreto en que el autor realiza el comportamiento imprudente, no es una norma penal, sino que determina una de las modalidades de comportamiento correcto para que este no tenga relevancia jurídico penal.

El límite al riesgo está estructurado en las normas de cuidado, que a su vez exigen en el sujeto un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo.

a) El deber de cuidado interno

b) El deber de cuidado externo

b.1.) Deber de omitir acciones peligrosas

b.2.) Deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas

b.3.) Deber de información y preparación previa

a) El deber de cuidado interno

Es aquel inherente a la condición de ciudadano que tiene todo sujeto en la convivencia social que realiza. También se le denomina deber de previsión. Se trata de un deber ligado a la autoprotección de bienes que hace todo sujeto y a la consciencia de la creación o presencia de peligros producto de su conducta para los bienes jurídicos de terceros.

El deber de cuidado interno exige dos condiciones genéricas:

En primer lugar, resulta indispensable que el sujeto advierta el peligro, pero también debe tenerse en cuenta las condiciones personales (capacidad del autor) de ese sujeto para advertir que existe un peligro material y las condiciones circunstanciales de la respectiva situación.

En segundo lugar, nuevamente resulta de aplicación la teoría del riesgo. En una sociedad del riesgo como la actual, los riesgos deben estar reglamentados, normados y/o regulados, como sujeto social, debe ser absolutamente consciente de ello, y por ende se le exige ese deber de advertir el peligro. Algunos autores suelen denominar a este un deber de cuidado subjetivo.

b) El deber de cuidado externo

Es aquel que tiene una relación de antecedente – consecuente con el deber de cuidado interno, se exige en el sujeto un deber de comportarse adecuadamente a la entidad del peligro que previamente estaba obligado a advertir. Debe existir una coherencia de cuidado entre el comportamiento externo del sujeto y el peligro que el sujeto debió haber advertido (interno).

La vulneración de determinadas reglas técnicas de cuidado (de carácter general) no puede implicar la comisión del hecho típico, más bien se tratan de criterios de orientación que permiten determinar lo que era exigible como comportamiento precavido en cada caso concreto, por ello su incumplimiento no tiene inmediata relevancia penal.

El deber objetivo de cuidado suele ser la medida con la que se puede cuantificar la peligrosidad del comportamiento realizado. El deber de cuidado externo busca hacer un control planificado de los riesgos en la sociedad y por ello la función de las normas extrapenales, es dar pautas de comportamiento que no son en sí mismas el fundamento del tipo imprudente sino tan solo un punto de partida.

La vulneración de aquellos deberes objetivos de cuidado que están recogidos en reglamentos u otras formas normativas escritas, no genera una infracción penal. Esto se debe a que las funciones que cumplen los reglamentos de naturaleza extrapenal no tienen que ver necesariamente con la tutela de bienes jurídicos protegidos en la esfera del Derecho Penal, ya que tienen finalidades muy diversas que pasan desde buscar eficiencia o productividad hasta mantener un orden general, se debe notar que la vulneración del deber de cuidado de forma muy leve o insignificante no puede implicar necesariamente la comisión del tipo imprudente, sino muy por el contrario, la exclusión de la tipicidad, el caso del conductor que maneja el vehículo a una velocidad que supera en 1 Km/h la velocidad permitida, el resultado producido en este caso es altamente probable que igual se hubiera materializado si es que el conductor respetaba el límite de velocidad.

Este deber de cuidado externo tiene tres manifestaciones:

b.1.) Deber de omitir acciones peligrosas

b.2.) Deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas

b.3.) Deber de información y preparación previa

b.1.) Deber de omitir acciones peligrosas

Se trata de casos en donde el sujeto no está capacitado para la realización de la acción incluso existiendo una finalidad de utilidad social en la realización de dicha acción. Por ello, se exige tres requisitos genéricos para que el sujeto pueda emprender la acción: 1) imposibilidad de conseguir el fin buscado a través de una conducta no peligrosa, 2) que la conducta peligrosa tenga la apariencia de ex ante, de poder lograr los fines de utilidad social y 3) que el sujeto tenga la capacidad necesaria para realizar esa conducta peligrosa son porcentaje muy elevado de éxito.

Aquí es donde se ubican los supuestos de impericia profesional. Se trata de comportamientos en donde se adolece de una suficiente preparación técnica, indispensable para cierta actividad.

El profesional que actúa sin los conocimientos o cautelas indispensables en el ámbito del ejercicio de la profesión correspondiente vulnera el deber de omitir una acción que atente contra la norma de cuidado, habrá impericia profesional cuando el autor haya creado, con su comportamiento, un peligro que exceda los parámetros admisibles.

b.2.) Deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas

Las necesidades propias de la vida en la sociedad posmoderna reconocen la existencia de una serie de riesgos tolerados que son inherentes al desarrollo y evolución social. Es por ello que el peligro se convierte en algo cotidiano, siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos límites (riesgo permitido). Reconocida la situación de peligro, en todo momento en que realiza la acción peligrosa, el sujeto debe actuar de forma prudente, en la conducción de vehículos se exige al conductor que esté atento durante el ejercicio de esa actividad, para que el 100% de su atención esté dirigida a evitar que el peligro se trasforme en lesión de bienes jurídicos.

b.3.) Deber de información y preparación previa

Los riesgos asumidos en la vida cotidiana exigen que aquellas personas que realizan estos comportamientos peligrosos, antes de emprenderlos, deban tomar medidas externas de preparación e información.

El deber de información, en algunas circunstancias particulares, puede implicar el asumir las disposiciones jurídicas establecidas para la realización de determinada actividad, así como las otras normas propias de la actividad. Pero en el caso que no cuente con la información necesaria para realizar la actividad riesgosa, el sujeto debe abstenerse de emprender la acción. Por ello, la infracción del deber objetivo de cuidado no encuentra su fundamento en el solo hecho de incumplir estos deberes previos, sino en el hecho de realizar la acción sin la preparación o conocimientos necesarios para ello.

El caso de los médicos cirujanos que previamente a una intervención quirúrgica debe informarse sobre la situación del paciente (antecedentes, historia clínica del paciente, preguntas al paciente sobre su estado, análisis o pruebas médicas, entre otros) y sin el conocimiento de dicha información realizan el comportamiento, supone la trasgresión de las normas de cuidado. El médico que prescribe un medicamento con un compuesto químico innovador debe informarse al detalle respecto de los efectos del mismo antes de recomendar el producto. El caso de un conductor de un vehículo de trasporte público que no verifica el estado de todos los sistemas mecánicos antes de conducir y produce un resultado lesivo para los bienes jurídicos protegidos.

2.2. El Resultado típico

La infracción de la norma de cuidado tiene que ir aparejada de la producción de un resultado típico, esto es que se haya lesionado el bien jurídico objeto de protección o que se haya puesto al citado bien jurídico en una situación de peligro material (peligro concreto). Por ello, en opinión del autor el delito imprudente es un delito de resultado (lesión o peligro) pero no de mera actividad, pues siempre tiene que afectarse de forma efectiva el interés objeto de tutela jurídica. La función que cumple el resultado en el delito imprudente es lo que más cuestionamientos y discusiones dogmáticas ha generado. Desde una perspectiva funcionalista sistémica de carácter limitador o garantista, resulta indispensable el rol que desempeña el resultado en el delito imprudente a pesar de los cuestionamientos aludidos.

Se señala que los tipos imprudentes son producto del azar, pero incluso ello también se afirma que ello es así en los delitos dolosos, por lo que dicha crítica no sería particularmente aplicable a los tipos imprudentes. Pero en aras de evitar que todo comportamiento imprudente acabe penalizado sin que exista un resultado materializado, lo cual no solo lesionaría los presupuestos elementales de un Estado Democrático de Derecho, sino también haría la vida social insostenible, es necesario que el resultado en el tipo imprudente restrinja el ius puniendi del Estado para que no se sobre criminalice una serie de comportamientos socialmente adecuados, vinculados a riesgos que la vida social permite.

Por ello, el resultado en los delitos imprudentes cumple en alguna medida una función de selección de los comportamientos punibles, pues se entiende que la infracción de la norma de cuidado tuvo la entidad de peligro suficiente para lesionar el bien jurídico objeto de protección.

Por ello, resulta también inobjetable, desde una perspectiva principista, que la ausencia de resultado en el delito imprudente sea un supuesto de atipicidad, pues su presencia es necesaria para que todos los elementos del tipo objetivo queden configurados.

Debe quedar establecido de forma absoluta y sin cuestionamientos que el hecho realizado (resultado) haya sido causado por la infracción de la norma de cuidado debido y adicionalmente que el resultado mencionado pueda imputarse objetivamente al autor de dicha infracción normativa. De no ser muy rigurosos con esta exigencia se podría quebrantar el principio de culpabilidad.

En definitiva, la antijuricidad del delito culposo se presenta, muchas veces, antes que el delito doloso, pues el resultado en el delito imprudente es originado en la antijuricidad de la acción, a diferencia de lo sucedido en el delito doloso, en donde el resultado es una consecuencia de la antijuricidad de la acción, la misma que es objeto de la prohibición.

En definitiva, la acción y el resultado deben ser entendidos como una unidad y la exigencia del resultado funciona como una garantía de seguridad para los ciudadanos, pues hasta que la acción imprudente no genere un resultado lesivo para el bien jurídico objeto de tutela, el Derecho Penal no puede castigar el comportamiento. Por ello, ese resultado en el tipo imprudente permite delimitar claramente la frontera entre un hecho jurídico penalmente relevante y un hecho de naturaleza administrativa. Por lo tanto, la exigencia del resultado en el delito imprudente mantiene el balance necesario entre el desvalor de acción y el desvalor de resultado, pues el injusto se construye con la suma de ambos desvalores.

2.3. La imputación objetiva

La imputación objetiva exigida en los delitos culposos o imprudentes no es muy distinta de la que se exige en los delitos dolosos de acción. La imputación objetiva tiene que centrarse en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, para la presencia de este elemento se va exigir que:

1) el sujeto haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado con la infracción de la norma de cuidado y está relacionada con la imputación objetiva de la conducta.

2) Que este riesgo (no otro) se haya realizado en el resultado, la misma que está relacionada con la imputación objetiva del resultado.

En este orden de ideas, para que exista imputación objetiva de la conducta es necesario que dicha conducta sea peligrosa para el bien jurídico, lo que significa que en situaciones de disminución del riesgo, riesgo insignificante y riesgo socialmente adecuado no habrá imputación objetiva, generando que los comportamientos sean, en esos casos, absolutamente atípicos.

En primer lugar, hay que analizar la disminución del riesgo, que se entiende como aquellos supuestos en donde el sujeto actúa en una situación en la cual ya existe un riesgo creado por un factor distinto a su comportamiento que está dirigido a disminuir el riesgo, pero que causa un resultado lesivo. Ejemplo: Si sobre determinado sujeto se arroja un objeto muy pesado que le va impactar en la cabeza con un resultado muerte medianamente cognoscible y el sujeto que está a su lado (quien no ha arrojado el objeto) lo desvía y evita que le caiga en la cabeza, pero lo llega a caer en la pierna, produciéndole una fractura; ha actuado reduciendo el riesgo, que pasó de ser un riesgo sobre la vida a una lesión a la integridad física.

En segundo lugar, hay que analizar los supuestos de riesgo insignificante o mínimo riesgo, casos que también son conocidos como los supuestos de ausencia de determinado grado de riesgo, esto es, que el comportamiento desplegado por el sujeto no tiene la suficiente gravedad y entidad riesgosa para producir el resultado que se alcanza en el caso concreto, aún cuando no haya previsibilidad objetiva del resultado pero sí una intencionalidad manifiesta, pues de haberla, así el riesgo fuese mínimo, definitivamente en estos casos no se debe negar la imputación objetiva. Se trata de casos en donde el riesgo no alcanza la relevancia jurídico penal, pero desde una perspectiva cualitativa se reconoce que no se trata de un riesgo permitido, lo que resulta obvio es que adolece de la cantidad suficiente (aspecto cuantitativo) para tener relevancia penal.

En tercer lugar, se encuentran los supuestos de riesgo socialmente adecuado, estos casos están vinculados a aquellos comportamientos en donde se encuentra el riesgo permitido, pero hay que recalcar que no todos los casos de riesgo permitido implican adecuación social. Solo son socialmente adecuados aquellos riesgos que son inherentes a una determinada actividad que en sí misma sea socialmente adecuada, incluso se debe tener en cuenta que los riesgos imprevisibles son riesgos de la actividad, y por tanto permitidos. Como por ejemplo las actividades deportivas, la conducción de vehículos, manipulación de sustancias químicas y combustibles. También se debe tener en cuenta que en algunos casos la actividad respecto de la cual se aplica el riesgo permitido posee reglas propias que podrán utilizarse como punto inicial para verificar si se está ante un comportamiento socialmente adecuado.

De otro lado, ciertos ámbitos de una actividad peligrosa pueden adolecer de reglamentación, por ello no hay base jurídica alguna que establezca los parámetros del riesgo permitido y allí sin lugar a dudas que lo socialmente adecuado será el criterio que tendrá que tomarse en cuenta. La actividad de riesgo realizada dentro de los parámetros permitidos tenga una utilidad social, pues de lo contrario, esto es, en una actividad riesgosa que no tenga utilidad social, dicha conducta no estará permitida. El riesgo permitido no puede ser considerado una causa de justificación, pues las causas de justificación son tipos previstos expresamente por el legislador como supuestos de negación de la antijuricidad y por ello deben estar tipificados en la norma penal. Nuestro legislador ha hecho lo propio en el artículo 20° del Código Penal en donde ha previsto los cinco supuestos de justificación aceptados en nuestro ordenamiento penal (legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida, ejercicio regular de un derecho, cargo, profesión, consentimiento de la victima.

Por ello, el riesgo permitido no puede ser considerado una causa de justificación. El caso del médico que tiene que realizar una operación muy riesgosa en la cual vulnera una serie de normas de cuidado vinculadas a su actividad profesional para intentar salvar la vida de un paciente, no actúa dentro de los parámetros del riesgo permitido, sino ante una causa de justificación (estado de necesidad justificante). El riesgo permitido debe ser analizado en la imputación objetiva, pues la permisibilidad de la afectación a un bien jurídico debe ser abarcada por una causa de justificación, muy distinto a reconocer que el comportamiento del sujeto no ha creado un riesgo típico penalmente relevante.

Existe un supuesto particular que la dogmática penal denomina imprudencia por asunción, en donde el sujeto que es incapaz de mantener dentro de los límites de permisibilidad el riesgo ligado a determinada actividad, tiene por principio, la prohibición absoluta de asumir dicho comportamiento. Pero para ello, el autor debe estar, por lo menos, en la situación objetiva de darse cuenta de su falta de capacidad, sobre todo si se trata de actividades que requieren un especial rendimiento, formación, preparación, experiencia, etc. No obstante, si el sujeto no es capaz de darse cuenta de sus limitaciones, o de la disminución de sus capacidades, su comportamiento deviene en penalmente irrelevante. La norma de cuidado identifica ciertos riesgos que busca evitar y si el comportamiento infractor de dicha norma no está dentro de los alcances protectores de la misma, el comportamiento deviene en atípico por falta de imputación objetiva. Esta teoría del fin de protección de la norma, establece que sólo puede atribuírsele objetivamente al autor las consecuencias de su proceder transgresor de la norma de cuidado, las mismas que debieron haberse evitado según lo establecido en la finalidad y sentido de la mencionada norma de cuidado infringida.

En primer lugar, los supuestos de falta de previsibilidad exigen reconocer que el sujeto es un hombre promedio de la colectividad (con conocimientos propios y específicos que serán valorados en el caso concreto). Ello es así en el ya clásico ejemplo del suicida que se arroja debajo de las llantas del automóvil conducido a exceso de velocidad, en donde el conductor no puede prever que va arrojarse un suicida y además porque la norma de cuidado (que limita la velocidad a la que deben circular los vehículos) no está dirigida a proteger suicidas, razón por la cual dicho comportamiento está fuera del ámbito de tutela de la norma.

En segundo lugar, los casos de desvinculación entre el resultado y la infracción cometida exigen que en el caso concreto el resultado producido nada tenga que ver con la vulneración de la norma de cuidado. Una persona que conduce un vehículo motorizado sin tener licencia para ello ni tampoco la experiencia necesaria, pero la colisión con otro vehículo y las lesiones causadas se debieron a que el conductor del otro automóvil se pasó el semáforo en rojo.

En tercer lugar, el comportamiento alternativo correcto es aplicado en aquellos casos en donde aún cuando el sujeto hubiese actuado correctamente (como el deber de cuidado se lo exige), de igual manera el resultado se hubiese producido.

Un sujeto conduce un camión de carga y no respeta la distancia reglamentaria para adelantar a un ciclista, pero este último por estar en estado de ebriedad cae sobre las ruedas del citado vehículo. En este caso, solo si el incremento del riesgo es notable respecto del riesgo normal y se determinase con seguridad que la conducta adecuada del conductor del camión no hubiese producido el resultado, podría imputársele el resultado, de lo contrario, esto es, si aún cuando el conductor del camión de carga hubiese respetado la norma de cuidado e igual el resultado se hubiese producido su comportamiento sería atípico por falta de imputación objetiva.

3. Sobre el sistema numerus clausus

Resulta indiscutible a la lectura del artículo 12° del Código Penal que nuestro legislador ha optado por adherirse al sistema numerus clausus para el castigo de los delitos culposos, este sistema permite saber con mayor seguridad cuando es punible la imprudencia.

Los delitos dolosos deben ser tomados en consideración para identificar la parte objetiva de los delitos imprudentes, pues la estructura y requisitos objetivos generales no varían, lo único que cambia es la exigencia de la infracción de la norma de cuidado y el elemento subjetivo que es distinto. Este sistema supone una vinculación más estricta al principio de legalidad. Es destacable el efecto político-criminal generado con la adopción de la tesis de numerus clausus, permite al legislador seleccionar de forma más racional las conductas imprudentes que deben ser punibles, atendiendo al respeto del principio de mínima intervención del Derecho Penal.

No existe en nuestro código penal ninguna figura imprudente independiente que no cuente con su contraparte dolosa. El legislador peruano no hace una distinción expresa de las modalidades de imprudencia teniendo en cuenta su gravedad (culpa temeraria, grave y leve) ya que se inclina por el empleo de una fórmula bastante genérica como la redacción utilizada en casi todo los tipos imprudentes consistentes en la frase: “Si el hecho se causa por culpa”, en nada favorece la diferenciación de los grados de culpa (de la gravedad de la infracción de la norma de cuidado) que en legislación extranjera se especifica para una graduación más racional de la pena a imponer. Nuestros tribunales no han sido muy detallistas al respecto, pues no hacen referencia a la graduación de la infracción de la norma de cuidado y por ende se pasa por alto la necesidad de determinar ello en cada caso. Sólo deberían ser castigadas aquellas infracciones a las normas de cuidado de determinada gravedad.

4. Las definiciones de impericia y negligencia

La dogmática tradicional y gran parte de la jurisprudencia nacional siempre hicieron alusión a los vocablos impericia y negligencia para determinar el contenido del tipo penal imprudente, aún cuando se aceptaba que ambas hacían alusión al ámbito profesional, pero con significado diferente. La impericia aludía a la falta de preparación suficiente para el desempeño de una determinada profesión. La negligencia implicaba la infracción de deberes técnicos que solo se restringían al ejercicio profesional, comportamientos que estaban ligados a la vulneración de reglas técnicas de profesión reguladas dentro del deber genérico de diligencia y además también se le entendía como una falta en el actuar, a diferencia de la imprudencia que era considerada un exceso en el actuar del sujeto. En dogmática se está prefiriendo el empleo del término imprudente en vez de culposo, aún cuando se reconoce que son sinónimos, pero también permite una diferenciación más clara respecto de la culpabilidad.

En las decisiones jurisprudenciales la diferenciación de ambos términos no era muy clara, incluso se suele entender a la negligencia como una forma agravada de la imprudencia. La dogmática dejó atrás el empleo de estos vocablos porque no ofrecían una definición objetiva, por el contrario estas definiciones pasaban por el tamiz subjetivo de tener en cuenta el grado de experiencia del sujeto o su grado de conocimiento técnico.

CAPITULO IV

Supuestos especiales ligados a los delitos imprudentes
1. El consentimiento en los delitos imprudentes

Resulta ser un tema de mucha importancia práctica la aplicación de una causa de justificación en los delitos imprudentes. El consentimiento sólo puede abarcar el comportamiento peligroso realizado por un tercero, por lo que en el caso concreto hay consentimiento en el riesgo o en la puesta en peligro del bien jurídico pero no en el resultado lesivo que se produce.

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  • eSTRUCTURA DEL tipo imprudente

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